Uno de los puntos centrales del programa económico de Donald Trump tiene que ver con las infraestructuras. El nuevo presidente de los Estados Unidos plantea un aumento de la inversión estimado en un billón de dólares a lo largo de la próxima década, cifra cuatro veces superior a lo que propuso su rival en las elecciones, Hillary Clinton. El objetivo sería reconstruir carreteras, aeropuertos y otros nodos de transporte.
La iniciativa de Trump ha generado fuertes críticas entre analistas liberales y conservadores que temen que un presidente de derechas acabe adoptando el mismo tipo de medidas keynesianas que tanto revuelo causaron cuando las impulsó Barack Obama. Así, desde el brazo político de la Fundación Heritage, Dan Holler recordó al nuevo presidente que los legisladores republicanos se opondrán a la aprobación de grandes planes de estímulo. Por su parte, el Instituto Cato también ha indicado a Trump que no debería disparar el gasto público en infraestructuras.
El magnate sabe que enfrentará las críticas de estos sectores y ha afirmado que su plan será "neutral" en términos fiscales, lo que significa que, a priori, su plan no aumentará la deuda pública. ¿Cómo pretende cuadrar el círculo? La respuesta la tienen el economista Peter Navarro y el inversor Wilbur Ross, que han diseñado el plan de infraestructuras del nuevo mandatario.
El documento en cuestión avanza que la Administración Trump aplicará deducciones fiscales por un monto total de 167.000 millones de dólares. Esta cifra equivale al 23,4% del gasto anual del gobierno federal, pero estirada a lo largo de una década, supone apenas el 2,34% del presupuesto de Washington o, lo que es lo mismo, menos del 0,5% del PIB. No estamos, por tanto, ante cantidades tan significativas como podría parecer a primera vista.
Esos 167.000 millones de dólares servirían para que aquellas empresas privadas que estén interesadas en financiar proyectos de infraestructuras puedan hacerlo con una mejor perspectiva de negocio. Gracias a las deducciones fiscales, Navarro y Ross estiman que el margen de negocio del proyecto medio subirá un 20%. De esta forma, el equipo de Trump espera que empresas e inversores movilicen hasta un billón de dólares durante la próxima década.
La clave, en cualquier caso, radica en que Trump no habla de subir el gasto público en un billón de dólares sino de aumentar la inversión en infraestructuras apoyándose principalmente en el sector privado. Por tanto, se aprobarán deducciones por un monto de 167.000 millones, siempre que haya empresas que comprometan los desembolsos necesarios para acogerse a dichas ventajas fiscales.
Además de todo lo anterior, el plan de Trump cuenta también con otras cuatro armas secretas:
- En primer lugar, su plan de reducir el Impuesto de Sociedades al 15% ayuda también a ofrecer un marco más atractivo para la inversión privada. A menos costes fiscales, más rentabilidad para los eventuales proyectos;
- En segundo lugar, su propuesta de aplicar un impuesto reducido a la repatriación de beneficios obtenidos en el extranjero puede generar una nueva fuente de ingresos para el fisco, compensando el coste de las deducciones anunciadas;
- En tercer lugar, su programa energético apunta a una importante liberalización que ayudará a promover la inversión privada en oleoductos y otras infraestructuras necesarias para el funcionamiento del sector.
- En cuarto lugar, su plan de reordenación del gasto incluye un tajo a los programas más ecologistas del gobierno federal, por lo que los ahorros generados por dicha vía puede compensar el reducido desembolso presupuestario que supone este programa de deducciones.
Los autores del programa reconocen que el éxito de esta iniciativa depende de la participación del sector privado, pero se muestran confiados sobre la capacidad de Trump para atraer a los inversores a través de las facilidades anunciadas.
¿Una oportunidad para las empresas españolas?
En Estados Unidos es habitual que se desarrollen infraestructuras con inversión privada a cambio de concesiones largas que permiten sacar rendimiento a los proyectos, por lo que el plan no cogerá a nadie con el pie cambiado. De hecho, hay empresas españolas que ya gestionan infraestructuras en suelo norteamericano, asumiendo costes de construcción a cambio de recibir los peajes o tasas de utilización.
El tiempo dirá si Trump tiene éxito o no a la hora de conseguir que el sector privado se comprometa con el boom de infraestructuras que quiere impulsar su Administración, pero, a priori, su idea inicial no consiste en desarrollar un plan de estímulo disparando el gasto público, al menos si atendemos al programa de Gobierno del nuevo presidente.