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Huelga de taxis: un chantaje contra la libertad de elección

No se pueden retirar licencias de VTC que se han obtenido tan legalmente como las de los taxis ni imponer normas que matarían al sector de VTC.

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Los acontecimientos que se están viviendo en distintas ciudades españolas debido a la huelga de los taxistas está provocando no sólo un espectáculo lamentable, sino un serio ataque contra la libre competencia, contra el mercado, contra el consumidor, contra el conjunto de la economía y, en definitiva, contra la libertad.

Es inaceptable el chantaje con el que algunos taxistas -porque estas cosas las organizan siempre sólo unos pocos, en función de sus intereses, no de los del conjunto de las personas que trabajan en el sector del taxi- están intentando amedrentar a la población y a las instituciones. Gozan de muchos privilegios y derechos exclusivos, como la utilización del carril bus-taxi, las paradas y la captación circulando de pasajeros, prerrogativas reservadas a ellos.

El problema es que durante muchas décadas se han acostumbrado a gozar de un monopolio que se repartían, sin necesidad de cuidar al cliente: el consumidor raras veces podía elegir el taxi que quería coger en una parada, porque le imponían un orden determinado, aunque a principios de los años noventa, por ejemplo, no todos los coches tuviesen aire acondicionado e hiciese cuarenta grados en verano; el cliente no puede coger un taxi a cien o doscientos metros de una parada, porque no le paran, incluso a personas lesionadas, como algún caso conozco, y la despreocupación creciente por la limpieza en muchos de los taxis -no en todos, ni mucho menos-.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, los taxis tuvieron que ir acostumbrándose a que, poco a poco, más licencias de VTC iban incorporándose al sector del transporte, gracias a la aparición aplicaciones tecnológicas que les abrían un hueco en el mercado de manera clara: más rápida su contratación, selección del tipo de coche y menor coste para el usuario.

Inicialmente, las VTC tuvieron que hacerse un hueco con la limitación famosa de 1 licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, pero la Directiva Bolkestein obligó a liberalizar los servicios profesionales en 2009, incluido éste. Por eso, durante el período 2009-2015 se gozó de una liberalización absoluta en España en dicho sector, de manera que no había ratio ni tope máximos para poder otorgar una licencia de VTC.

Lo que sucede es que, tras la presión del sector del taxi, en 2015 se modificó el reglamento para volver al ratio 1/30, con limitaciones adicionales, como la obligatoriedad de solicitar las licencias de siete en siete. Por eso, desde entonces, no se conceden licencias VTC, salvo las que se derivan de sentencias judiciales que fallan a favor del demandante en los casos en los que solicitaron una licencia entre 2009 y 2015, en el período de liberalización, y se las empezaron a denegar por el posterior cambio del reglamento. Obviamente, la justicia falla a su favor, porque no se puede aplicar retroactivamente la ley.

Los taxistas -y la mayoría son personas encantadoras y muy trabajadoras, que ven distorsionada su imagen por un grupo de violentos que se arrogan su representación- lo que tienen que hacer es mejorar para competir mejor; si lo hacen, el consumidor ganará, por la mejor oferta y la mayor competencia, y ellos también, porque tendrán más negocio. Por tanto, los pasos que hay que dar no son los de ir hacia una restricción de la libertad de competencia y de la libertad de elección del consumidor, sino, precisamente, hacia una liberalización que les permita a todos competir, mejorar, dar un mejor servicio, conseguir ahorros y bajar coste y precios. De hecho, esa liberalización favorecería a los taxistas, porque en el momento en el que dejasen de tener unas tarifas fijadas podrían ajustar más sus precios para captar más clientes.

Lo que no se puede pretender es retirar las licencias de VTC, que se han obtenido tan legalmente como las de los taxis, ni imponer unas normas que, en definitiva, matarían al sector de VTC, como la de obligarles a reservar los servicios seis horas antes o cuestiones parecidas. Esto supondría la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, un mayor coste mensual para el cliente de casi nueve euros y un impacto negativo en la economía de cerca de 700 millones de euros.

Y no es precisamente España, desgraciadamente, el paradigma de la liberalización de este sector. Si nos comparamos con otros países de la UE, comprobamos que el mayor número de taxis por VTC se da en nuestro país, con lo que en el resto hay muchas más licencias de VTC compitiendo.

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Adicionalmente, cada vez hay más usuarios de VTC. Si los eligen, será porque están más satisfechos con esos servicios. ¿Por qué hay que quitarle al consumidor su capacidad de elección? Según un estudio de Fintonic, ya hay un 10% de usuarios de VTC en Madrid (sobre el total de población), un 3,7% en Barcelona, un 3,2% en Sevilla o un 4% en el conjunto nacional. ¿Es que estas personas no pueden decidir por sí mismas?

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Por otra parte, según un estudio de AFI, se estima que el precio del mismo servicio prestado por VTC es 2,5 euros más barato que si es prestado por el taxi, y que si se liberalizase por completo, sería 3 euros más barato que el del taxi, pero es que el del taxi sería entonces también más barato que ahora en un 25%.

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Podrán estudiarse fórmulas de compensación para los taxistas: desde un período transitorio hasta la propuesta que Cabify les ha hecho, bien para que se unan a su plataforma, bien para comprarles directamente las licencias, aunque se repercutiese, después, ligeramente (5 céntimos el kilómetro) en el precio de los usuarios de VTC, hasta el establecimiento de un período transitorio durante el que no perdiesen todas las prerrogativas, pero lo que no puede hacerse es caminar hacia el monopolio, y mucho menos, que unos pocos violentos chantajeen y amenacen a la población.

De hecho, en otros países, como Nueva Zelanda o Irlanda, la liberalización llegó sin ningún tipo de compensación. En este último país, la justicia consideró que los taxistas contaban con una licencia para ejercer y trabajar, pero que ello no constituía un derecho de incremento de su patrimonio en sí mismo, con lo que no daba lugar a compensación alguna, pues trabajar podían seguir trabajando con la nueva legislación.

El tratamiento aquí podría ser más benigno mediante alguna de las fórmulas de compensación citadas anteriormente, pero siempre dentro de ese camino hacia la liberalización en defensa de todo el sector, del consumidor y de toda la economía. Cuando España, a lo largo de su historia, ha abrazado el proteccionismo, el monopolio y la restricción a la libre competencia, ha sido cuando más ha retrocedido en prosperidad. Aprendamos y avancemos en la consecución de una mayor libertad y prosperidad, en un escenario donde todos compitan y el consumidor elija.

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