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Competencia investiga las sedes de algunas petroleras y de su patronal

El organismo teme que haya coordinación en materia de precios entre las empresas petroleras.

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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) investiga desde hace dos días posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de distribución de combustible de automoción, según informa el organismo en un comunicado. Este lunes y martes, la CNC ha llevado a cabo inspecciones en diversas empresas operadoras de productos petrolíferos y en su patronal, la Asociación Española de Operadores Petrolíferos.

El organismo tiene desde hace meses la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en la coordinación de conductas entre operadores en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustibles de automoción a través de estaciones de servicio.

Este sector ha sido objeto de interés por la autoridad de competencia española en diversas ocasiones, que ha venido realizando un seguimiento constante del mismo, producto del cual se han emitido una serie de informes en los que la CNC ha puesto de manifiesto el problema de la falta de competencia en el sector, tras constatar un incremento significativo en el precio de los carburantes, en un contexto de niveles generales de precios minoristas (antes de impuestos) más elevados que los registrados en países de nuestro entorno.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía (CNE) también se ha hecho eco en sus informes de supervisión del alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción y, más recientemente, ha hecho público el inicio de un expediente informativo con el objeto de determinar la causa del denominado "efecto lunes", que parece marcar un patrón común en las compañías en cuanto al incremento de los precios.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidades inspeccionadas. El organismo indica que este tipo de conductas anticompetitivas se consideran infracciones "muy graves", que podrían suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la multa.

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