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La realidad de las pensiones públicas: el sistema está quebrado

Las matemáticas no fallan. La revalorización de las pensiones con el IPC y el envejecimiento demográfico torna en insostenible el actual modelo.

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La realidad del sistema de pensiones español no es otra que el hecho de que el sistema está quebrado, aunque todavía no se perciban todos sus efectos, gracias al tiempo en el que se ha empleado el Fondo de Reserva que se creó durante los gobiernos del presidente Aznar, la deuda que emite el Tesoro para cubrir el déficit de la Seguridad Social y el bajo tipo de interés de ésta, debido a la inundación de liquidez que ha aplicado desde 2012 el Banco Central Europeo (BCE).

Tal y como avanzó Libre Mercado, si se revalorizan las pensiones una media del 1,8% anual, entonces la Seguridad Social entrará en déficit crónico -posiblemente, si no, también-, con un agujero en 2050 de casi 3 billones de euros. Ésa es la senda por la que el Gobierno de Sánchez quiere que nos metamos. En su propuesta de "presupuesto bolchevique" liga las pensiones, de nuevo, a la inflación, y revaloriza las mínimas un 3%. Si ese incremento se mantiene en el entorno de un objetivo de inflación del 2%, basado en el objetivo de precios del Banco Central Europeo, el desequilibrio permanente está asegurado.

Pero es que, aunque el Gobierno no hiciese nada pernicioso ahora y no ligase las pensiones a la inflación, el sistema está matemáticamente quebrado porque no hay suficientes cotizantes que compensen los nuevos pensionistas que se van incorporando. Si a ello añadimos que las medidas del Presupuesto de Sánchez sólo van a generar más desempleo, las cotizaciones a la Seguridad Social terminarán disminuyendo, con un nuevo roto y un desequilibrio todavía mayor en las ruinosas cuentas de la Seguridad Social.

Como la Seguridad Social es deficitaria, ha de recurrir al endeudamiento. Actualmente, al vivir en una época de tipos nulos, el endeudamiento sufre una anestesia que nos mantiene en un mundo irreal, pero en cuanto el BCE comience a subir tipos, hecho que está cada vez más próximo, supondrá un nuevo desequilibrio, no sólo en la Seguridad Social, sino en el conjunto de deuda de las Administraciones Públicas.

La deuda creciente de la Seguridad Social

De esta forma, por cada punto porcentual que se incrementen los tipos de interés, supondrá un coste anual sobre el stock de deuda pública de 10.000 millones de euros. En el caso especial de la Seguridad Social, por cada 1% de déficit que tenga, cada punto de subida de tipo de interés incrementará su déficit en 100 millones de euros anuales sólo por el nuevo endeudamiento, que si lo calculamos sobre los casi 35.000 millones de deuda acumulada en la Seguridad Social, el sobrecoste por cada punto de incremento de los tipos de interés se elevará a casi 350 millones de euros anuales.

Obviamente, si hay subida de tipos, el incremento al que se financiará el Tesoro no es previsible que se quede en sólo cien puntos básicos, sino que, al menos, será del doble, con lo que el sobrecoste de la deuda habrá que multiplicarlo al menos por dos sobre los cálculos realizados con anterioridad, que puede llevar, fácilmente, a que la Seguridad Social, sólo por la subida de tipos, tenga que afrontar un incremento de coste anual de toda su deuda de cerca de 1.000 millones de euros.

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Todo ello, nos lleva a un escenario muy complicado para el conjunto de la economía española, donde hace falta que se acometan reformas estructurales, pero especialmente delicado para el sistema de pensiones, en el que no se dice la verdad. Todas las propuestas que se oyen sobre la reforma del sistema de pensiones se emiten buscando el rédito político cortoplacista en lugar de anteponer a dichos intereses el sentido de Estado que debería imperar en todos ellos. Todas las propuestas compiten, por tanto, en demagogia y populismo, cuando el tema es bien serio, pues actuarialmente -las matemáticas no engañan- el sistema, si no se reforma, estará quebrado en un plazo no muy largo de tiempo.

El modelo de reparto

Es cierto que el Gobierno del PP, en el debate que hubo en el Congreso sobre las pensiones, fue quien más mantuvo los pies en el suelo al repetir, una y otra vez, que si la economía no mejora más no se puede subir más el montante de las pensiones al no haber todavía suficientes cotizantes, pero con ello, que era sensato, tampoco atacaba el verdadero problema de las pensiones en España, que es el sistema de reparto y su sostenibilidad estructural, donde difícilmente, por muy bien que vaya la economía, habrá suficientes trabajadores para sostener a cada pensionista.

El resto de grupos, todos en línea con lo políticamente correcto y con las promesas fáciles de hacer y fáciles de romper: desde afirmaciones que claman por "pensiones dignas", pero que no abordan el problema de cómo sufragarlas, hasta las propuestas de volver a revalorizar las pensiones con la inflación, que primero llegó como condición del PNV al PP para agotar la legislatura (los nacionalistas vascos no dijeron con quién en el Gobierno, según parece) y que ahora quiere recuperar de forma estructural el Gobierno de Sánchez.

