El Consejo de Ministros celebrado el 1 de junio aprobó el "plan de comunicación institucional" que desarrollará el Gobierno de Mariano Rajoy a lo largo de 2014. La dotación de esta partida de gasto llegará a los 41 millones de euros, lo que supone un aumento del 24% frente a los números de 2013.
Semejante disposición cayó como un jarro de agua fría entre quienes siguen insistiendo en criticar la "austeridad salvaje" de la "era Rajoy". En realidad, basta con analizar las cuentas públicas para determinar que el vuelco del ajuste fiscal no lo está asumiendo el Estado, sino las familias y las empresas. Esa "austeridad privada" se ha canalizado a través de 45 subidas de impuestos aprobadas entre 2012 y 2013.
Esta deriva confiscatoria de la fiscalidad española se acentúa con el problema de la "doble imposición". Lo vemos en el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuyas subidas extraerán cerca de 700 millones de euros a lo largo del año 2014, de acuerdo con los presupuestos autonómicos.
Mientras tanto, el Estado ha aprobado un gasto para 2014 que supera en un 22% los niveles registrados en 2007. Solamente en 2013, los desembolsos de las Administraciones Públicas crecieron hasta alcanzar el 47% del PIB, frente a los niveles del 38% registrados en años previos a la crisis. La apuesta de evitar grandes recortes del gasto y volcar el ajuste por la vía de los impuestos no ha dado buen resultado. Lo vemos en los niveles de ingresos y gastos, que entre enero y noviembre de 2013 acumularon un déficit real de casi el 6%.
De hecho, muchas de las medidas recaudatorias han acabado rindiendo menos ingresos de los esperados. Lo vemos, por ejemplo, en la recaudación de los "impuestos especiales" que gravan la compra de tabaco. Dicho tributo rinde hoy un 7,65% menos que en 2010 a pesar de las sucesivas subidas aprobadas desde 2010.
Lamentablemente, esa menor recaudación no implica que el esfuerzo fiscal sea bajo. Al contrario, los impuestos al trabajo han llegado a su punto más alto desde los años 80, especialmente después de que el gobierno popular haya aprobado la mayor subida fiscal de toda la OCDE. De cara a 2015 se habla de una rebaja de impuestos que, presumiblemente, apenas revertirá parte de estos aumentos de la presión fiscal
De momento, lo que sí sabemos es que 2014 ha comenzado con un alza del 20% en la cuota mensual de los autónomos, enésima subida de impuestos que se une a medidas anunciadas a comienzos de año, como la nueva tributación de la retribución "en especie" (vales de comida, seguros de salud, planes de pensiones, etc.).
El Ministro de Hacienda ha confirmado que habrá más medidas: a comienzos de año, Cristóbal Montoro afirmó que su objetivo era "recaudar más" en la misma entrevista en la que se comparó con Milton Friedman. En cuanto al gasto, los Presupuestos Generales para 2014 no reducen ninguna de las principales partidas de gasto. Según el Instituto de Estudios Económicos, "el esfuerzo del Ejecutivo ha sido nulo".
Las cuencas mineras, ejemplo de despilfarro
Un caso paradigmático del despilfarro de recursos públicos lo tenemos en las subvenciones y ayudas aportadas a las cuencas mineras. Desde 1990, los desembolsos de las Administraciones por este concepto han supuesto 24.000 millones de euros. Semejante inversión no ha servido para hacer más competitivo al sector, como tampoco se ha traducido en mayor empleo.
Concretamente, el número de empresas mineras ha caído de 234 a 28, mientras que se ha destruido el 85% del empleo directo, pasándose de 45.000 a 8.000 trabajadores desde el año 1990 hasta hoy. Aún peores son los datos de empleo si consideramos también la ocupación indirecta e inducida: en ese caso, la pérdida sería de 180.000 puestos de trabajo.
Cataluña, convertida en 'infierno fiscal'
Si a nivel nacional nos encontramos con un panorama desolador, la situación no es mucho mejor en el campo autonómico o local. En enero, el gobierno catalán aprobó un impuesto a las compañías operadoras de internet que gravará cada conexión contratada en la región. También en el primer mes de 2014, el Ayuntamiento de Barcelona anunció multas de hasta 100.000 euros para los propietarios de pisos vacíos.
Este asfixiante cuadro fiscal que sufren los contribuyentes catalanes contrasta con los hábitos presupuestarios del Ejecutivo autonómico que preside Artur Mas. Un ejemplo: los presupuestos de Cataluña para 2014 incluyen 65 millones de euros en subvenciones para aquellos organismos y entidades que apoyan la celebración de un "referéndum" secesionista.
Por otro lado, y a pesar del objetivo de déficit "a la carta" fijado desde Hacienda, el gobierno catalán no cerrará sus cuentas de 2013 en equilibrio. De hecho, aunque se había permitido un desfase máximo del 1,58% del PIB, entre enero y noviembre del pasado año se observó una desviación del 1,96%, casi un 25% más de lo permitido.
Ni siquiera el trato asimétrico en el umbral máximo de déficit ha servido para que el gobierno de Mas cuadre las cuentas. Sin embargo, este mal manejo fiscal no ha evitado que CIU y ERC pacten treinta nuevos impuestos y tasas en los presupuestos de 2014. Además, el nuevo ejercicio también deparará la apertura de nuevas "embajadas" autonómicas en países como Senegal, Kenia y Angola. Cada año, esta red de casi 35 oficinas exteriores supone más de once millones de euros a los contribuyentes.
¿Cómo se mantiene el pie este "infierno fiscal"? La respuesta la tenemos en el Fondo de Liquidez Autonómica, mecanismo por el cual el gobierno central ha rescatado a regiones insolventes como Cataluña. Así, el FLA ha aportado a Cataluña unos 31.000 millones de euros entre 2012 y 2014.
'Plan Andaluz de la Bicicleta'
En los últimos años, las páginas de información económica han dedicado numerosas líneas a analizar el precario escenario fiscal que enfrenta Andalucía. Es por eso que sorprende que el Ejecutivo regional haya decidido gastar 421 millones de euros en su nuevo Plan de la Bicicleta 2014-2020. Con esta iniciativa, los contribuyentes de la región financiarán "5.000 kilómetros de carril bici".
Medidas así ayudan a entender que la deuda pública de Andalucía supere ya el presupuesto anual de la Junta andaluza. Según las denuncias de la oposición, parte de estas obligaciones son "maquilladas" a través de empresas y entidades públicas, cuya deuda conjunta es de 22.735 millones de euros, equivalente al 16% del PIB andaluz.
Mientras tanto, el gobierno andaluz mira hacia otro lado y estudia la creación de un banco público, subvenciona con 116.000 euros al régimen comunista cubano, mantiene a 1.600 trabajadores en Canal Sur, beca con 1.500 euros a alumnos de Bachillerato que apenas alcancen una nota media de cinco, mantiene a más de 2.700 directivos de libre designación…
La financiación de los sindicatos, a examen
Uno de los capítulos presupuestarios más criticados en los últimos años es el de las subvenciones que reciben los sindicatos. Los escándalos de corrupción que han salpicado a UGT y CCOO han puesto de relieve esta cuestión, forzando a ambas centrales a publicar más datos sobre sus cuentas.
En el caso de UGT, este "desnudo" contable ha revelado que, a lo largo de 2012, el sindicato amasó un beneficio de 1,6 millones de euros. Para CCOO, los datos publicados permiten determinar que una cuota de 2,5 euros mensuales permitiría que los afiliados financien íntegramente el funcionamiento de la organización sindical.
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