El que fuera alcalde de Alcorcón durante ocho años, Enrique Cascallana, ha visto como el Tribunal de Cuentas ponía más que en entredicho su gestión municipal: el informe que este lunes ha presentado el actual alcalde de la ciudad madrileña sólo deja resquicio a una duda: si se derivarán o no consecuencias penales de lo que en él se refleja.
El asunto no tendría mucho más alcance si no fuese por el extraño comportamiento del PSM de Tomás Gómez desde que Cascallana dejó la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2011: en lugar de alejarse de la desastrosa gestión del alcorconero, ya en la picota por proyectos como el CREAA, los socialistas madrileños lo han defendido a capa y espada y, de hecho, es diputado autonómico e incluso ha sido designado senador por la Comunidad de Madrid, obviamente, dentro del cupo de su partido.
Un análisis de la deuda local
El informe, cuyas líneas principales ya se anunciaron hace unos meses, ha sido aprobado por unanimidad, incluyendo el voto de los consejeros propuestos por el PSOE, y se refiere a las actuaciones de una serie de ayuntamientos a partir del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, publicado para que las entidades locales aliviasen sus deudas con empresas y proveedores.
También encontramos entre los ayuntamientos analizados, y tampoco con conclusiones muy favorables, al de Parla, del que Tomás Gómez fue alcalde hasta octubre del 2008. Pero hay muchos más: otros de Madrid como los de Móstoles, Aranjuez, Las Rozas o la propia capital; el de Jerez de la Frontera que pasa por ser uno de los más endeudados de España; e incluso capitales de provincia como Alicante.
El desastre de Alcorcón
El actual alcalde de Alcorcón, el popular David Pérez, ha destacado algunos aspectos especialmente llamativos del informe: en primer lugar que se confirma la cifra total de la deuda que dejó el PSM en Alcorcón: nada más y nada menos que 612 millones de euros.
Asimismo, se confirman otros aspectos especialmente llamativos, como el hecho de que el equipo municipal solicitó créditos por un valor de 44 millones de euros pese a estar advertido de que era ilegal hacerlo. Esta misma operación tiene una segunda faceta cuanto menos sorprendente: el Ministerio de Economía y Hacienda tuvo conocimiento de la operación un año después y no tomó ninguna medida al respecto, tal y como era su obligación.
Por otro lado, uno de estos créditos era lo que se denomina un "préstamo de legislatura" que, por tanto, debe cancelarse antes de que acabe ésta. Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno encontró una deuda vida de casi seis millones de euros en este préstamo.
Un último aspecto especialmente sangrante, y del que también se podrían derivar en su momento responsabilidades de todo tipo, es que el Tribunal de Cuentas considera que el equipo de gobierno de Cascallana se saltó en reiteradas ocasiones la prelación de pagos, es decir, la orden que establece la ley para ir satisfaciendo las deudas. Una cantidad significativa de estos pagos se concentraron, según ha denunciado este lunes David Pérez, en las semanas entre las elecciones y el día en el que el popular tomó posesión: "Incluso mientras yo estaba tomando posesión se estaban todavía haciendo pagos".
"No es mala gestión, es mala fe"
El alcalde de Alcorcón se ha mostrado especialmente crítico con el anterior primer edil, llegando a asegurar que "no solo hay mala gestión" en su labor de gobierno, sino que "hay mala fe", ya que se tomaron decisiones "conscientes de que lo estaban haciendo no era legal y podía perjudicar a terceros".
Además, ha destacado que "todo lo que habíamos dicho es cierto" tanto sobre el monto de la deuda como sobre las irregularidades contables, "pese a las negativas y los intentos de ridiculizarnos". Pérez y su concejal de Hacienda, Javier Rodríguez Luengo, han comentado también las consecuencias que esta "gestión vergonzosa y abusiva" han tenido para la ciudad: "De cada cuatro euros en el presupuesto más de uno es para pagar deudas, otros dos para el personal y algo menos de uno para desarrollar políticas municipales".
El equipo municipal alcorconero espera que la Fiscalía y la Abogacía del Estado actúen de oficio ante lo que, siempre según el informe del Tribunal de Cuentas, podrían ser comportamientos constitutivos de diferentes tipos de delitos. Asimismo, ha reclamado una repuesta política y la asunción de responsabilidades, "no sólo de los miembros de ese equipo de gobierno que siguen en política" y en especial de Enrique Cascallana, también esperan una reacción del PSM, porque "después de este informe no se puede seguir apoyando esto".