España acumula una deuda pública 922.828 millones de euros hasta el primer trimestre del año, equivalente al 88,2% del PIB en términos de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) -la contabilidad que emplea Eurostat-, y todo apunta a que seguirá creciendo a corto y medio plazo. Desde que estalló la crisis internacional, en 2007, el endeudamiento del sector público se ha disparado en 540.521 millones de euros, más de 50 puntos de PIB, a un ritmo medio próximo a los 100.000 millones al año.
Se trata del mayor nivel de deuda pública que registra España desde 1910, cuando alcanzó el 88,3% del PIB. Sin embargo, la clave no radica en si es mucho o poco sino en si es o no sostenible financieramente. Y la respuesta es no, según alerta el Banco de España (BdE). En su Informe Anual 2012, publicado a finales del pasado mayo, la entidad advierte de que España se acerca peligrosamente a su "límite fiscal", nivel de deuda a partir del cual una "economía empezaría a encontrarse sujeta a dificultades para financiarse en los mercados a costes compatibles con sus fundamentales". Es decir, una vez superado dicho "umbral de deuda", los inversores "comenzarían a percibir riesgos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del país", aclara.
Lo grave, además, es que dicha alerta fue lanzada sobre el nivel de deuda alcanzado a cierre de 2012 (84,2% del PIB), mientras que ya se aproximaba al 90% en el primer trimestre de este año -y creciendo-. De ahí, precisamente, que el BdE insista en que el Gobierno adopte medidas adicionales para tratar de frenar el actual crecimiento de la deuda con el objetivo de estabilizar o reducir su volumen a medio plazo, ya que en caso contrario teme que aumente de nuevo la presión sobre los bonos españoles, lo que dificultaría la financiación del Estado.
En este sentido, recuerda que "la estrategia de ajuste fiscal debe tener en cuenta no solo la evolución de la actividad económica, sino también los costes de retrasar excesivamente la consolidación en términos de riesgos para la credibilidad y su impacto sobre la confianza de los agentes". Esta advertencia contrasta con la actitud que ha adoptado el Gobierno en los últimos meses. Así, en lugar de aprovechar la actual relajación de la prima de riesgo para acelerar las reformas estructurales y culminar el ajuste presupuestario, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha optado por la vía opuesta, relajando la intensidad de los ajustes.
¿Problema? España aún necesita una profunda reestructuración del sector público para poder estabilizar la deuda a niveles sostenibles. El BdE aplaude que el déficit público, sin contar ayudas financieras, se haya reducido al 7% del PIB en 2012, pero destaca que los ajustes aplicados (subidas de impuestos y recortes de gastos, sobre todo, en inversión pública) se han traducido en "avances acotados, manteniéndose una cifra de déficit todavía elevada". La reducción del déficit en 2012 supuso una "mejora significativa en la credibilidad" de las finanzas públicas, pero "en un contexto como el actual, en el que se mantiene una fuerte sensibilidad de los agentes económicos y mercados financieros a los desarrollos fiscales y macroeconómicos de las distintas economías, adquiere gran relevancia afianzar las ganancias de credibilidad logradas".
Y, en este sentido, el agujero fiscal del 7% del PIB alcanzado en 2012 -sin contar ayudas bancarias-, sumado a la relajación de los objetivos de déficit en los próximos años, impedirá "quebrar la tendencia creciente de la ratio de deuda pública sobre el PIB en el futuro inmediato", añade el organismo. Cabe recordar que Bruselas elevó el objetivo de déficit de España al 6,5% del PIB para este año, situándolo en el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016.
Por ello, a pesar de las medidas adoptadas, "la magnitud del ajuste pendiente es todavía muy significativa" si se pretende reducir la deuda pública a niveles sostenibles, según el informe. El BdE aboga por revisar "en profundidad" el tamaño del sector público, aplicar nuevos recortes, reformar el sistema fiscal y sancionar a las CCAA que incumplan los límites de déficit establecidos haciendo uso de los mecanismos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y todo ello, debe acompañarse de "nuevas actuaciones" para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y flexibilizar aún más el mercado de trabajo.
La deuda seguirá creciendo
Las advertencias del BdE se sustentan sobre sus propias estimaciones de deuda pública. Según la simulación llevada a cabo por el organismo, si el Gobierno lograra reducir el déficit hasta los límites fijados anteriormente por Bruselas (4,5% del PIB en 2013 y 2,8% en 2014), "no sería capaz de estabilizar la ratio de deuda pública sobre el PIB", pese a tratarse de un ajuste muy sustancial (8,4 puntos del PIB desde el déficit máximo alcanzado en 2009), a diferencia de lo que sucedió durante la crisis de los años 90, tal y como refleja este gráfico.
Dicho de otro modo, la deuda pública escalaría hasta el 95% del PIB en 2014 aunque el déficit cayera al 2,8% para esa fecha. Por ello, el BdE insiste en que "el ajuste fiscal requerido para estabilizar la ratio de deuda pública sobre el PIB […] deberá tener una magnitud considerable, ya que se está desarrollando en un contexto macroeconómico particularmente adverso".
Sin embargo, el Gobierno, lejos de seguir estas recomendaciones, trabaja con un ajuste mucho más suave al inicialmente previsto, ya que se conforma con rebajar el déficit al 5,8% en 2014, y prevé que para entonces la deuda se sitúe en el 96,2% del PIB -99,8% para 2016-, un nivel muy optimista según la simulación del BdE. De hecho, España registrará el mayor aumento de deuda de toda la UE de aquí a 2016, casi 15 puntos del PIB, tan sólo superada por Reino Unido (10 puntos), según las últimas estimaciones de la Comisión Europea.
Así pues, España está ya muy próxima a rebasar su "límite fiscal", pero lejos de corregir esta situación, todo indica que la deuda pública seguirá creciendo a un ritmo elevado en los próximos años, agravando de forma sustancial el riesgo de insostenibilidad financiera.
Más deuda, menos crecimiento
Y todo ello, sin tener en cuenta el impacto que esta elevada carga supondrá sobre el crecimiento económico. Diversos estudios han demostrado que una deuda elevada afecta negativamente al crecimiento potencial del país, tanto a corto como a medio plazo.
Los economistas Reinhart y Rogoff situaban dicho umbral en el 90% del PIB, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco central Europeo (BCE) apuntan en sus informes a una deuda de entre el 90% y el 100% del PIB. Una vez superados estos límites, la deuda implica un "efecto negativo estadísticamente significativo en el crecimiento".
A este respecto, el BCE ya advertía lo siguiente en su boletín mensual del pasado marzo:
[…] esta evidencia refuerza la importancia de reducir la deuda pública para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, respaldar las perspectivas de crecimiento económico a más largo plazo […] En el entorno económico actual es esencial aplicar estrategias ambiciosas de reducción de la deuda. Si, por el contrario, los Gobiernos optan por posponer el ajuste fiscal, las perspectivas de crecimiento se verán socavadas y se impondrá una carga adicional a la sostenibilidad de las finanzas públicas.