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Sánchez hunde la inversión empresarial

No hay nada peor para la economía que no tener claras las reglas en las que se va a desarrollar la actividad empresarial.

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Los últimos datos publicados muestran claramente que la inversión empresarial ha comenzado a disminuir desde que Sánchez llegó al Gobierno el pasado mes de mayo, a lomos de una moción de censura apoyada en la extrema izquierda, independentistas y nacionalistas. No se trata de un algo opinable, sino de la cruda realidad que muestran las distintas estadísticas publicadas al respecto sobre la inversión empresarial, como son las de Sociedades Mercantiles y la de la Inversión Extranjera en España.

Era de esperar que se diese tan preocupante acontecimiento, debido a que este Gobierno ha sembrado la inseguridad jurídica en todo momento, y no hay nada peor para la economía que no tener claras las reglas en las que se va a desarrollar la actividad empresarial porque la incertidumbre que ello conlleva retrae las inversiones a realizar ante la duda de que vaya a cambiar la normativa en algún momento de la inversión, con el perjuicio que acarrearía para el inversor correspondiente, de manera que los empresarios se lo piensan dos veces antes de volver a invertir en España.

Los datos de la evolución de la inversión extranjera en España de los últimos doce meses son demoledores en el segundo trimestre de 2018, que recoge ya las dudas de los inversores desde el anuncio de la moción de censura en mayo hasta el primer mes de Gobierno de Sánchez.

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Dudas que ha sembrado el propio Sánchez, que llegó diciendo que iba a respetar los Presupuestos aprobados por el Gobierno del PP -sacados adelante con el apoyo del PNV, que luego lo traicionaría- y semanas después no sólo decía lo contrario, sino que presentaba un borrador de Presupuestos acordado con Podemos que suponen un disparate y un grave peligro para la estabilidad de la economía española, además de un caminar errático que pone en guardia a los agentes económicos. Y si no aprueba sus peligrosos Presupuestos, su idea de intentar llevar a cabo sus medidas económicas por decreto tampoco genera confianza en el sistema.

Paralelamente, su posición respecto de Cataluña, donde la Abogacía del Estado no ha querido solicitar que se juzgue por rebelión a quienes la justicia está investigando por intento de golpe de Estado, genera también más desconfianza. Si antes veíamos el efecto del acumulado de los últimos doce meses, la caída interanual de la inversión extranjera -de segundo trimestre de 2017 a segundo trimestre de 2018- es también dramática, con un retroceso del 21,67% en el conjunto nacional, con Cataluña acumulando retroceso tras retroceso, de manera que baja en el mismo período un 16%, pero con el agravante de que en la comparación del primer semestre de 2018 con el primer semestre de 2017, el descenso de la región catalana es de un 40,86%. La "comprensión", cuando menos, de Sánchez y su Gobierno con los independentistas avivará aún más esas dudas y restará mucha inversión extranjera a Cataluña y también al conjunto de España.

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Sánchez piensa que su dialéctica vence a todas las adversidades y que, como el papel lo aguanta todo, va a poder pagar ese peaje con los independentistas, gobernar a golpe de decreto, firmar unos Presupuestos bolcheviques con Podemos, contentar a Bruselas y no afectar a las expectativas de los agentes económicos. Obviamente, se equivoca: el pasteleo con los independentistas se paga, forzar las normas por real decreto no es ortodoxo y el populismo presupuestario ataca a la economía.

Así, ese presupuesto eleva el gasto de manera desaforada, con múltiples medidas equivocadas. De esa forma, ligar las pensiones a la evolución del IPC incrementa el gasto en más de 700 millones de euros. Al revalorizar las pensiones más bajas un 3%, el gasto sube en 400 millones de euros más. Otras medidas, como la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años, aumentar el ingreso por cuidado de hijos a las rentas más bajas o aumentar la baja por paternidad nos costarán 300 millones de euros más. Adicionalmente, el Gobierno menciona en dicho documento que España tiene un gasto público sobre el PIB insuficiente, que debe incrementarse al menos en 15 puntos porcentuales del PIB en los próximos años, que nos llevaría a un incremento estructural de gasto de 170.000 millones de euros al final de dicho período.

