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Unanimidad en los expertos: las cuatro reformas que Rajoy no puede eludir

El Gobierno defiende que la mayor parte del trabajo está hecho; mientras, los analistas coinciden en el diagnóstico y en lo queda por hacer.

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Mariano Rajoy, este miércoles, en el Congreso. | EFE

España tiene un grave problema con el déficit público. Esto no es ninguna novedad, pero no está de más recordar que en los últimos cuatro años, las administraciones públicas gastaron más de 100.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Normalmente, la cifra se da en porcentaje del PIB (en este caso, alrededor del 10% de 2009 a 2012), pero quizás sea engañoso hacerlo así. Teniendo en cuenta que los ingresos han estado alrededor de los 350.000 millones (dependiendo de cada ejercicio), lo que aparece es una situación en la que los políticos nacionales tenían un descuadre negativo de alrededor del 30%.

Cualquier empresa con estas cifras, estaría ya en quiebra. De hecho, si España no ha llegado a esa situación, como sí ha hecho Grecia, es entre otras cosas por el apoyo del BCE y la UE, tanto explícito en forma de rescate como a través de comprar de bonos e instrumentos similares. Es lógico, por lo tanto, que nuestros socios comunitarios quieran recuperar su dinero o no perder el que han comprometido en los diferentes fondos de ayuda.

Por eso, han impuesto a los países del sur que ajusten sus gastos e ingresos. Esto no es una cuestión ideológica. Es, simplemente, una exigencia de nuestros acreedores (o avalistas, como cada uno prefiera). Eso sí, para equilibrar las cuentas el Gobierno tiene tres opciones muy diferentes, en forma y fondo:

  • Reducir el gasto
  • Aumentar los ingresos con subidas de impuestos
  • Aumentar los ingresos vía más actividad económica (es decir, con reformas)

El debate

Ante esta situación, no son pocos los que, desde el sur de Europa, acusan a Alemania de imponer un "austericidio": es decir, un ritmo de ajustes excesivamente rápido, que está provocando un agravamiento de la crisis. Por ejemplo, Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha repetido en todas sus comparecencias públicas de las últimas semanas. Y Mariano Rajoy, aunque de forma menos directa, también ha insinuado que le gustaría tener más margen de maniobra.

El problema es que la perspectiva cambia cuando se está en Berlín. Por un lado, es el dinero de sus contribuyentes el que está en juego, por lo que es lógico que miren con lupa los presupuestos de los países rescatados (de forma directa o indirecta).

Pero, sobre todo, lo que mosquea en la UE y en la sede del Gobierno alemán es la actitud de sus vecinos del sur respecto a las reformas. En Berlín, se cree que cuando se pide más tiempo para reducir el déficit no es sólo porque se piense que es complicado alcanzar el equilibrio presupuestario. Esto sería sólo una excusa para no hacer lo que se tiene que hacer. Según esta visión, los países del sur de Europa se niegan a hacer reformas para ganar competitividad. Y lo que buscan con los sucesivos retrasos en el déficit es ganar tiempo, hasta que la recuperación económica a nivel mundial tire de ellos.

El ministro germano de Finanzas, Wolfgang Schäuble, lo dejaba claro hace unos días en una entrevista para Les Echos: "La prórroga al déficit debe unirse a un compromiso claro con las reformas". El mensaje está claro: en Bruselas pueden ser comprensivos con las dos primeras opciones que tienen los Gobiernos (recortar gastos o subir impuestos) porque son políticamente complicadas de poner en marcha, pero en lo que hace referencia a las reformas no hay excusas. Eso hay que hacerlo sí o sí, porque además es la base de un crecimiento futuro sólido y estable. Mantener el status quo sólo beneficia a determinados grupos de presión.

Las reformas

En este punto, la pregunta es qué reformas hay que hacer. De hecho, el Gobierno asegura que ya están en marcha las más importantes. Para sus portavoces, todas son "estructurales". Pero este mensaje no está calando. Casi un año y medio después de que Rajoy llegase a La Moncloa, existe una coincidencia casi general en que queda mucho trabajo por hacer. En los últimos meses han sido numerosas las voces que han exigido reformas de verdad.

Y lo curioso no es sólo la coincidencia en el tiempo, sino en el diagnóstico: la Comisión Europea, el BCE, la OCDE, Fedea, el BBVA, empresarios... Todos ellos han publicado trabajos en los que reclaman cambios profundos. Y las líneas maestras son parecidas, casi calcadas. Hay cuatro grandes reformas pendientes que el Gobierno está obligado a aprobar:

1. Fiscal: más allá de la discusión acerca de si hay que subir o bajar impuestos, los expertos coinciden en que hay que reformar el sistema fiscal español, simplificando los tributos, eliminando deducciones y bajando los tipos. Otra sugerencia común es que cambiar la forma en la que se recauda, poniendo más peso en los impuestos para el consumo y menos en los que penalizan la creación de riqueza (fundamentalmente, IRPF, Sociedades y Cotizaciones).