Mientras tanto, la comisión del Pacto de Toledo continúa con sus trabajos, pero se suceden las mismas afirmaciones y propuestas que las planteadas en el Pleno: una propuesta de mejores pensiones, más altas y que satisfagan a todos, lo cual puede estar muy bien como objetivo de un mundo idílico, pero antes debería abordarse cómo sostenerlas y cómo garantizarlas.

El sistema público de pensiones en España es un sistema de reparto que se ideó después de la Guerra Civil, siguiendo los pasos del SOE y del SOVI (primer sistema tras la contienda), pero convirtiendo el sistema en el mencionado sistema de reparto. Es decir, cada cotizante a la Seguridad Social aporta a la misma no para su pensión del día de mañana, sino para pagar la pensión de los actuales jubilados. Es cierto que devenga unos derechos, pero no lo es que dicha aportación vaya a nutrir una cuenta futura para el pago de su pensión.

Declive demográfico

Cuando dicho sistema comienza a idearse en los años cincuenta, y cuando se pone en marcha en los sesenta, la población española era una población joven, con un gran número de nacimientos y una esperanza de vida no muy elevada. Entonces, entre los 15 y los 29 años es donde más amplia era la pirámide poblacional, siendo también muy robusta en los tramos inferiores y en los superiores hasta los 49 años, con un escaso porcentaje de personas que sobrepasasen los setenta años. Así, la esperanza de vida era de 62,10 años en 1950 y de 69,85 años en 1960, creciendo poco a poco en las décadas siguientes (por ejemplo, en 1991 era de 73,5 años en el caso de los hombres y de 80,7 años en el caso de las mujeres). Por otra parte, la tasa bruta de natalidad creció, de media estable, un 21% entre 1957 y 1966. Dichos crecimientos importantes de la natalidad se mantuvieron, aunque algo desacelerados, hasta 1976, donde la tasa de fertilidad cae de manera drástica.

Pues bien, el sistema público de pensiones en España se idea bajo esas premisas: una población joven y, por tanto, un gran número de activos en el mercado laboral -que tenían cabida en el mismo gracias al desarrollismo español de los años sesenta, además de a la emigración-, un gran número de nacimientos que garantizaban la sostenibilidad del sistema durante décadas, y un número reducido de personas mayores, que disminuía mucho el número de pensionistas, al tiempo que la esperanza de vida no sobrepasaba, o lo hacía por poco, los setenta años en el caso masculino, con lo que el pago de pensiones estaba, en media, en cinco años.

Sin embargo, la natalidad cayó a plomo, impidiendo el relevo generacional en el mercado laboral con la misma intensidad que cuando se ideó el sistema, de manera que el número de activos para cada pensionista disminuye por este motivo. De la misma manera, la esperanza de vida, gracias a Dios, se ha incrementado mucho, hasta los 80,4 años en el caso de los hombres y los 85,9 años en el caso de las mujeres, con lo que el número de años en los que un pensionista cobra su pensión es mucho mayor.

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También, desde hace un par de décadas, asistimos a muchas jubilaciones anticipadas, que incorporan a nuevos pensionistas entre tres y cinco años antes de la anterior edad legal de jubilación (sesenta y cinco años para estas personas; sesenta y siete años para las generaciones siguientes).

Todo ello, unido, hace que el número de activos por pensionista se reduzca mucho. Además, la tasa de sustitución o reemplazo de las pensiones es ahora mucho más alta, es decir, la pensión es mucho más parecida al salario que lo era en aquellos años iniciales del sistema. Aquí, Sánchez, en sus presupuestos podemitas, da una nueva vuelta de tuerca, al querer que la pensión mínima llegue a alcanzar la mitad, al menos, del salario medio. Esto acelerará, sin duda, la quiebra del sistema.

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Con todo el conjunto, el sistema se torna en insostenible, las matemáticas no fallan. Y más insostenible será en los años venideros, cuando toda la generación del baby boom se jubile. Recordemos que fue más de una década de un crecimiento sostenido y estable de nacimientos al 21% sobre cada año; por tanto, todas esas personas van a ir jubilándose en la próxima década de manera paulatina, pero inexorable, lo que hará aumentar mucho el número de pensionistas.

Por eso, el sistema está matemáticamente quebrado. Puede haber manifestaciones, quejas, protestas y debates, pero las cuentas no fallan e indican la quiebra del mismo. No sirven ya más brindis al sol, más promesas vacías, más juego político. Este tema es serio y debe abordarse, por tanto, con seriedad y respeto, alargar más la edad de jubilación e iniciar ya los estudios que conduzcan a su sustitución por un sistema de capitalización, donde cada cual aporte obligatoriamente a su pensión, donde las pensiones no contributivas vayan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y donde un conjunto de personas, los actuales jubilados y las personas que tengan una edad que les hace imposible capitalizar ya la pensión, vean respetados sus derechos ganados con el pago de sus pensiones también vía Presupuestos Generales del Estado.

Es cierto que ello aumentará el gasto público, pero se acotará a esa generación que ya no puede cambiar, por edad, a planes de capitalización, con lo que el problema se minimizará y se solucionará el grueso del mismo. De esta forma, salvaremos el sistema; de lo contrario, la quiebra está garantizada.

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