La reducción de empleados públicos "ha tocado fondo", no habrá "nuevos descensos de plantilla por razón del objetivo de déficit". Estas palabras, pronunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace apenas un mes y medio, no eran una mera declaración de intenciones, sino un compromiso firme para poner fin al ajuste del sector público. El Gobierno ya ha lanzado varios guiños a los empleados públicos durante los últimos meses, pero se guarda algún que otro as en la manga, ya que tiene la intención de cubrir las plazas de los funcionarios que se jubilen a partir del próximo año.
El fin de la recesión, la caída de la prima de riesgo y la proximidad de importantes citas electorales han propiciado que Gobierno y CCAA empiecen a restituir algunos de los recortes aplicados a este colectivo en los últimos años, tales como la devolución de la paga de Navidad suprimida en 2012, el aumento de moscosos (días de libre disposición) e incluso alguna que otra convocatoria aislada de plazas.
Sin embargo, todavía sigue vigente una de las grandes limitaciones impuestas al empleo público en los últimos años: la congelación de plantillas, salvo una tasa de reposición del 10% en lo que se consideran "servicios públicos básicos", como Educación, Sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la inspección tributaria y laboral. Esta medida explica, en gran medida, la reducción de empleo público experimentado en los dos últimos años.
La no renovación de contratos temporales y la no sustitución de funcionarios jubilados se tradujo en un recorte próximo a los 400.000 efectivos desde el tercer trimestre de 2011 hasta el cierre de 2013, cuando su cifra total rozó los 2,8 millones (según la anterior metodología de la Encuesta de Población Activa).
Pese a ello, cabe recordar que su número creció durante los primeros años de la crisis, de modo que, en realidad, dicho descenso se limita a unos 136.000 asalariados desde mediados de 2007 (-4,6%), cuando comenzaron los problemas económicos. De hecho, el empleo público creció ligeramente el pasado trimestre (11.100 personas), por primera vez desde mediados de 2011.
La intención del Gobierno es eliminar o, al menos, suavizar de forma muy sustancial esa limitación de plantillas a partir de 2015. En concreto, el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas se ha comprometido con el colectivo de funcionarios a dejar de amortizar las plazas vacantes que vayan quedando libres como consecuencia de la jubilación de funcionarios, según las fuentes consultadas por Libre Mercado.
De este modo, si bien todavía no se contempla convocar nuevas plazas para incrementar plantillas, el Ejecutivo pretende cubrir los puestos vacantes, frenando con ello la reducción de empleo público. Así pues, todo apunta a que Hacienda elevará la tasa de reposición el próximo año. Algunas CCAA del PP ya han solicitado al Gobierno que aumente dicha tasa hasta un mínimo del 50% en servicios básicos como Educación, por ejemplo.
En este sentido, cabe recordar que el PP ya introdujo una enmienda durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 con el fin de acumular las plazas disponibles que queden en las administraciones públicas para convocarlas cuando sea necesario en vez de dejar la tasa de reposición en cero, tal y como estaba previsto en el proyecto inicial.
Con esta modificación, "el Gobierno podrá agrupar tasas de reposición y asignarlas a las áreas más necesitadas", según explicaba a finales de 2013 el portavoz adjunto de Administraciones Públicas del PP en el Congreso, José Alberto Martín-Toledano. Pero esta medida se limitaba, básicamente, a redistribuir plazas entre los sectores y áreas públicas que el Ejecutivo considerase "prioritarios".
Freno a la reducción de plantillas
A este iniciativa le siguió, posteriormente, otra que apuntaba en la misma dirección. Así, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de abril el primer aumento de oferta de empleo público de los últimos años, tras la convocatoria extraordinaria de 1.211 nuevas plazas y otras 1.688 de promoción interna en la Administración General del Estado (AGE) para reforzar, sobre todo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la lucha contra el fraude fiscal y laboral.
Esta convocatoria es el aperitivo que precederá al aumento generalizado -no sólo en los servicios básicos- y progresivo -de forma escalonada- de las tasas de reposición al que se ha comprometido el Ministerio de cara al próximo año, coincidiendo, casualmente, con la convocatoria de elecciones generales.
Además, la cobertura de plazas no sólo afectaría a la AGE, sino que sería extensible a comunidades autónomas y ayuntamientos. No en vano, la recaudación y reparto de la inmensa mayoría de los ingresos fiscales a nivel territorial depende de Hacienda, y si Montoro abre la mano en el Gobierno central es previsible que haga lo mismo a nivel autonómico y local.
Los sindicatos del sector público, cuyo máximo representante es CSI-F, insisten en la necesidad de abrir un proceso de diálogo con el Ministerio para analizar en detalle las necesidades de las Administraciones con el fin de reforzar y aumentar las plantillas de las áreas y servicios que se consideren prioritarios. Los sindicatos recuerdan que más de 200.000 funcionarios tienen más de 60 años y otros 907.000 superan los 50, de modo que las jubilaciones en el sector público crecerán de forma sustancial a corto y medio plazo.