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Un año de reforma laboral

El empleador empieza a ver en la norma laboral española no un enemigo sino un aliado para el desarrollo de su organización.

Francisco Aranda
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Estos días se cumple el primer año de la primera reforma laboral que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Rajoy. A mi juicio, la legislación hay que valorarla técnicamente, es decir, por sus resultados reales y no atendiendo a la ideología de su creador. En este sentido, también es cierto que un año no es nada para analizar con profundidad los resultados de una reforma del enorme calado que tiene ésta, pero sí se pueden detectar sus primeros resultados.

Ateniendo a estos efectos, se puede afirmar que la reforma de Báñez ha avanzado por una senda positiva porque, a pesar de que nuestro mercado de trabajo continúa desangrándose de forma grave, se ha conseguido frenar ligeramente la máquina de creación de parados. Hemos seguido asistiendo a la destrucción de empleos, pero la intensidad se ha ido reduciendo. El cambio principal que se está produciendo en nuestras relaciones laborales es la introducción de modificaciones en las condiciones de trabajo, lo cual está permitiendo a las empresas adaptarse a las situaciones cambiantes de los mercados donde operan, antes que optar por el despido. Es decir, se han introducido medidas de flexibilidad interna sin las cuales el desempleo hubiera crecido aún más.

Los acuerdos y convenios que vienen firmándose últimamente evidencian que se empieza ya a asumir por parte de los sindicatos la variabilidad de las condiciones de trabajo en función de la marcha de la empresa o del sector. Esto significa que el empleador empieza a ver en la norma laboral española no un enemigo sino un aliado para el desarrollo de su organización. Esto es un avance crítico, probablemente el más importante desde el nacimiento del Estatuto de los Trabajadores. Significa un cambio de mentalidad por el que desaparece el tradicional choque de intereses entre empleadores y empleados y se pasa a una relación de complicidad entre ambos; por supuesto, hay que estar vigilantes para que no se produzcan prácticas abusivas.

Además, la existencia de estas fórmulas es una garantía para que en crisis futuras los ajustes no se produzcan en primera instancia a través del despido.

Pero nuestra modernización del mercado de trabajo no se puede quedar ahí, sino que debe avanzar para estimular el tejido productivo y atraer a los mejores trabajadores. Existen dos aspectos muy concretos en los que hay que avanzar de forma urgente, que son contratación e intermediación laboral.

En lo relacionado con la contratación, es necesario avanzar hacia una simplificación de los contratos. Un país cuyo tejido productivo está basado en la pyme no puede contar con más de cuarenta modalidades contractuales diferentes, porque eso sólo genera incertidumbres y supone una pared para crear empleo. Hay que reducirlas al mínimo y fijar tramos en las indemnizaciones por despido, para que todo pueda ser más previsible en la tesorería de la empresa. Hay que eliminar el miedo a contratar, y eso sólo se hace simplificando las fórmulas. No me parece que subvencionar los contratos sea la fórmula para favorecer la contratación espontánea de las empresas. A los empresarios no hay que darles subvenciones: lo que debemos es asegurar un espacio de trabajo y desarrollo libre de obstáculos, sobrecargas o burocracia.

Por otro lado, me parece injusto que nuestro país aún no tenga una red eficiente de intermediación laboral para ayudar a quienes caen en el desempleo. Convertirse en parado no puede seguir siendo un drama, y ahora lo es porque la intermediación pública no funciona y seguimos sin dotar de protagonismo a las empresas que son expertas en casar oferta y demanda. El tiempo de estancia en el desempleo debe ser mínimo y aprovecharse para aportar más empleabilidad al parado. Esto debe convertirse en una prioridad para el Gobierno, porque estamos perdiendo de forma alarmante población activa. En el último trimestre del año pasado contábamos con más de medio millón de personas que ya no buscaban empleo porque pensaban que no lo iban a encontrar, y, según el INE, entre enero y septiembre del año pasado salieron de España en términos netos 137.000 personas (frente a los 50.000 de 2011).

Francisco Aranda Manzano, presidente de Asuntos Laborales de CEIM-CEOE.

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