De todas estas sugerencias, el Gobierno, por ahora, se ha quedado sólo con lo que hace referencia a las deducciones, y ha mantenido el resto sin tocar. Esto se ha traducido en una subida efectiva de todos los impuestos, pero sin una reforma integral. Así, desde que Rajoy llegó a Moncloa, los grandes tributos se han incrementado (IVA, IRPF y Sociedades) y la promesa de reducir un punto o dos las cotizaciones se ha quedado en el limbo.

Como hemos apuntado, lo que piden los analistas es que, si hay que hacer esfuerzos de ajuste, se hagan por el lado del gasto, no de los impuestos. Y no sólo eso, como no se ha cambiado el modelo general, el reparto sigue siendo desigual y el sistema fiscal español sigue penalizando enormemente la creación de riqueza.

2. Laboral: hay tres aspectos del mercado laboral sobre los que hay casi unanimidad en la necesidad de las reformas: dualidad, subsidio de desempleo y formación de los parados. En lo primero, la propuesta más conocida es la del contrato único (para acabar con la diferencia fijos-temporales), pero no es necesario llegar hasta ahí, bastaría con reducir las decenas de modalidades que existen.

En lo que hace referencia a los parados, el consenso se inclina por cambiar el subsidio para incentivar la búsqueda de empleo. Además, los expertos piden que se cambie la formación para desempleados, los famosos cursillos, que no está cumpliendo con su función. La idea empezaría por eliminar el cuasi-monopolio de sindicatos y patronal, acercando estos cursos a las empresas y permitiendo que el parado tenga más poder de decisión sobre cómo reorganizar su carrera laboral.

El Gobierno ha asegurado que estudiará la efectividad de las llamadas "políticas activas de empleo", pero no hay nada concreto sobre la mesa. Y sobre reducir contratos, en la última reforma lo que hizo fue sacarse tres nuevos de la manga.

El modelo danés de flexiseguridad (que protege al trabajador, no al puesto de trabajo) es contemplado con envidia en el resto de Europa. El país nórdico tiene menos del 5% de paro. ¿La clave? Las empresas tienen libertad absoluta para organizarse (incluyendo lo que tiene que ver con los despidos); a cambio, el mercado laboral es muy flexible, ofrece oportunidades y los desempleados tienen muchas opciones ante sí (aunque con la obligación de buscar trabajo y aceptar una oferta para seguir cobrando la prestación pública).

3. Administración y gasto público: quizás el análisis del BBVA conocido esta semana sea el más claro en esta cuestión, aunque se parece mucho al resto de los citados. Lo que piden sus autores es que la reducción de gasto no llegue tanto con recorte de partidas (que también) sino sobre todo va través de "reformas que van con retraso como el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local o de las que no se conocen los detalles (Reforma de las Administraciones Públicas)".

En este sentido, hay que recordar que la UE ha sido constante en sus peticiones para que España pode su elefantiásico sector público empresarial. Algo se ha hecho, pero aún estamos lejos de las exigencias de Bruselas.

Y lo que se anuncia respecto a los cambios en la administración pública tampoco anima al optimismo: ni se reducirán ayuntamientos, ni se disuelven las diputaciones, ni hay previsto limitar competencias entre Estado y autonomías. Es decir, no hay ninguna reforma de verdadero calado encima de la mesa. Probablemente lo anunciado reducirá algo el gasto, pero se queda muy lejos de las recomendaciones de los expertos.

4. Competitividad y liberalizaciones: en este apartado es en el que el Gobierno saca mejor nota en los informes internacionales. La Ley de Unidad de Mercado, de Emprendedores o de Libertad de Horarios Comerciales deberían ayudar a las empresas españolas. Los expertos apuntan aquí más hacia una falta de ambición (todas estas reformas se quedan cortas respecto a lo anunciado) como al retraso en su aprobación. Vamos, que por ahora el Gobierno se queda corto y llega tarde.

Por eso, España sigue en los puestos de cola en los índices de libertad económica: no facilitamos la creación de empresas, la carga burocrática es enorme, existen numerosos mercados intervenidos, el coste de abrir una empresa sigue siendo muy elevado, las posibilidades de organización interna están muy limitadas, las trabas administrativas son muy pesadas,...

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