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El peor escenario posible: el electoralismo de Sánchez elevará el déficit estructural en 2019

El Gobierno incrementó el gasto antes de aprobar los Presupuestos, donde se incluían las subidas fiscales para financiar tales promesas.

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La ministra Montero y Pedro Sánchez durante el debate de los PGE | EFE

El rechazo que ha recabado en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 tendrá consecuencias políticas, como el posible adelanto electoral, pero también fiscales, ya que la prórroga presupuestaria se traducirá en más déficit público, tanto nominal como estructural, dañando con ello la credibilidad y solvencia del Estado.

Nadie se creía las cuentas públicas presentadas por el Gobierno del PSOE. El Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la CEOE, el Círculo de Empresarios o el Instituto de Estudios Económicos, entre otras entidades, coincidieron en que España incumpliría el objetivo de déficit fijado en el 1,3% del PIB para el presente ejercicio, debido, básicamente, a que la estimación de ingresos estaba inflada. Como resultado, el descuadre fiscal rondaría el 2,2%, casi un punto adicional, frente al agujero del 2,7% que, previsiblemente, se registró en 2018.

Pero el problema ahora es mayor, si cabe, dado que la obligada prórroga de los Presupuestos vigentes, aprobados el pasado ejercicio, incrementará aún más la diferencia entre ingresos y gastos. La razón estriba en que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez optó por aumentar el gasto vía real decreto antes de presentar los PGE para tratar de contentar a su electorado, mientras que la subida de impuestos que planteó para contener el déficit se incluyó en el proyecto presupuestario que acaba de ser tumbado en el Parlamento.

Como resultado, el gasto subirá sí o sí, pero la recaudación será inferior a la estimada por el Gobierno –sin contar que tales cifras ya eran irreales–, de modo que el incumplimiento del déficit será todavía mayor. Y lo más grave es que crecerá de nuevo el déficit estructural, el que no depende de la buena o mala marcha de la economía, que es el que más preocupa a Bruselas.

Hasta el propio Gobierno reconoce la situación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló el miércoles que la devolución de los PGE elevará el déficit hasta el 2,2% o 2,4% del PIB, frente al 1,8% que, según recordó, lograron acordar con Bruselas hace escasos meses, pese a que tal objetivo fue rechazado posteriormente en el Senado gracias a la mayoría que ostenta el PP. Montero cae aquí en una gran contradicción, dado que los PGE incluían un objetivo de déficit del 1,3%, el único validado por el Senado, y no el 1,8% al que se refiere y que, a la vista está, era el único que pretendía cumplir. Si la mayoría de analistas ya avanzaba un agujero del 2,2% del PIB en caso de aprobarse las cuentas del PSOE, el agujero final podría ser muy superior al 2,4% que avanza Montero ahora que su proyecto presupuestario ha sido rechazado.

Y lo peor es que el déficit estructural también aumentará este año. El PSOE preveía reducir el déficit estructural de España en cuatro décimas con la aprobación de estos Presupuestos, pero la Comisión Europea ya advirtió en sus previsiones del pasado otoño que no se creía tal ajuste, dado que los ingresos estaban sobreestimados. En concreto, calculó que el déficit estructural tan sólo bajaría del 3,2% en 2018 al 3,1%, apenas una décima. Pero sin nuevos Presupuestos, ni sus ingresos extra, este descuadre volverá a crecer el presente ejercicio, lo cual es una mala noticia, puesto que significa que el sector público incrementará su desequilibrio fiscal a pesar de que la economía crece y se sigue creando empleo. En caso de dificultades económicas, por tanto, el déficit volverá a dispararse.

Más gasto y menos ingresos

Y aunque Montero culpe de esta situación a los grupos de la oposición por no dar su visto bueno a las cuentas, lo cierto es que el origen del problema lo causó el propio Gobierno aumentando primero los gastos vía decreto e incluyendo la consiguiente subida fiscal en unos Presupuestos que, finalmente, no verán la luz.

El rechazo del Congreso no afecta a las medidas que ya habían sido aprobadas por decreto y que están en vigor desde el 1 de enero, como la subida de las pensiones y de los sueldos públicos –al igual que el salario mínimo–. La subida de las pensiones del 1,6% –que llega al 3% en el caso de las mínimas y no contributivas– se aprobó el 28 de diciembre mediante un decreto ley que fue convalidado por el Pleno del Congreso el 22 de enero. Poco antes, el 21 de diciembre, también se aprobó el decreto ley que elevaba el salario de los empleados públicos un 2,2% para 2019, más un 0,25% adicional a partir del 1 de julio, convalidado, igualmente, por el Congreso. El coste de ambas partidas supera los 6.000 millones de euros.

Por el contrario, las subidas de impuestos incluidas en los PGE, como la del diésel, el aumento del tipo efectivo mínimo de Sociedades al 15% (del 18% para entidades financieras y petroleras) o el alza de dos puntos en el IRPF para rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, junto con el incremento de cuatro puntos en las rentas del capital de más de 140.000, quedan ahora en el aire. Al caer el proyecto presupuestario, buena parte de las medidas con las que el Gobierno pretendía elevar hasta un 9% la recaudación dependerán ahora de si el Ejecutivo decide o no aprobarlas vía decreto.

Los únicos impuestos que siguen adelante son los de nueva creación, como el de transacciones financieras y el de servicios digitales, ya que una ley de Presupuestos no puede contener nuevas figuras tributarias. Ambos fueron aprobados en sendos proyectos de ley, pero aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, a la espera de que el Gobierno los defienda en el Congreso.

Ante esta situación, Montero ha señalado que el Gobierno tendrá que ver cómo "recomponer" las cuentas para tratar de "controlar el déficit", pero fuentes de Hacienda ya han precisado que no se plantean subir impuestos por decreto, de modo que, posiblemente, se reducirán parte de los adelantos de dinero que prometieron a las comunidades autónomas para compensar los aumentos de gasto. Sin embargo, aún así, se da por hecho que el déficit estructural aumentará con respecto a 2018.

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