La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció el martes, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, un nuevo parche para financiar las pensiones públicas que, básicamente, consiste en tirar de impuestos para cubrir el abultado déficit que registra el sistema público de reparto.
El plan es que tanto las ayudas a la contratación como las pensiones de viudedad y orfandad, que, hasta ahora, se sufragaban mediante el pago de cotizaciones sociales, pasen a financiarse vía Presupuestos Generales del Estado, es decir, mediante los impuestos que pagan familias y empresas. Su coste estimado rondará los 25.000 millones de euros.
Aunque no se prevé que dicho trasvase se haga de un año para otro -lo normal es que sea algo paulatino a lo largo de varios ejercicios-, el problema es que sacar ese gasto de la Seguridad Social y pasarlo a las cuentas del Gobierno Central no resuelve, en ningún caso, el problema de fondo. A saber, ¿cómo se financiarán esos 25.000 millones? Así, o bien se recortan otras partidas presupuestarias o bien se suben los impuestos. Y todo apunta a que será esto último. No en vano, el Pleno del Congreso, acordó el martes considerar "la posibilidad de complementar los déficits del sistema mediante ingresos fiscales".
Por el momento, el Gobierno ya ha avanzado que, entre otras figuras tributarias, pretende subir el Impuesto de Sociedades -eliminando deducciones-, los Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol), crear un nuevo impuesto sobre los refrescos, implantar la euroviñeta a los transportistas, mantener un año más el Impuesto de Patrimonio. Además no se puede descartar algún tipo de modificación en materia de IVA (pasando algunos bienes y servicios del tipo reducido del 10% al general del 21%), además del reciente cambio en el pago fraccionado de Sociedades para que las grandes empresas adelanten el pago de impuestos al Fisco.
Sin embargo, estas subidas fiscales, correspondientes a los Presupuestos, no serían suficientes para apuntalar las cuentas de la Seguridad Social. Por ello, el Gobierno del PP también estudia elevar las cotizaciones sociales, a pesar de que España cuenta con una de las cargas tributarias sobre el trabajo más elevadas del mundo desarrollado (OCDE), próxima al 30%. En concreto, el alza se concentraría en autónomos y rentas altas.
Subida a los autónomos
La ministra Báñez recordó, por un lado, que el Pacto de Toledo aconseja que cada régimen de la Seguridad Social se autofinancie. La cuestión es que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) presenta, hoy por hoy, un agujero cercano a 7.000 millones de euros.
Aunque el Gobierno pretende, en principio, que los autónomos coticen más de forma voluntaria, lo cierto es que afirmación, en última instancia, abriría la puerta a un cambio importante, consistente en obligar a los autónomos a cotizar en función de sus ingresos y no como hasta ahora, que pueden elegir libremente la base de cotización. Una de las posibilidades que está encima de la mesa consiste, de hecho, en suprimir los regímenes especiales como el de autónomos, pero sólo para los nuevos afiliados a la Seguridad Social.
La mayoría de autónomos cotizan por la base mínima (893,10 euros al mes ) y, aunque ello implica cobrar una pensión pública más baja durante su jubilación, prefieren esta opción y completar sus futuras prestaciones mediante sus ahorros o bien elevar voluntariamente sus contribuciones durante los últimos años de vida laboral para elevar la base de cálculo.
La Ley de Autónomos que están negociando en estos momentos PP y Ciudadanos no incluye esta posibilidad, pero la subida de las cotizaciones para este colectivo es una de las medidas en las que coinciden, de una u otra forma, los grandes partidos, tanto PP y C’s como PSOE y Podemos. Este nuevo sistema de cotización obligatoria supondría elevar las cotizaciones a más del 85% de los autónomos, a todos aquellos con un rendimiento neto por encima de la base mínima de cotización (893 euros al mes) o que cotizan por debajo de sus ingresos.
Y subida a las rentas altas
Por otro lado, casi se da por hecho que el Gobierno destopará la base máxima de cotización, elevando así la carga fiscal de las rentas más altas -normalmente, los trabajadores más cualificados-. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que está dispuesto a discutir la propuesta presentada por Podemos de eliminar dicho tope.
En la actualidad, la base máxima se sitúa en 3.642 euros al mes, de modo que las cotizaciones de empresa y trabajador ascienden, como mucho, a unos 1.030 euros. La idea que baraja el Gobierno es subirla, con el consiguiente incremento de las cotizaciones, a cambio de aumentar, aunque levemente, la pensión máxima (unos 2.567 euros brutos al mes en 14 pagas).
La eliminación de los topes se traducirá, por tanto, en un mayor coste laboral para las empresas y/o salarios más bajos para los trabajadores más cualificados, cuyo porcentaje no supera el 10% del total. Y a cambio no recibirán una subida equivalente de su pensión futura. Se erosiona, una vez más, el carácter contributivo del sistema, lo que tiene a su vez un efecto directo en los incentivos de los actuales trabajadores para sumarse (o intentar escaparse) al mismo.