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Soria dificulta la apertura de Garoña aplicando un impuesto retroactivo

En el pasado mes de diciembre, Nuclenor decidió cerrar la central por la entrada en vigor de los nuevos tributos sobre el sector energético.

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"Garoña es eficiente, segura y está en condiciones de seguir funcionando. No es correcto que una subida de impuestos obligue a cerrar una central que está en perfectas condiciones técnicas y que produce unos kw muy baratos". Estas han sido las últimas declaraciones oficiales que ha realizado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, sobre la situación de la central.

Desde Iberdrola, propietaria del 50% de la planta, han pedido al Gobierno "que sea flexible con Garoña", pero después de la última vuelta de tuerca que ha sufrido el conflicto, es probable que cualquier esperanza de reapertura se haya esfumado.

El pasado mes de diciembre, Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola) decidió cerrar la central por la entrada en vigor de los nuevos tributos sobre el sector energético que impondría el Gobierno a partir del 1 de enero. Además del 7% por la producción de electricidad, Garoña tendría que que pagar dos impuestos extra en 2013: uno a la producción de residuos y otro a su almacenamiento. La nuclear simplemente no podría asumir esta nueva subida de impuestos porque "perdería dinero", según fuentes de Nuclenor consultadas por Libre Mercado.

El Gobierno no sólo no ha escuchado las solicitudes de "flexibilidad" de sus propietarios, sino que ha modificado el proyecto de ley de medidas fiscales para que las plantas atómicas tengan que pagar también por el material irradiado en el momento de ser extraido, aunque la irradiación se haya producido en los años anteriores a la creación del impuesto. Eso le otorga una retroactividad al impuesto que no ofrecería ninguna posibilidad de reapertura a Garoña ya que le obligaría a pagar una cantidad adicional de impuestos si decide volver a funcionar, informa Cinco Dias.

Garoña, que comenzó a funcionar en 1971, tiene permiso para seguir operando hasta el 6 de julio de 2013, en aplicación de una orden ministerial de cierre, aunque la empresa propietaria ha tenido ocasión de solicitar la anulación de esa orden y una prórroga hasta 2019 decidió no hacerlo.

Siempre por razones económicas, Nuclenor dejó pasar el plazo que había concedido el Gobierno actual para solicitar la prórroga, que finalizó el 6 de septiembre pasado, y tampoco aprovechó la posibilidad de pedir más tiempo para plantear esa solicitud, que expiró el 6 de octubre.

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