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Cumplir la ley es hacer país

Hacienda ha premiado con un mayor margen fiscal a las comunidades más incumplidoras.

Francisco Aranda
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Llevo mucho tiempo diciendo que tenemos que olvidar esa vetusta fórmula de valoración de los políticos en función del número de piscinas olímpicas que son capaces de construir o del número de concejalías que son capaces de inventarse. La clave es la gestión. Se trata de reflexionar acerca de cuánto es capaz usted de hacer como administrador público para facilitar mi vida, y el desarrollo de mis iniciativas, con el mínimo presupuesto. Es decir, la ecuación no tiene sólo una incógnita, sino dos.

Ya está bien de concejalías de apoyo al desarrollo internacional de pequeños municipios que son sólo una coartada para pagar viajes de comunistas, en clase business, a Cuba con el dinero de todos los ciudadanos. Por cierto, lo último que acabo de conocer es que el ayuntamiento de la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz) mantiene cerrado un lujoso edificio neoclásico al que no puede trasladar sus dependencias porque no tiene recursos económicos ni para la mudanza ni para comprar un mobiliario nuevo. Lleva ya tres años esperando reluciente, tras haber sido objeto de una obra que ha costado más de seis millones de euros.

¿Quién ha gestionado eso? Parece el resultado de la jugada de un niño al Monopoly en una muy mala tarde. Seguro que usted, estimado lector, coincide conmigo en lo que sucedería en una empresa privada si pasara algo parecido. El responsable iría a la calle, pero además a gorrazos por zoquete.

Pues bien, en todo este maremágnum me parece oportuno alabar la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ignacio González parece haber tomado, sin complejos, el rigor en la gestión como una de las características de su política, en línea con lo que hizo su antecesora. Sin embargo, parece que eso no lo valora el contable general del reino. Resulta que tenemos un déficit que nos impide salir de la crisis y el Ministerio de Hacienda castiga a quienes hacen el mayor esfuerzo por reducirlo sin molestar a los ciudadanos con más impuestos. No hace falta ser un experto en fiscalidad para afirmar que Madrid es la comunidad con los impuestos más bajos del país. Recuerdo que incluso uno de los hijos de Jordi Pujol trasladó su residencia a Madrid, abandonando Barcelona, atraído por la baja presión fiscal.

En abril del año pasado el ministro Montoro sacó adelante, con buen criterio, una Ley de Estabilidad Presupuestaria que marcaba un déficit cero para el conjunto de las Administraciones Públicas a partir del año 2020. Esto se convertía en un instrumento estratégico porque trasladaba credibilidad hacia nuestras cuentas públicas, lo cual es el primer requisito para un país que quiere ser respetado en el ámbito internacional. Pero un año después, aquel ministro se ha rajao permitiendo déficits a la carta. Esto significa que las diferentes comunidades tendrán que realizar esfuerzos diferentes en su gestión y que quienes peor lo han hecho ahora serán mejor tratados.

Hacienda ha premiado con un mayor margen fiscal a las comunidades más incumplidoras. Esto provoca automáticamente un mayor ajuste a las más austeras, porque, en lugar de ceñirse al límite global del 1,3%, tendrán que alcanzar un déficit inferior a ese objetivo. Al mismo tiempo, hay una circunstancia que prueba la injusticia de esta decisión. Por un lado, Cataluña y Andalucía, comunidades con Gobiernos despilfarradores, han mostrado su satisfacción por la medida. El de Cataluña ha sido el que ha recibido la mayor asistencia financiera del Estado, sin embargo disfrutará este año de un mayor margen presupuestario para –de nuevo– seguir registrando un déficit público muy superior al objetivo global, justo al revés de lo que sucede con la Comunidad de Madrid. Tenemos una Ley de Estabilidad Presupuestaria que garantiza la supervisión de las cuentas públicas por parte del Estado para que nadie haga barbaridades y a la hora de la verdad se decide mirar a otro lado.

A mí me parece que premiando al incumplidor de la ley es muy difícil hacer país. Vamos, así me parece imposible. Lo que realmente me sorprende es que el Ejecutivo catalán quiera abandonar España, teniendo como tiene a todos los españoles aportando gasolina a sus motores, que malgastan cada vez más.

Ahora, la reacción facilona de cualquier político sería subir los impuestos en Madrid, pero me tranquiliza que el presidente González (¡anda que no había apellidos!) ha afirmado con rotundidad que no elevará la carga fiscal, porque sabe que eso significa menos actividad económica y una reducción del consumo, por el mordisco que se daría a la renta disponible.

Francisco Aranda Manzano, presidente de Asuntos Laborales de CEIM-CEOE.

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