El déficit de la Seguridad Social será este año 1.500 millones superior al previsto en los Presupuesto Generales del Estado (PGE) de 2018. Quizás, si se cumplen todas las previsiones de gastos e ingresos de los PGE que este lunes presentaba en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bajen algo respecto a lo realmente recaudado. De esta manera, a pesar del fuerte incremento en los ingresos que prevén los Presupuestos, los números rojos del organismo siguen disparados. O lo que es lo mismo, incluso en un año en el que se anticipa un crecimiento económico superior al 2%, creación de empleo y en el que, además, se han subido de forma significativa las bases de cotización, el alza en los ingresos apenas será suficiente para compensar la de los gastos.
Las grandes cifras son las siguientes:
- En los PGE de 2018 se preveían unos ingresos no financieros de 131.072 millones frente a unos gastos no financieros de 148.384 millones. Se planteaba un déficit, por lo tanto, de 17.312 millones.
- En las cuentas presentadas este lunes, los ingresos no financieros previstos ascienden a 140.256 millones (un 7,0% más) y los gastos no financieros a 158.906 millones (un 7,1% más), lo que deja un déficit de 18.651 millones.
Sin embargo, el Gobierno ha asegurado en la rueda de prensa de presentación de estos PGE que el déficit de la Seguridad Social va a descender. La razón es que el déficit final del organismo ha sido más alto, casi 2.000 millones, que el previsto inicialmente, lo que le ha llevado a rozar los 19.000 millones de euros, según ha explicado la secretaria de Estado de Presupuestos: el déficit de 2018 es de 18.937 millones según el avance de liquidación. Por lo tanto, si se cumplen los Presupuestos de 2019 sí habría un pequeño descenso respecto a las cifras de ingresos y gastos consolidada.
El problema es que esta disparidad entre el déficit inicial y final de la Seguridad Social no es algo puntual de 2018: en la última década, de forma constante, las cuentas no han cuadrado y siempre lo han hecho del mismo lado, los ingresos se han quedado muy cortos respecto a lo previsto. Si vuelve a ocurrir ese desfase entre lo presupuestado y lo recaudado (y la previsión de ingresos por cotizaciones es bastante optimista, al igual que la de los ingresos tributarios), el déficit volverá a marcar un nuevo máximo otro ejercicio más.
Pensiones, préstamos y 'huchas'
De esta manera, según los PGE, los ingresos por cotizaciones sociales ascenderán en 2019 a 123.584 millones de euros. Es un récord histórico y supone una importante subida del 7,5% respecto a la cantidad incluida en las cuentas públicas del pasado año. Hay varias causas que explican este incremento: desde la previsible creación de empleo (aunque a menor ritmo que en ejercicios anteriores, según el pronóstico del propio Gobierno) al alza en los salarios; también influirán medidas como el incremento de las bases mínima (por el alza del SMI) y máxima (un 7%), subidas de cotizaciones de autónomos, ampliación del subsidio de desempleo a mayores de 52 años o la cotización por accidentes de trabajo.
También suben las prestaciones. En total, las transferencias corrientes que paga cada año la Seguridad Social pasan de 144.197 millones en los PGE de 2018 a 154.645 millones en los de 2019 (un 7,2% más). La parte del león se la llevan las pensiones contributivas, con 135.268 millones, seguidas de las de incapacidad temporal (8.637 millones), prestación por maternidad y paternidad (2.858 millones), no contributivas (2.418 millones) y prestaciones familiares, dependencia y otras.
El incremento en los gastos se debe, principalmente, a las mismas causas que en los últimos años: cada vez hay más pensionistas y las nuevas altas en la Seguridad Social tienen derecho a pensiones más altas (de hecho, bastante más altas) que los fallecidos en el último año.
Lo primero que hay que decir es que esto no dejan de ser previsiones. Y como hemos visto, suelen fallar más las de ingresos que las de gastos. Las cotizaciones dependen de muchas cosas: mercado laboral, salarios, tipos de contratos… Las de pensiones son mucho más sencillas, a priori, de calcular: sabemos, con un cierto grado de confianza cuántos jubilados fallecerán el próximo año (es una cuestión estadística) y cuántos trabajadores se retirarán de la vida activa. En parte por eso, en la última década, las cotizaciones finalmente ingresadas se han quedado cortas respecto a las pronosticadas. También ha sido porque al Gobierno de turno le convenía hacer una previsión tirando a exagerada de lo que se recaudaría. De esta manera, el déficit inicialmente previsto para la Seguridad Social era un poco más bajo.
