Asegura Jorge Bustos, en su columna de este jueves en El Mundo, que "cuando Cristóbal Montoro concede una entrevista, es porque quiere transmitir un mensaje", que no es de esos políticos a los que es fácil pillar en un renuncio, que el ministro de Hacienda casi nunca dice nada en público que no quiera decir. Vamos, que las declaraciones en la entrevista que le ofreció el pasado lunes, y en las que aseguraba que el referéndum del 1-0 "no se pagó con dinero público", no fueron fruto de un calentón, ni de un error.
Desde luego, el ministro no ha rectificado. A pesar de la tormenta que han desatado sus palabras, con requerimiento incluido del juez Pablo Llarena para que explique que no se gasto dinero público en la preparación de la consulta del 1 de octubre, algo que, asegura el magistrado, "contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa", Montoro no da su brazo a torcer. Sus compañeros de partido dudan sobre la oportunidad de la entrevista y temen que esta cuestión sea otra piedra en el zapato del Gobierno, un tanto más para Ciudadanos y una ayuda para los separatistas en la batalla de la imagen. No es extraño que lo crean, porque los líderes secesionistas no sólo han celebrado las palabras del responsable de Hacienda, sino que se plantean pedir su comparecencia como testigo: si no hay dinero público, no hay malversación, aseguran.
Pero ni por esas Montoro reconoce que exista ningún problema. Más bien lo contrario. De forma oficial, lo único que ha salido de Hacienda es un escueto comunicado en el que manda un par de mensajes nada sutiles a Llarena (negritas de Libre Mercado):
El Ministerio de Hacienda y Función Pública valora positivamente el requerimiento del Juzgado, ya que da la oportunidad a este departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.
Este Ministerio inició diversos controles en el año 2015, los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad. El Ministerio aportará al Juzgado toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles.
Lo cierto es que Montoro lo tiene complicado. Ahora mismo hay dos opciones encima de la mesa. La primera es la que plantea Llarena: a pesar de los controles y de las advertencias del Gobierno, los separatistas se las arreglaron para montar algo parecido a un referéndum (ilegal y de nulas repercusiones jurídicas, no así publicitarias) y pagaron buena parte de lo que quiera que ocurrió en Cataluña el día 1 de octubre con dinero público. Hablamos de casi 2 millones de euros de dinero público destinados a un acto declarado ilegal y prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional. Si damos por buena esta versión, Montoro sería culpable por no haber sabido vigilar y administrar. Primero a los líderes secesionistas y luego, desde mediados de septiembre, como responsable máximo de las cuentas de la Generalidad catalana.
Eso es lo que el ministro no está dispuesto a admitir. De ahí su guerra con el magistrado del Tribunal Supremo. Su pretensión es demostrar que si se montó un referéndum no fue nunca con dinero público, del que él es el máximo responsable en toda España y sea cual sea la administración que disponga de esa partida presupuestaria. Pero eso nos lleva a la segunda alternativa: si se sale con la suya, parte de las acusaciones a los líderes independentistas (aquellas relacionadas de una u otra forma con la malversación de fondos públicos) quedarían muy debilitadas; incluido lo que tiene que ver con la petición de extradición de Carles Puigdemont desde Alemania.
Dicho todo esto. Hay un factor que conviene tener en cuenta. Y no es un tema menor. Hablamos de la imagen del ministro ante la opinión pública y de su pretensión de ser el inflexible e infalible guardián del Presupuesto. En los meses previos al 1-O, Cristóbal Montoro aseguró una y otra vez que no habría referéndum porque nadie podría tocar un euro de dinero público para esa causa. Nadie escapa de las garras de Hacienda, vino a decir, y se puso a sí mismo como garante del desbaratamiento de los planes de los secesionistas. En los días posteriores a la consulta, fueron muchos los que recordaron aquellas palabras. Y ahora parece que llega la venganza y la auto-reivindicación del ministro.
A continuación, una recapitulación de lo que sucedió entre julio y octubre de 2017 en lo que tiene que ver con Montoro, el presupuesto público y los fondos que se destinaron al referéndum. Puede que recordar todo aquello aporte algo más de luz a la polémica de esta semana:
- 21 de julio: el Gobierno aprueba, en Consejo de Ministros, una serie de medidas de control para cortar de raíz la financiación del referéndum. Consistían en obligar a una serie de altos cargos de la Generalidad catalana (los interventores de las consejerías, con el soporte de los máximos responsables de los órganos gestores) a remitir todas las semanas una serie de certificados que atestiguasen que no se dedicaban fondos públicos a la organización del referéndum. El Gobierno amenazó al Ejecutivo catalán con suspender la entrega de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en caso de incumplimiento de esa disposición. "El referéndum ilegal no puede ser pagado por dinero público. Ni un euro", aseguró el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Ministros.
- 31 de agosto: posiblemente el momento que más duele a Montoro y el que mejor explica lo ocurrido esta semana. Aquel día el ministro de Hacienda acudía al Congreso para describir cómo se estaba desarrollando el acuerdo del 21 de julio: qué se estaba haciendo, cómo estaban respondiendo desde el Gobierno catalán, qué requisitos había impuesto Hacienda y qué pruebas tenía su departamento de que todo marchaba según lo previsto.
Su relato fue optimista y su actitud era de una plena seguridad en sí mismo y en las medidas puesta en marcha. Montoro no tenía ninguna duda. No habría referéndum y, en buena parte, esto era por su culpa. Era su ministerio y sus normas los que habían cortado las alas de los independentistas: "Son los responsables políticos de la Generalidad los que están certificando que no se ha hecho desembolso alguno para llevar a cabo ese referéndum. Es paradójico que unas instituciones públicas promuevan el referéndum sin presupuesto. (...) Ni un euro del presupuesto de la Generalidad ha ido destinado a financiar partidas que ya han sido declaradas inconstitucionales (…) Con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto".
