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La presión sobre Montoro

Recortar el gasto público significa meter mano de verdad, y de una vez por todas, a todo aquello que el Gobierno no quiere tocar.

Emilio J. González
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Hay problemas que o se solucionan en tiempos de crisis o no se resuelven nunca. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de pedir a la Unión Europea que permita a España suavizar el ritmo del ajuste presupuestario con el fin de no provocar más recesión. Por desgracia, si la UE cede, a España y a los españoles les aguarda un largo periodo de desempleo y miseria.

El gran problema económico de España es el desproporcionado tamaño de su sector público, especialmente del autonómico y local, que creció de forma explosiva en los años de la burbuja inmobiliaria gracias a unos ingresos fiscales con los que no se podrá volver a contar, y que solo sirve para dar cobijo a los amigos, parientes y correligionarios que no tienen otro medio de vida y a todo tipo de corruptelas y corrupciones. Para reducir el déficit presupuestario y devolver el equilibrio a las cuentas públicas es necesario, por tanto, someter a una dieta drástica de adelgazamiento a ese sector público tan obeso, lo que pasa, probablemente, por despedir a más de un millón de empleados en el mismo. Por supuesto, esta política provocará más recesión a corto plazo, porque ese millón de personas consumirá menos; pero es que el tamaño actual de lo público tiene el mismo efecto, porque obliga a subir los impuestos, lo que está ahogando a las familias y a las empresas. En cambio, la eliminación del déficit permitirá, por un lado, bajar los impuestos, de forma que los ciudadanos podrán consumir más y las empresas podrán invertir y generar empleo. Por otro lado, si desaparece el déficit, los recursos que absorbe se podrán destinar a financiar al sector privado, y a tipos de interés más bajos, porque también desaparecerá la prima de riesgo, todo lo cual reactivará la economía y el empleo. Es decir, al sacrificio le seguirá la recompensa.

Entonces, ¿por qué no lo hace el Gobierno? Pues porque, además de que el Ejecutivo teme que la gente se eche a la calle, recortar el gasto público significa meter mano de verdad, y de una vez por todas, a todo aquello que no quiere tocar, porque afecta directamente a los políticos. Nos recortan la sanidad y las pensiones, nos suben los impuestos, pero el número de asesores, o de coches oficiales, o de colocados a dedo en lo público, no se reduce, ni se cierra una sola televisión pública, por poner tan solo unos pocos ejemplos, y sin entrar en los temas de latrocinio y corrupción. Así no se podrán bajar los impuestos. Pero lo peor de todo es que si ahora no se fuerza a las autonomías y a los ayuntamientos a hacer los ajustes que tienen que hacer, y se espera a que se estabilice un poco la situación económica, esos ajustes nunca se llevarán a cabo, porque los políticos han demostrado hace tiempo que no tienen la menor conciencia de que la fiesta se ha terminado y no se puede seguir disparando con pólvora del rey, o, si la tienen, les importa un comino porque ellos no van más que a lo suyo. No hay más que ver que de la tan cacareada reducción del número de empresas públicas que anunció el Gobierno nada más tomar el poder no se ha vuelto a saber nada, ni tan siquiera de la comisión creada para estudiar el asunto, que, por lo que estamos viendo, para lo único que sirve es para que, al final, no se haga nada. Si la UE, encima, levanta la presión sobre el Gobierno, entonces sí que se acabó cualquier esperanza de reforma, con todo lo que ello implica.

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