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PP y PSOE coinciden en recortar pensiones y elevar cotizaciones

Los dos partidos han aplicado la misma receta para garantizar el modelo público de reparto. Recortar las pensiones y elevar los impuestos.

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Los dos partidos han aplicado la misma receta para garantizar el modelo público de reparto. Recortar las pensiones y elevar los impuestos.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez (PP), y su antecesor, Valeriano Gómez (PSOE).

Mismos actores, distintos papeles. Así se podría resumir el paripé que, desde hace casi tres años, protagonizan PP y PSOE en torno a la reforma de las pensiones. Durante este período, los dos principales partidos políticos de España se han acusado mutuamente de recortar las futuras prestaciones de los jubilados, al tiempo que exigen más cotizaciones a los trabajadores para poder retirarse con la pensión completa. Y, en este caso, ambos tienen razón. PP y PSOE, actuando a modo de Gobierno y oposición, y viceversa, coinciden en lo fundamental a la hora de reformar el actual modelo público de reparto con el fin de garantizar su continuidad: recortar las pensiones y aumentar las cotizaciones.

A mediados de 2011, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma de las pensiones que propuso el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE retrasó la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 67 años, elevó de 35 a 37 años el periodo obligatorio de cotización para cobrar la totalidad de la prestación y amplió de 15 a los últimos 25 años la base de referencia sobre la que calcular el importe de la pensión. Según la OCDE y el propio Ministerio de Hacienda, dicha reforma se traducirá en un recorte de las futuras pensiones de entre el 10% y el 15% respecto a la cuantía actual, al tiempo que exige un mayor volumen de cotizaciones a los actuales trabajadores.

El PP, entonces en la oposición, votó en contra porque -según denunciaba- Zapatero recortaba las pensiones y los derechos de los trabajadores. El PSOE, por su parte, negaba rotundamente tal acusación, llegando incluso a afirmar que las pensiones serían más altas en 2027, cuando entrase plenamente en vigor la reforma, ya que establecía un plazo de 15 años -entre 2013 y 2027- para introducir progresivamente dichos cambios.

Sin embargo, una vez que el PP llegó al poder, no sólo ha mantenido intactas las claves de la reforma de Zapatero sino que ha ahondado en dichos cambios mediante la definición de uno de sus aspectos fundamentales, el denominado "factor de sostenibilidad". La reforma que propone ahora el Gobierno de Mariano Rajoy se resume, básicamente, en dos medidas:

  • Un nuevo método para revalorizar las pensiones al margen de la inflación, como hasta ahora, lo cual se traducirá en una pérdida para los pensionistas de unos 400 euros al año entre 2014 y 2022.

  • Y la aplicación del "factor de sostenibilidad" a partir de 2019, un corrector automático para rebajar las futuras pensiones en función del progresivo aumento de la esperanza de vida de los españoles. Es decir, nuevos recortes en las futuras prestaciones.

El PP completa la reforma del PSOE

Ahora, ejerciendo su nuevo papel en la oposición, es el PSOE el que lanza duras críticas contra esta reforma por considerar que el PP está "empobrecimiento" a los pensionistas y "expropiando" los derechos sociales de los trabajadores. De este modo, los socialistas no sólo ocultan el recorte que ellos mismos aplicaron cuando ocupaban el Gobierno sino también el "factor de sostenibilidad" que incluyeron en su reforma de 2011. Y es que, más allá del nuevo criterio de revalorización, lo que ha hecho el PP es, simplemente, completar la reforma del PSOE y adelantar ocho años su aplicación.

No en vano, la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por el PSOE y rechazada por el PP, establecía lo siguiente:

Artículo 8. Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.

La reciente propuesta del PP consiste en diseñar dicho "factor de sostenibilidad" para que empiece a funcionar en 2019, un poco antes de lo previsto por el PSOE. Pero la esencia de este mecanismo es, exactamente, la misma. A saber, adecuar el sistema público al declive demográfico y al aumento de la esperanza de vida que afronta España, tal y como señala la Ley de 2011:

La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores está provocando una inversión de la estructura de la pirámide de población, aumentando el número de pensionistas en relación con la población activa, esto es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas.

Dicho de otro modo, lo que pactaron PSOE y sindicatos en 2011 fue reducir las pensiones cada cinco años, al tiempo que tampoco descartaban aumentar las cotizaciones o los impuestos. Y, pese a que el PP se oponía, acaba de asumir como propio el citado "factor de sostenibilidad", ya que siempre ha admitido la necesidad de adecuar el pago de las pensiones a variables tales como la esperanza de vida, y la evolución del empleo y de los ingresos y gastos del sistema para asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Más impuestos

La última coincidencia de PP y PSOE en esta materia proviene del lado de los ingresos. El Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez filtró el pasado lunes que estudia la posibilidad de volver a subir la cuantía de las bases máximas de cotización, que el pasado año ya incrementó en cinco puntos -hasta 3.425,7 euros mensuales-, para aumentar así los ingresos del sistema. Es decir, baraja elevar las cotizaciones sociales para los sueldos más altos. La cuestión es que esta propuesta no sólo parte de los sindicatos, tal y como aseveró este martes el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, sino que va en la misma línea que defiende el PSOE.

El PP reconoce que baraja eliminar o elevar las bases máximas de cotización para acercarlos al nivel de los salarios realmente percibidos, al igual que propone el PSOE. En este momento, la base máxima de cotización es de algo más de 41.000 euros, con una pensión máxima de 35.634 euros (un 87%). Esto quiere decir que a partir de un determinado sueldo no sigue creciendo la cotización. Lo que propone el PSOE es acabar con esto y que todos, cobren lo que cobren, paguen el porcentaje que les corresponda a la Seguridad Social, pero sin que esto se traduzca en una pensión más elevada.

El PP también estudia elevar las cotizaciones de los autónomos. Mientras, el PSOE propone reformar la cotización de los trabajadores por cuenta propia para adecuar bases y rendimientos profesionales, así como eliminar la posibilidad de opción de la base de cotización. Es decir, obligar a los autónomos a cotizar en base a sus ingresos reales.

Por último, el PP baraja pagar las pensiones de viudedad y orfandad mediante impuestos, vía Presupuestos Generales del Estado, excluyéndolas así del sistema de la Seguridad Social. ¿Y qué defiende el PSOE? "Financiación mediante impuestos de todas las medidas que tienen carácter social y no contributivo". Es decir, seguir la línea marcada por el Gobierno y sacar todas las pensiones no contributivas del sistema, con cargo a los Presupuestos.

Así pues, las medidas aprobadas hasta el momento en materia de pensiones demuestran que PP y PSOE aplican recetas muy similares, cuando no directamente las mismas, para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, convirtiendo en un ejercicio de teatro político las duras críticas que se lanzan unos a otros sobre esta delicada cuestión.

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