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España regala 700 millones de euros al expropiador Evo Morales

Zapatero destinó a Bolivia 380 millones en ayudas entre 2006 y 2010, tras la llegada de Evo Morales al poder, y comprometió otros 320 hasta 2015.

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Zapatero destinó a Bolivia 380 millones en ayudas entre 2006 y 2010, tras la llegada de Evo Morales al poder, y comprometió otros 320 hasta 2015.

La ayuda oficial al desarrollo (AOD) no sólo sirve para condenar a la miseria a los países receptores e incluso difundir y potenciar la ideología anticapitalista sino que, además, algunos gobiernos agradecen este gesto perjudicando los intereses económicos de sus donantes. En este sentido, uno de los casos más flagrantes y significativos es, sin duda, el de Bolivia.

El anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero primó la concesión de ayudas públicas al país andino desde que su actual presidente, Evo Morales, alcanzó el poder a finales de 2005. En concreto, desde 2006 hasta 2010, España inyectó a Bolivia cerca de 380 millones de euros en AOD mediante programas bilaterales (casi el 70%) y multilaterales (el 30% restante), a un ritmo medio de 70 millones al año, convirtiéndose en su principal proveedor de ayuda oficial al desarrollo.

Posteriormente, en noviembre de 2010, la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez firmó un nuevo programa de cooperación para inyectar a Bolivia otros 320 millones de euros entre 2011 y 2015. De este modo, el anterior Ejecutivo se comprometió con Evo Morales a abonar un total de 600 millones en ayudas al desarrollo en apenas una década.

Condonación de deuda

A ello se suma, además, la condonación de su deuda externa. Con motivo de la primera visita oficial de Evo Morales a España, en septiembre de 2009, Zapatero decidió cancelar de forma definitiva la deuda bilateral de Bolivia, próxima a los 70 millones de euros. España condonó el 60% de esa cantidad mientras que Bolivia se comprometió a destinar el 40% restante a programas de educación.

Casualidad o no, por esas fechas Morales ya había decidido nacionalizar los Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), filial de las españolas Abertis y Aena, cuya expropiación se ejecutó, finalmente, el pasado lunes. Sin embargo, el presidente indigenista, que milita en la órbita de Hugo Chávez, optó por retrasar esta medida porque Zapatero le pidió que esperara y negociara con las empresas españolas. "Tal vez con mucha buena voluntad el expresidente Zapatero dijo negocien, van a invertir. Hemos sido engañados, estafados. Hemos creído al presidente Zapatero, el presidente iba a convencer para que la empresa invirtiera, pero no", explicó Morales esta misma semana.

Ronda de expropiaciones

Sabsa ha sido tan sólo la última víctima española de la larga e intensa ronda de expropiaciones iniciada por Evo Morales en 2006. Hasta la fecha, el Gobierno boliviano ha nacionalizado un total de 20 empresas extranjeras pertenecientes a sectores considerados "estratégicos", tales como hidrocarburos, telecomunicaciones, cemento, minería o el hidroeléctrico. Entre las afectadas, varias compañías con capital español, tales como Repsol, Red Eléctrica Española, Iberdrola y ahora a Abertis y Aena.

De hecho, se da la paradoja de que España se ha convertido en el mayor damnificado de esta política expropiatoria, pese a ser su principal proveedor de ayuda al desarrollo y su mayor inversor externo. Otros países que han sido víctima de Morales son Francia, Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Brasil, Perú y México.

Esta particular ronda de expropiaciones comenzó el 1 de mayo de 2006, pocos meses después de que Evo llegara al poder, cuando decretó la nacionalización de los hidrocarburos. La siguiente tabla, elaborada por la Fundación Milenio, un centro de análisis económico privado de Bolivia, resume las actuaciones de Morales en este ámbito (hasta el pasado enero, por lo que no incluye SABSA).

Inseguridad jurídica

Dicha entidad estima que, como resultado, el Gobierno de Bolivia deberá hacer frente a casi 1.250 millones de dólares en indemnizaciones, incluyendo la cuantía que reclama Abertis por SABSA. Siete ya han recibido la correspondiente contraprestación, por un valor próximo a los 600 millones de dólares, mientras que el resto se mantiene a la espera de las sentencias arbitrales y las negociaciones directas con el Gobierno boliviano.

Sin embargo, el perjuicio no sólo se produce a las empresas afectadas sino a la propia economía boliviana. Según los analistas de la citada fundación, "las estatizaciones generan un grave daño a los derechos de propiedad y deterioran seriamente la seguridad jurídica, factores necesarios para captar inversión extranjera y garantizar la inversión privada nacional".

La inversión extranjera directa neta en Bolivia apenas representa el 3% del PIB. Y en este ámbito destaca, especialmente, el capital español, ya que desde 2009 representa casi el 25% de la inversión extranjera directa bruta de Bolivia. "Ante un escenario con incertidumbre sobre el futuro de sus capitales, es probable que en el corto plazo decidan reducir sus inversiones en nuestro país", advierten.

La reacción de Margallo

Aunque el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha señalado que la expropiación de Sabsa "tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales" entre España y Bolivia, por el momento no ha aclarado si mantendrá las millonarias ayudas al desarrollo que Zapatero prometió a Evo hasta 2015.

Tras la expropiación de YPF (Repsol) por parte de Argentina el pasado año, el Gobierno cortó la AOD destinada a ese país, aunque aclaró que se trataba de una decisión tomada de antemano, argumentando que superaba los baremos de renta media fijados para ese tipo de cooperación. En el caso de Bolivia, aún está por ver si se adoptará una medida similar o, por el contrario, el Gobierno seguirá apoyando a Evo con el dinero de los contribuyentes españoles.

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