En este punto, puede haber quien se pregunte cómo cuadran todas las cuentas que hemos venido explicando hasta aquí. Porque hablábamos de un déficit de 18.650 millones y la diferencia entre las cotizaciones sociales (123.584 millones) y las transferencias corrientes (154.645 millones) supera los 30.000 millones. ¿Cómo se explica? Es cierto que en parte hay otras partidas en ingresos y gastos que pueden mover ligeramente las cifras (gastos de personal en un caso o tasas en otro). Pero no dejan de ser partidas menores. De 1.000 – 2.000 millones de euros como mucho.
La razón que explica esta divergencia es que, como apuntábamos hace unas semanas en Libre Mercado, el déficit real (cotizaciones-prestaciones) es mucho mayor que el que se recoge en los titulares. Porque no hay que olvidar que a los 15.164 millones de pasivos financieros (préstamos del Estado a la Seguridad Social) y a los 4.802 millones en activos financieros (sobre todo disposiciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la famosa hucha) se unen 15.484 millones de euros de transferencias del Estado al organismo. Estas partidas van destinadas a pagar los complementos a mínimos, las prestaciones de dependencia, las prestaciones no contributivas o los permisos de protección familiar. Y este año se suma una partida nueva, de 850 millones para "Apoyo a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social".
Sumando estos tres grandes capítulos y quitando los algo más de 1.000 millones de gasto en activos financieros y los 4.000 millones de otros gastos que no forman parte de las transferencias corrientes (básicamente, los que aludíamos antes: gasto de personal y gasto corriente) sí salen esos 31.000 millones de déficit real de la Seguridad Social que marca la diferencia entre cotizaciones y prestaciones.
Cuando se presentan los Presupuestos se habla de déficit excluyendo las transferencias. Porque técnicamente son ingresos que la Seguridad Social no tendrá que devolver. En teoría, los 15.000 millones largos de préstamos del Estado sí se tendrán que devolver. En la práctica, todo el mundo sabe que en algún momento se aprobará un decreto que diga que el Estado condona de alguna forma todas las cantidades debidas. ¿Qué diferencia hay entre una transferencia corriente del Estado y un préstamo del Estado, que se financia en el mercado y luego entrega el dinero obtenido a la Seguridad Social? En la contabilidad y en el rifirrafe entre organismos y departamentos puede haber diferencias, pero en la práctica todo sale de la misma caja: como explicaba Cristóbal Montoro en la presentación de los PGE de 2018, el pago de las pensiones dependerá de que el conjunto de las administraciones públicas españolas sea solvente, no de si una partida u organismo concreto es deficitario o no.
Por último, queda el tema del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la famosa hucha de las pensiones. Tras la última disposición de fondos de 3.000 millones en diciembre del pasado año, quedan poco más de 5.000 millones. En los PGE de 2019 se prevé coger 3.693 millones de euros más. Tras esta operación, quedan 1.300 millones en la hucha de la Seguridad Social. ¿Y qué sentido tiene mantener esa hucha? En teoría, cuando se creó, se vendió aquel Fondo de Reserva como una especie de red de seguridad que aseguraría el cobro de las prestaciones en momentos de crisis y a largo plazo garantizaba la sostenibilidad del sistema. Ahora ya sabemos que no es así. Lo de los momentos de crisis sí se ha cumplido. En estos 7-8 años se ha vaciado el Fondo, que llegó a tener más de 65.000 millones. Lo del largo plazo queda claro que no era cierto. Ni 2030, ni 2040… la hucha se ha agotado antes de llegar a 2020. Bueno, no se ha vaciado, dirá alguno, porque quedan algo más de 1.000 millones; pero es una ficción: la única razón por la que se mantiene ese dinero es para no decir que se cierra la "hucha de las pensiones". Ningún Gobierno y ningún ministro de Trabajo quiere que se asocie su nombre con esa noticia. Y tampoco éste lo consentirá.