España todavía no ha salido de la crisis y la clase dirigente ya está sembrando las semillas de la siguiente a base de ceguera ideológica y grandes dosis de irresponsabilidad política. El PP se ha metido de lleno en precampaña electoral tras los malos resultados que arrojan las encuestas y, lejos de reflexionar sobre las causas que están originando la fuga de votantes, prefiere tirar de chequera, asfixiando todavía más a su masa natural de electores, con el único fin de buscar el apoyo social de la forma más rápida y sencilla posible. Pero, una vez más, se trata de un grave error.
Por un lado, el Ministerio de Fomento ha aprobado este viernes el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, dotado con cerca de 1.400 millones de euros, un 62,5% más que el anterior, y que, entre otras medidas, concederá elevadas subvenciones públicas a los menores de 35 años que alquilen un piso, así como ayudas a la compra de vivienda en zonas rurales. Más allá del despilfarro de dinero que supone semejante proyecto, lo grave es que impulsará al alza el precio de los alquileres, perjudicando de paso a los jóvenes con menor poder adquisitivo.
El aumento de la demanda de alquiler registrado en los últimos años se está traduciendo en un alza de las rentas como consecuencia de la falta de oferta inmobiliaria que presentan algunas zonas, especialmente las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Las filiales municipales de Podemos han paralizado la construcción de decenas de miles de nuevos pisos, presionando al alza los precios. Subvencionar a los jóvenes tan solo incrementará la demanda y, por tanto, el alquiler se terminará encareciendo todavía más. Es decir, esta medida no solo no soluciona nada, sino que agravará el problema. Y ello sin olvidar que esta perjudicial ocurrencia del PP supera de forma muy sustancial la tristemente famosa "renta de emancipación"que en su día aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que tanto criticaron los populares entonces, demostrando con ello la enorme hipocresía y cinismo que existe en Génova.
Lo mismo sucede con las alzas salariales acordadas este viernes entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de funcionarios. El Gobierno subirá los sueldos públicos entre un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,8% en tres años, al tiempo que volverá a crear empleo público neto, permitirá reducir la jornada laboral a 35 horas semanales y eliminará los descuentos salariales por incapacidad temporal. Más allá del sustancial incremento del gasto público que supondrá este pacto, el acuerdo no contiene ni una sola mención a la necesidad de elevar la productividad de los funcionarios, mejorar la eficiencia de los servicios o eliminar la enorme grasa estatal que todavía existe tanto a nivel nacional como autonómico y municipal. La austeridad brilla por su ausencia, puesto que España cuenta hoy con cerca de 70.000 empleados públicos más que antes de la crisis.
Que el PP se embarque de nuevo en la descontrolada senda del gasto ya es preocupante per se, pero que lo haga con la recuperación económica a medio hacer, con el déficit todavía superando el límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad de la UE y con una deuda pública próxima al 100% del PIB constituye una insensatez mayúscula. España ya ha entrado de lleno en el mercado persa de la precampaña electoral y el contribuyente, una vez más, tendrá que abonar la factura.