La reducción de empleados públicos ha ocupado ríos de tinta en los últimos dos años. Los escasos recortes acometidos por el Gobierno del PP se tradujeron en el adelgazamiento de plantillas en las distintas Administraciones Públicas y en la reducción de ciertas condiciones laborales, como la eliminación de la extra navideña en 2012, el aumento de la jornada o la eliminación de tres días libres (de un total de seis moscosos al año). Este proceso levantó de inmediato airadas protestas por parte del colectivo de asalariados públicos. Ejemplo de ello son las polémicas mareas blancas (Sanidad) y verdes (Educación) que tanto protagonismo han acaparado en los últimos meses.
Asimismo, los sindicatos de funcionarios se han quejado insistentemente de los recortes sufridos, llegando incluso a afirmar que el sector público es el que está soportando ahora el gran peso del ajuste laboral. Pero no son los únicos. El Gobierno y, especialmente, el Ministerio de Hacienda, también han destacado el gran sacrificio llevado a cabo por los asalariados del conjunto del Estado. Tanto es así que, ahora que se aproximan nuevas citas electorales, tanto el Ejecutivo como determinadas CCAA han empezado a compensar a este colectivo, restituyendo moscosos e incluso aumentando la oferta pública de empleo.
Sin embargo, los datos desmontan tales quejas y denuncias. El empleo público ha sufrido un ajuste mínimo durante la crisis y, además, se ha concentrado en contratos temporales. De hecho, el peso de este sector en el mercado de trabajo, lejos de descender, ha aumentado en los últimos seis años. Es decir, el empleo público ha crecido en términos relativos.
El siguiente cuadro resume la evolución del mercado laboral durante la crisis, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el tercer trimestre de 2007, cuando España alcanzó su máximo nivel de empleo, el número de ocupados superaba los 20,5 millones de personas, pero a cierre de 2013 su volumen se situaba por debajo de los 16,8 millones. Esto supone la desaparición de más de 3,7 millones de puestos de trabajo, el 18,3% de los ocupados desde el pico de la burbuja, la mayor destrucción de empleo de la historia reciente.
Pero el impacto es muy diferente si se observa la evolución del sector privado, con una pérdida de 3,6 millones de trabajadores, y la del público, con un descenso de apenas 136.000 efectivos durante este período (hasta un total de 2,8 millones). El sector privado ha perdido el 20,6% de sus empleados, mientras que el retroceso en el público tan sólo ha sido del 4,6%. Otra forma de verlo es la siguiente: el 97% de la destrucción laboral se ha concentrado en empresas y autónomos, y sólo el 3% en las Administraciones Públicas.
La diferencia, por tanto, es abismal. No en vano, cabe recordar que el empleo público siguió creciendo con fuerza desde el estallido de la crisis hasta el tercer trimestre de 2011, cuando alcanzó su máximo histórico, con más de 3,2 millones de ocupados, a pesar del déficit y las crecientes dificultades financieras.
A partir de entonces, empezó a descender, aunque sólo en términos absolutos. Así, el número de empleados públicos ha caído en 136.000 personas durante la crisis (-4,6%), pero su peso relativo en el mercado laboral (total de ocupados) ha aumentado desde el 14,3% a finales de 2007 al 16,7% del empleo total a cierre de 2013. Es decir, en la actualidad, casi 17 tabajadores de cada 100 cobran del erario público frente a los 14 existentes justo antes de la crisis.
Menos empleo público, pero sólo temporal
Por otro lado, dichas divergencias entre público y privado siguen siendo muy relevantes si el análisis se acota al conjunto de los asalariados -excluyendo empresarios, autónomos y miembros de cooperativas-. En este caso, la crisis se ha llevado por delante a un total de 3.132.500 puestos de trabajo desde el tercer trimestre de 2007, lo que supone un descenso del 18,6% en la ocupación, tal y como explica el informe laboral publicado el pasado jueves por la patronal de empresas de trabajo temporal (Asempleo).
Pero, igualmente, el 97,5% de la destrucción corresponde a empleos privados (-2.996.400 asalariados menos, con un retroceso del 21,5%), mientras que el sector público sólo ha perdido 136.100 asalariados (-4,6%). Así pues, "es evidente que ha sido el sector privado el que ha soportado la práctica totalidad del ajuste en el empleo", enfatiza el estudio. Por otro lado, sólo a partir del tercer trimestre de 2012, el sector público comienza a destruir empleo asalariado a un mayor ritmo relativo que el privado, el cual ahora empieza a mostrar señales de recuperación.
Otro dato significativo es que el grueso del ajuste acometido en el sector público se concentró, básicamente, en los contratos temporales. Tal y como muestra el siguiente cuadro, el número de temporales ha bajado en 214.000 personas desde finales de 2007 (-27,8%), mientras que los indefinidos han aumentado en 78.000 (+3,6%). Como consecuencia, el peso de los temporales en el sector público ha bajado desde el 26,3% al 19,9%, con el consiguiente aumento relativo de los indefinidos.
Seis CCAA aumentan plantillas
Asimismo, el análisis por tipo de Administración muestra que seis CCAA han elevado su número de asalariados públicos desde que comenzó la crisis, mientras que todas han destruido empleo privado en el mismo periodo. Dichas regiones son: Cataluña (+7,6%), Navarra (+6,9%), Murcia (+5,9%), Baleares (+5,4%), Cantabria (+4,6%) y Andalucía (+0,9%). En el lado opuesto, se encuentra Madrid (-14,6%), Extremadura (-13,1%) y Castilla-La Mancha ( 11%), que son las regiones donde mayor ha sido el ajuste de asalariados públicos desde el tercer trimestre de 2007.
También llama la atención que un total de diez CCAA han incrementado el número de asalariados públicos indefinidos en este periodo. En este sentido, destaca Cataluña, con un incremento del 21,3% de indefinidos, si bien redujo su volumen de temporales en un 30,8%; Murcia eleva un 19,8% los indefinidos y recorta el 31,3% de los temporales; y Navarra, con un incremento del 17,4% en indefinidos y pérdidas del 15% de temporales.
Sin embargo, esta tendencia ha cambiado en el último año, ya que once CCAA han destruido empleo público indefinido, mientras que siete han creado empleo público temporal.
En cuanto a los asalariados privados, todas las regiones han destruido este tipo de empleo desde que comenzó la crisis, pero destacan especialmente diez, en donde la pérdida de asalariados privados se ha producido a un mayor ritmo que el conjunto nacional (-21,5%). Encabeza la lista Andalucía (-28%), seguida de Murcia (-24,4%), Castilla y León (-24,3%), Asturias (-23,9%), Cataluña (-23,1%), Aragón (-22,5%), Castilla-La Mancha (-22,4%), Valencia (-22,2%), Baleares (-21,8%) y Galicia (-21,6%).