- 15 de septiembre: a pesar de todas las advertencias, el Gobierno de España tiene que dar un paso más. Durante los primeros días de septiembre la Generalidad de Cataluña se enfrenta de forma directa a Hacienda. Primero, ignorando sus peticiones de información (como, por ejemplo, cuando el interventor general del Gobierno autonómico respondió que no tenía ni idea de quién había pagado la web y la publicidad del 1-O), y luego con una declaración expresa de que dejaría de cumplir con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Ministros del 21 de julio.
El 14 de septiembre, Oriol Junqueras, consejero de Economía, anuncia que dejará de enviar las comunicaciones semanales a las que su Gobierno estaba obligado. En respuesta a este desafío, el Consejo de Ministros del viernes 15 tomó una serie de cinco medidas para controlar de forma más estricta el presupuesto del Ejecutivo autonómico. Por una parte, Hacienda asumía el pago de los servicios públicos esenciales en Cataluña (lo que incluía el pago de Sanidad, Educación y las nóminas de los funcionarios). Por otro lado, conminaba al Gobierno de Carles Puigdemont a que aprobase en un plazo de 48 horas un acuerdo de no disponibilidad de gasto sobre el resto del Presupuesto (con aviso incluido a los bancos para que no colaborasen con los líderes independentistas).
Ese día, en un comunicado oficial, el departamento de Cristóbal Montoro aseguraba que las medidas estarían vigentes "durante el tiempo que dure la situación de excepcionalidad" y que el Gobierno del Estado pasaba "a asumir el control de la gestión de los gastos de la Generalidad, en defensa de los servicios públicos, de la estabilidad presupuestaria y del interés general".
- 20 de septiembre: Montoro vuelve al Congreso. La negativa de Puigdemont a firmar el acuerdo de no disponibilidad aprobado en el Consejo de Ministros empuja al Gobierno a cumplir con todas las medidas anunciadas. A partir de ese momento, todo el Presupuesto de la Generalidad está en manos de Hacienda: tanto los ingresos que llegan vía transferencias desde el Gobierno central como los que se recaudan por los impuestos propios que cobra de forma directa el Ejecutivo regional. Ni un euro se gastará a partir de ese momento sin el visto bueno del ministro. Es el jaque-mate, aseguran en Moncloa, a las aspiraciones sescesionistas.
El político jienense lo explicaba así ante la Comisión de Hacienda del Congreso:
Estas medidas no afectan a las competencias de la Generalidad. No asumimos el control [del Gobierno regional catalán]. Pero sí se evita el riesgo de que el dinero se utilice arbitrariamente o, peor aún, ilegalmente. El Gobierno de la Generalidad está sometido a las leyes, la Constitución y el resto de las normas del Estado de Derecho, así como a las sentencias judiciales.
Ellos mismos deciden incumplir [sus obligaciones con la Comisión Delegada] al amparo de una nueva legislación. Eso nos colocaba ante la abierta posibilidad de que la Generalidad fuera a incumplir con la prohibición de destinar dinero a gastos para el referéndum por la independencia. Una decisión que supone una grave vulneración del ordenamiento jurídico vigente y una manifiesta desobediencia de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
El señor Puigdemont puede seguir gobernando. Tiene toda la acción de Gobierno a su disposición, pero no puede desarrollar ninguna acción ilegal. La actitud de algunos dirigentes políticos de la Generalidad nos inducía a pensar que esos recursos no se iban a dedicar a lo que se tienen que dedicar.
Apenas diez días después de estas palabras, se celebraba el 1-O. La posición de todo el Gobierno quedaba en entredicho. En especial la de Mariano Rajoy como máximo responsable; la de Soraya Sáenz de Santamaría, como ministra para las Administraciones Territoriales; y la de Cristóbal Montoro, el hombre que había asegurado que no habría referéndum porque él y nadie más que él se aseguraría de cortar el grifo de la financiación a sus convocantes.
Y aquello no fue un referéndum, porque no cumplía ninguna de los requisitos que en cualquier democracia se exigen a este tipo de consultas, pero sí fue un éxito propagandístico para los independentistas. Miles de centros públicos y funcionarios participaron en el evento. Cientos de miles de euros se gastaron en urnas, carteles informativos, publicidad, promoción en el extranjero… Ese dinero que en La Moncloa y en Hacienda aseguraron una y otra vez que no había ninguna posibilidad de que saliera de las cuentas de las administraciones españolas.
Ahora el máximo responsable dice que no sabe de dónde salieron los fondos, pero que no fue dinero público. Los informes de la Guardia Civil, en poder del juez Llarena, dicen lo contrario. Y todos los líderes independentistas le dan la razón a Montoro. Algo lógico, porque para ellos es una cuestión clave. En realidad, para todos los implicados es un tema fundamental. En juego está buena parte del futuro procesal de quienes montaron el 1-O y trataron de romper España en pedazos; y está en cuestión el crédito y la solvencia de la justicia española y de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad…; pero también forma parte de la ecuación, no hay que olvidarlo, el orgullo de un ministro que no está dispuesto a admitir que alguien se saltó todas aquellas barreras que dispuso entre julio y septiembre de 2017. Un ministro que aseguró que su Gobierno impediría, con algo así como un estrangulamiento financiero, cualquier intento de consulta ilegal. "Con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto": palabra de Cristóbal Montoro, 31 de agosto de 2017. Parece que nada ni nadie -ni Llarena ni la extradición de Puigdemont ni la evidencia de lo que ocurrió aquel 1 de octubre- harán que cambie su versión.