El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley por el que ha aceptado la renuncia de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS en un 66,67%, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, el montante de la indemnización será asumido en un primer momento por Enagás, empresa que actúa como transportista de gas, y posteriormente el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores, sufragarán esta cantidad durante un plazo de 30 años.
El almacén de gas, situado en el Mediterráneo frente a las costas de Castellón y cuya construcción se paralizó al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, aunque la vicepresidenta ha señalado que esta situación se podrá revertir en el futuro si se dan condiciones seguras.