Si a ello le unimos la salvaje subida de impuestos que plantean, con incremento del tipo medio efectivo a unos mínimos del 15% y 18% en el Impuesto de Sociedades, una subida de 5 puntos en IRPF y la introducción de nuevos tributos, como la tasa "Google" o el impuesto a la banca, la generación de miedo y desconfianza en la economía no puede ser peor. Todo ello, dentro del incumplimiento de los compromisos de déficit y deuda acordados en su día con Bruselas y que ahora el Gobierno español quiere superar, con la merma en la credibilidad como país que ello supone. Y mermar la credibilidad como país es mermar la inversión que pueda llegar a España, como ya hemos comprobado que empieza a pasar.

Para remate final, lasubida a 900 euros del salario mínimopone contra las cuerdas a las empresas, que no pueden asumir dicha elevación de costes, de manera que se les lanza un claro incentivo a que cesen en su actividad empresarial, amén de lo que perjudicará a la economía en su productividad, al elevar los costes laborales de manera muy importante, además de incrementar la economía sumergida. Por último, el intervencionismo habido con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, entrometiéndose en la decisión judicial, al corregirla, supone un nuevo descrédito para la economía española, al generar, de nuevo, inseguridad jurídica.

Pues bien, Sánchez cree que todo esto le sale gratis, que no va a tener ningún efecto y que con él España va a progresar. Sin embargo, la realidad va por otro lado. Quienes arriesgan su dinero y se levantan todos los días para generar actividad económica con su negocio, no quieren inseguridad, ni gasto público desmedido que incremente la deuda y que haga que les cobren más impuestos, ni salarios artificiales que no puedan pagar porque les arruinen la cuenta de resultados vía costes, y ese miedo lo están demostrando, como demuestra la última estadística de Sociedades Mercantiles publicada por el INE.

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Así, podemos observar cómo se ha producido una bajada constante desde el mes de junio, momento en el que Sánchez llega al Gobierno, con una caída importante en el número de empresas creadas, que pasa de 8.830 empresas en mayo a 5.886 en septiembre.

Del mismo modo, podemos ver también cómo eso supone una reducción al comparar la generación de empresas de junio a septiembre de 2017 con el mismo período de 2018, cuando ya gobernaba Sánchez, con un descenso del 1% en la creación de empresas. Si el análisis es interanual, el descenso con el Gobierno de Sánchez es todavía mayor, del 4,4%.

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Por último, esta sangría empresarial se completa tristemente con el incremento del número de sociedades disueltas en España. Si entre junio y septiembre de 2017 se disolvieron 5.140 empresas, entre junio y septiembre de 2018, es decir, desde que gobierna Sánchez, se han disuelto 5.305 sociedades, es decir, un 3,2% más de destrucción de tejido empresarial.

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Esto es sólo el principio; un inicio muy triste, ciertamente, pero que puede ser mucho peor de persistir el Gobierno de Sánchez, controlado por el populismo de extrema izquierda, los independentistas, el antiguo brazo político de ETA y los nacionalistas. Las empresas comienzan a no querer invertir en España o a retrasar sus planes de inversión o de expansión porque no se fían de la política que llevan a cabo Sánchez y sus socios.

Eso repercute directamente en la actividad económica y el empleo, que, de seguir así, comenzarán a caer, y, por tanto, en la prosperidad de España. Cuesta mucho recuperar la confianza de inversores y agentes económicos, pero muy poco destruirla, destrucción que Sánchez se ha propuesto hacer con mucho esmero y que ya va consiguiendo, al iniciar el hundimiento del tejido productivo.

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