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La ETT no es la policía de los parados

Conozco en profundidad las enormes posibilidades de la intermediación privada.

Francisco Aranda
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Además de las goteras del Congreso, los discos duros que desaparecen, los expresidentes de comunidades autónomas que corren para no ser cazados por la justicia, las mariscadas de unos que pagan otros y cadenas varias, existe una España real formada por empresas y familias que tratan de sobrevivir con honradez a la crisis. La España que nos interesa trata de aprovechar la ligera mejoría de nuestro clima económico. El cielo sigue nuboso y oscuro, pero ha escampado o, al menos, no caen chuzos de punta, por el momento. De todo el conglomerado de nubes que nos acechan, la más oscura (negra, negrísima) es la del mercado de trabajo. Siendo graves otras circunstancias, como el déficit, el elemento que ataca con mayor dureza a nuestra credibilidad como país es esa enorme tasa de desempleo que lastra nuestra recuperación tanto económica como social.

Por eso me parece crítico que el departamento de Báñez profundice en su senda reformista. No tengo el menor reparo en alabar, hasta la extenuación, las muchas cosas positivas que ha acometido, pero también me parece que otra parte de mi colaboración como ciudadano debe ser advertir de posibles errores. En este sentido, me refiero al enfoque que parecen haber dado a la colaboración público-privada en materia de intermediación laboral. Creo que es muy mejorable.

Las agencias privadas de colocación, antiguas ETT, no creo que aporten su gran valor añadido ciñéndose a señalar a aquellos golfos que perciben prestaciones públicas con el argumento de estar desempleados al tiempo que acceden a ingresos por alguna actividad económica. El control contra el fraude en el contexto laboral corresponde a la Inspección de Trabajo. Nuestro país cuenta con un magnífico cuerpo de inspectores que, por cierto, necesita más medios para multiplicar su eficacia, cuyo éxito conocemos. Pero las agencias de empleo se tienen que dedicar a ayudar a los desempleados a buscar empleo en un programa riguroso que exija la implicación absoluta del individuo, porque buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y no todo el mundo tiene las competencias necesarias para lograrlo.

Conozco en profundidad las enormes posibilidades de la intermediación privada. De hecho, tuve el honor de liderar un movimiento que logró la apertura en España, hace meses, de la intermediación privada con ánimo de lucro (pero gratuita siempre para el desempleado). Las principales compañías del mundo (Adecco, Eulen-Flexiplan, etc.), con las que trabajé, están compuestas por un formidable entramado de expertos con competencias complementarias que conforman la maquinaria más eficaz para encontrar empleo. Y para confirmar este dato me remito a las cifras oficiales de cualquier país del mundo. Sé que se han producido casos donde presuntas ETT han actuado de forma incorrecta, lo cual me parece intolerable. Si usted cree que se ha producido un fraude, vaya a denunciarlo de inmediato; y si, simplemente, no cumple con sus expectativas, acuda a la competencia. Pero me parece injusto que por uno, dos o treinta y tres casos se castigue a todo un sector.

Así mismo, la colaboración público-privada en este ámbito no puede convertirse en una nacionalización enmascarada de la actividad de las empresas. No podemos encorsetar su actividad. Creo que se ignora un enorme potencial del sector si se limita su actuación a sólo determinados colectivos o a determinado tipo de contratos.

A mi juicio, debe existir un registro oficial de estas empresas que vigile que nadie toma atajos en su actividad y, a partir de ahí, crear una tabla de contraprestaciones económicas muy clara, atendiendo a la dificultad de la persona que se quiere integrar en el empleo y el tiempo de contratación obtenido. ¿O acaso no es un éxito social y económico que un parado de larga duración de 35 años obtenga un empleo de tres meses que le dote de experiencia para ser posteriormente contratado por otra empresa de la competencia, a lo mejor de forma indefinida?

Estas empresas no fabrican zapatos ni automóviles, ni le arreglan un grifo. Pero se dedican a rastrear cada día el tejido productivo para detectar oportunidades laborales o sugerir la creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, trabajan con los desempleados (sus otros clientes) para realizar el matching oferta-demanda. Esa es su aportación a la sociedad. Su valor añadido no está en salir a la calle a realizar inspecciones o pedir papeles.

Por otro lado, nuestra bolsa de paro está inundada de colectivos con escasa o nula formación en conocimientos y competencias, pero también figuran muchísimos licenciados y doctores que no encuentran una oportunidad laboral y necesitan ayuda profesional. Se trata de obtener recursos en función de los objetivos conseguidos.

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