El término no está en el diccionario de la Real Academia Española, pero sí en la actividad económica, política y social de nuestra nación. Tampoco lo está el supuesto término antónimo de copago, cuando es de uso habitual, convertido en diablo arrojadizo entre candidatos brillantes por su confusión.
El aprovechamiento, lejos de ser un capricho, es un deber de carácter universal, en un mundo en el que los recursos, y los bienes que de ellos derivan, son escasos, por lo que cualquier elección elimina las posibilidades de utilización para opciones diferentes. La hora de trabajo o la unidad de capital que se emplea para la producción de un bien nunca podrá ser utilizada para la producción de un bien alternativo. De aquí la responsabilidad de los agentes económicos en la mejor utilización de bienes y recursos.
¿Por qué entonces somos tan indiferentes ante el despilfarro? ¿Basta decir, como causa de exoneración de la responsabilidad personal, que el sistema está basado en la permisividad de tales conductas? Cuando un alumno permanece durante años como de cuerpo presente en el aula, sin mostrar interés ni aprovechamiento alguno, ¿cabe escudarse en que el sistema educativo es así? Cuando acudimos al médico sin que nos pase nada o, según el lenguaje al uso, para solicitarle la baja o pedirle recetas, ¿podemos pensar que tenemos derecho a ello, pues para eso cotizamos a la Seguridad Social? Y cuando construimos nuestra farmacia doméstica con recursos públicos, con fármacos que caducarán sin ser usados, ¿podemos alegar que es nuestro derecho inalienable?
No es necesario precisar que me estoy refiriendo a casos en España, cuya enumeración podría prolongarse con ejemplos tan elocuentes como los mencionados. ¿Podemos coparticipar en el despilfarro, con daño para la propia nación, simplemente porque no pasa nada, porque se entiende que tiene que ser así?
Si todos fuéramos ángeles, estarían de sobra estas consideraciones, pero, no siendo así, necesitamos instrumentos de racionalización de nuestras conductas, ya que de las conciencias está visto que poco podemos esperar. El límite al despilfarro compartido, hasta que se produzca un cambio radical en nuestros principios, sólo puede esperarse de un pago compartido; es decir, al codespilfarro hay que atacarlo con el copago, por mucho que moleste. Sin sacrificio a la hora de demandar, no podemos esperar un límite al ansia demandante.
Es especialmente preocupante el deterioro de la conciencia social de nuestro pueblo, cuando los políticos tienen que pedir disculpas y hablar de desliz no intencionado si esgrimen criterios de racionalidad económica para limitar el consumo irracional de bienes sociales. Digo más: ni siquiera es un problema de suficiencia de financiación –que no es el caso–, pues, aunque esta fuera abundante, tampoco estaríamos autorizados a despilfarrar los recursos disponibles.
No olvidemos que las necesidades son ilimitadas; unas se satisfacen y otras no. ¿Por qué renunciar a la racionalidad por un puñado de votos?