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Kirchner y Kicillof en Caracas mientras se discute el futuro de Argentina en Nueva York

Representantes políticos y fundaciones consultados por LM acusan al gobierno de falta de previsión y populismo a la hora de enfocar el problema.

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La presidenta Kirchner junto al ministro Kicillof y al fondo el vicepresidente Amado Boudou. | Cordon Press

Si nada ni nadie lo impide, Argentina entrará en default en la medianoche de mañana miércoles. Los 30 días de gracia concedidos al gobierno de Kirchner el pasado 30 junio para solventar el lío judicial que tienen con los holdouts y poder pagar a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 se agotan. La escena es desesperanzadora. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra en Caracas, en la Cumbre de Mercosur, para relevar a Nicolás Maduro en la presidencia del bloque.

Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, lejos de viajar a Nueva York con la delegación argentina para negociar in situ con el intermediario impuesto por el juez de la causa, decidió en el último momento acudir junto a la presidenta Kirchner a la cumbre latinoamericana.

A la espera de un milagro, todas las miradas están puestas este martes en la delegación argentina en Nueva York, formada por dos secretarios y una procuradora del Tesoro. La delegación no se reunirá, como es habitual, directamente con los fondos de capital riesgo, sino con Dan Pollack, el mediador impuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa responsable del fallo.

En dicha sentencia, el juez obliga a Kirchner a hacer frente primero sus obligaciones con los fondos, congelando los 532 millones de dólares enviados por Argentina a finales de junio para cumplir con los bonistas de la deuda reestructurada antes que con los holdouts.

Pese a que desde el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se asegura que la entrada en default o impago de deuda a sus acreedores "no es el fin del mundo", voces prudentes en Argentina alertan de los riesgos. Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, en declaraciones a Libre Mercado, subraya que "el actual contexto económica argentino, con una inflación cercana al 40%, con falta de divisas y de liquidez en la calle, sumida en recesión, con dificultades a la hora de importar y con una fuerte caída de nuestras exportaciones, toda esta situación, sin duda, se va a agudizar", remarca.

'El corralito'

Para explicar la actual pelea con los holdouts es necesario remontarse al corralito argentino de 2001, el mayor impago de deuda soberana de la historia. Ante la imposibilidad de cumplir sus compromisos a principios del milenio, Argentina redujo su carga fiduciaria consiguiendo que los inversores canjearan el 93% de sus bonos –"partidas de deuda soberana"- por una nueva deuda en la que se pagaban 33 centavos por dólar.

Sin embargo, a esta reestructuración no se acogieron todos. Fondos de capital riesgo que compraron bonos impagados del corralito, principalmente NML y Aurelius Capital Management, no aceptaron los canjes ofrecidos en 2005 y en 2010 por los distintos gobiernos argentinos, manteniéndose al margen de la reestructuración –de ahí el nombre holdouts-.

Los mencionados fondos llevaron el caso a la justicia estadounidense, debido a que fue allí donde se emitieron los bonos. Finalmente, en 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la obligación por parte de Argentina de abonar íntegramente la deuda de 1.330 millones de dólares a los fondos de capital riesgo.

RUFO

Hasta aquí, el problema no sería mayor, ya que Argentina tiene la solvencia suficiente para cumplir periódicamente el pago a los bonistas del canje de 2005 y 2010 y, a su vez, con los 1.330 millones. Es, sin embargo, en la llamada cláusula RUFO, ligada a los acuerdos de reestructuración de deuda, donde se concentran los quebraderos de cabeza del kichnerismo, que mantienen en jaque a la economía del país austral.

La cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) establece que toda oferta de pago de deuda realizada por Argentina de forma voluntaria a unos bonistas deberá igualarse al resto. Es decir, en el caso de pagar íntegramente a los fondos de inversión, Argentina tendrá, a su vez, que abonar íntegramente la deuda a los bonistas de 2005 y 2010, echando al traste la reestructuración de la deuda. En este caso, la cifra total de deuda, según las estimaciones más fiables, ascendería a 120.000 millones de dólares, lo que significaría un nuevo corralito.

Para el presidente de la Fundación Libertad "el principal fallo –de Kirchner ha sido subestimar el problema y pensar que se podía solventar de cualquier manera, de forma politiquera, como hacen los gobiernos populistas". Además, Gerardo Bongiovanni apunta la falta previsión de tiempo por parte del Ejecutivo de Kirchner que creyó que el fallo de Griesa podría postergarlo hasta más allá de diciembre. "Lamentablemente, en la Argentina se han unido además de una equivocada línea ideológica, una mala praxis, es decir, se han juntado el hambre con las ganas de comer", señala el líder de la Fundación.

Por su parte, el diputado nacional Alberto Asseff perteneciente a la coalición Frente Renovador (centro-derecha peronista), entrevistado por Libre Mercado, critica al gobierno de Kirchner por "enarbolar la bandera de ‘patria o buitres’, omitiendo la grave peligrosidad de esta dicotomía para la política argentina". Asimismo, acusa de hipocresía al Ejecutivo al tratar de desmarcarse de los procesos de reestructuración de deuda.

Para el diputado del Frente Renovador, desde el gobierno de Kirchner tratan de hacer creer que nada tienen que ver con el proceso de reestructuración de deuda y las cláusulas acordadas. "El canje de los bonos los hizo en 2005 el difunto Néstor Kirchner y su ministro de Economía Roberto Lavagna, y en 2010 Cristina Kirchner y el vicepresidente Amado Boudou", procesado este último por corrupción .

Ante la presencia de la presidenta en Mercosur, el representante político entiende que "los Brics, Cepal, Celac o Mercosur pueden generar un clima para futuros acuerdos internacionales en materia de regulación financiera", pero no para afrontar la situación inmediata, con lo que no exige la presidencia de Cristina en Caracas.

Cuenta atrás

Ahora sólo queda saber si finalmente el mediador Dan Pollack será capaz de arrancar un acuerdo entre los fondos de capital riesgo y el Gobierno de Kirchner. El primero pide al segundo que deposite en una cuenta bancaria el 30% de los 1.330 millones de dólares, en concepto de "señal".

Por su parte, la delegación argentina no se queda atrás y pide a los fondos que firmen una cláusula anti-rufo, por la cual serían los fondos quienes se harían cargo de asumir los costes que generasen las demandas de otros bonistas. Asimismo, demandan a los fondos de capital riesgo implicados en el fallo de la Corte estadounidense que pidan la reposición del stay o aplazamiento del cumplimiento de la sentencia.

Los medios de comunicación bonaerenses ya sólo contemplan dos opciones. Ora un nuevo canje a los bonistas que no cobrasen el pasado 30 de junio, pero esta vez emitidos en Argentina ajenos a la justicia estadounidense, ora un milagro de última hora. Esperemos que sea la segunda.

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