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Las 443 familias de Cuatro Caminos piden, desesperadas, ayuda al Defensor del Pueblo

Aún están esperando una respuesta del Ayuntamiento de Madrid. Mantienen la esperanza, pero el tiempo se les agota.

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Aún están esperando una respuesta del Ayuntamiento de Madrid. Mantienen la esperanza, pero el tiempo se les agota.
Un grupo de estos cooperativistas a las puertas del Defensor del Pueblo | LD

La desesperación de las 443 familias de la cooperativa de las cocheras de Cuatro Caminos ha llegado a su límite. No saben qué más hacer para lograr que el Ayuntamiento decida estimar su proyecto o, al menos, se digne a ofrecerles una respuesta que llevan meses esperando.

Consiguieron que desde Metro cedieran a las pretensiones técnicas del Consistorio gobernado por Ahora Madrid. En una reunión celebrada el pasado mes de octubre los técnicos dependientes de la Comunidad trasladaron al Consistorio su compromiso de rebajar en 50 centímetros la superficie del gálibo, o la distancia necesaria para realizar las labores de mantenimiento de las cocheras, y se ha reducido en 50 centímetros el ancho de la losa de hormigón. La nueva propuesta también incrementa la zona verde abierta al público hasta un total de 21.000 metros cuadrados, con un gran parque sobre la superficie de una meseta, bajo la cual se situarán las cocheras subterráneas de Metro.

Pero nada. Lo único que recibieron un mes después fue una respuesta al PP por parte del director general de Planeamiento y Gestión Urbanística, Juan Carlos Lasheras, en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible realizada el pasado mes de noviembre. La pregunta la formuló el edil popular José Luis Martínez Almeida. En su respuesta, Lasheras contestó que en "el menor plazo de tiempo posible se procederá a emitir el informe". Pero va camino de los dos meses ya y no ha habido respuesta de ningún tipo.

El tiempo corre en contra de los cooperativistas: el próximo 17 de diciembre deberán afrontar un nuevo pago a Metro de 23 millones de euros, como pago de parte del precio del terreno donde se ubicarán las viviendas, inviable de realizar si no tienen garantías de que su proyecto saldrá adelante.

Tal es la angustia de estas familias que este viernes han decidido acudir al Defensor del Pueblo. Es una de las últimas balas que les quedan por quemar. Allí han entregado una carta en la que solicitan ayuda y apoyo por parte de esta institución. "Nos encontramos en una situación total de desamparo, por lo que esperamos, que el Defensor del Pueblo nos ayude a hacer valer nuestros derechos y nos ayude a continuar con nuestro proyecto. Llevamos más de dos años luchando por nuestro proyecto y sólo hemos tenido impedimentos por parte de la administración".

Así, solicitan a la institución dirigida por Soledad Becerril que "interceda por las 443 familias, que formamos la Cooperativa Metropolitan, solicitando a la Administración que desbloquee el expediente y sea sometido nuevamente a Pleno en el Ayuntamiento proponiendo la estimación de la iniciativa para el desarrollo urbanístico del proyecto".

Este próximo lunes habrá una nueva reunión entre el consejo rector de la cooperativa y el Consistorio madrileño. Será la última, aseguran, pues los plazos no se pueden estirar más. Y mientras, por el camino, se están arruinando. "Tenemos la esperanza de que en esta reunión nos comuniquen la estimación de nuestro proyecto, al haber dado cumplimento en estos meses a todos los requisitos y ajustes solicitados por el Ayuntamiento, ya que próximamente hemos de hacer frente a un cuantioso pago económico a Metro de Madrid", recuerdan en referencia a esa fecha de 17 de diciembre y los 23 millones de euros.

El proyecto de la Cooperativa Metropolitan engloba, junto a la construcción de 443 viviendas, 62 de ellas de protección oficial, el desarrollo de un gran parque público, que además servirá como elemento conector entre la avenida Pablo Iglesias y la calle Bravo Murillo, permitiendo el acceso peatonal entre estas calles, tal y como exige la ficha del plan (APR). El proyecto incluye también la renovación de las cocheras de Metro de Madrid, que quedarán soterradas, y una parcela para la construcción de un edificio público dotacional de 6.700.

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