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Sánchez lanza la campaña electoral más cara de la historia a cuenta de los contribuyentes

El Gobierno prepara un largo listado de decretos de aquí a las elecciones para tratar de ganar votos mediante el aumento del gasto.

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Pedro Sánchez | Efe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, piensa valerse de los poderosos resortes del Estado y sus cuantiosos recursos públicos para lanzar la campaña electoral más cara de la historia. No en vano, a pesar de que carece de mayoría suficiente para aprobar proyectos de ley y está a punto de disolver las Cortes para convocar las elecciones generales del próximo 28 de abril, el gabinete socialista está preparando todo un reguero de decretos de aquí a la cita con las urnas con el único fin de cosechar votos.

Nunca antes se había utilizado la acción de Gobierno con tal intensidad y descaro para promover la candidatura del presidente y, aún menos, valiéndose de la vía del decretazo con las Cortes disueltas, una figura reservada únicamente para cuestiones de urgente y extrema necesidad. En este sentido, el líder socialista está marcando un precedente y no sólo por las formas, sino por el fondo, ya que la cantidades de dinero anunciadas para reforzar su campaña asciende a decenas de miles de millones de euros. A continuación, se resumen algunas de las medidas diseñadas por el Gobierno de cara a la campaña electoral:

- Plan climático

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el denominado "paquete de energía y clima", cuyo fin es lograr una España descarbonizada de aquí a 2050 para, en teoría, frenar el cambio climático. Su particular proyecto ecologista prevé inversiones público-privadas por valor de 237.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales unos 47.000 millones corresponderán, directamente, a inversión pública estatal, autonómica, local y europea.

Por el momento, el Gobierno ya ha avanzado que lanzará un plan de subvenciones para el sector de la automoción entre 2019 y 2025 dotado con un presupuesto de 2.686 millones de euros para facilitar que la industria de la automoción transite hacia el coche eléctrico.

- Subida de las pensiones

Pese a que el Pacto de Toledo no logró cerrar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones, Sánchez pretende ahora aprobar por decreto ley la revalorización de estas prestaciones en función del IPC en 2020, aunque se descarta aprobar una reforma unilateral del sistema. El coste de esta decisión rondará los 2.000 millones adicionales el próximo año, pero al consolidarse y extenderse a todo el período de retiro de los jubilados afectados, su factura real será muy superior a largo plazo, agravando aún más la delicada situación financiera que atraviesa el sistema público de reparto. En la actualidad, España cuenta con más de 9 millones de pensionistas. En concreto, la Seguridad Social abonó 9,7 millones de pensiones contributivas en febrero, cuya cuantía total subió a 9.563 millones de euros, un aumento interanual del 7,15%, un alza no vista en diez años.

- Contrarreforma laboral

El Gobierno ultima otro decreto para tumbar algunas de las claves de la reforma laboral que aprobó el anterior Gobierno del PP en 2012 para contentar a los sindicatos, aunque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido que necesita "verlo en la mesa de Diálogo Social y acordarlo con un número de grupos parlamentarios suficiente para poder convalidarlo". Este cambio también implicará un incremento del gasto, y no sólo para las empresas, ya que el PSOE, entre otras medidas laborales, pretende recuperar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años (ahora la edad está en 55 años) antes de que finalice la legislatura.

- Protección social

Se quiere recuperar la cotización para los cuidadores no profesionales, así como elevar las cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente y las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva. Igualmente, el Gobierno pretende ampliar el permiso de paternidad, con el consiguiente coste extra para la Seguridad Social.

- Igualdad laboral

Todo apunta a que el próximo Consejo de Ministros también otorgará luz verde a un decreto sobre igualdad laboral, en un claro guiño a la manifestación feminista del próximo 8 de marzo.

- Empleo público

Igualmente, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha confirmado este martes que el Gobierno está negociando con los sindicatos una oferta pública de empleo para 2019. Batet ha dejado claro que esta convocatoria de empleo, cuyo número de plazas no está decidido, responde a un compromiso adquirido por el Gobierno con los sindicatos y que no va a "dejarla para después de las elecciones". "La cifra no la puedo adelantar porque estamos trabajando en ella, viendo todos los sectores y las necesidades" con el objetivo de "reforzar especialmente" aquellos que tengan "poco personal", ha explicado la ministra.

Los sindicatos han precisado a Efe que hay intención de iniciar las negociaciones a mediados de marzo con el objetivo de que la oferta esté aprobada antes de las elecciones del 28 de abril. En principio, dado que el Presupuesto en vigor es el prorrogado de 2018, para la oferta se aplicarán criterios similares a los recogidos en las cuentas del año pasado, cuando se acordaron 33.606 plazas (8.292 de promoción interna, 7.638 para estabilización y 17.676 por tasa de reposición y otros conceptos), una cifra histórica.

- Alquiler

El Gobierno espera que el decreto del alquiler pueda ver la luz antes de que concluya la presente legislatura, si bien ha reconocido que todavía no está consensuado. Entre otras medidas, se pretende que los residentes habituales no tengan que abandonar la vivienda en caso de impago.

- Más dinero para las CCAA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que están estudiando las opciones para la posible actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas -el dinero que se adelanta a las cuentas regionales procedente del sistema de financiación autonómico-. En concreto, ha indicado que el Ejecutivo tiene la intención de actualizar dichas entregas por la mejora de recaudación de los principales impuestos, pero que no incorporarán los ingresos ligados a las subidas de impuestos que se planteaban, y ha recordado que la única vez que se aprobaron las entregas a cuenta fuera de Presupuestos fue en 1996, por lo que "jurídicamente es viable".

Para la actualización de las entregas a cuenta, que no verá la luz en el próximo Consejo de Ministros, sino en otro posterior, Hacienda está realizando el cálculo de la cifra final, ya que el importe de 9.000 millones recogido en los Presupuestos de 2019 podría variar al hacerse un ajuste conforme a la prórroga presupuestaria.

Por la vía del decretazo

Y todo ello vía real decreto. Aunque la próxima semana se disolverán las Cortes, Montero ha apuntado que el reglamento permite a la Diputación Permanente aprobar también decretos sin necesidad de contar con la ratificación del Congreso. Sin embargo, esta vía está sujeta a ciertas restricciones, ya que el articulo 86 de la Constitución reserva esta figura para casos de "extraordinaria y urgente necesidad", y siempre y cuando se sometan al debate parlamentario en un plazo de 30 días.

El Gobierno de Sánchez ha aprobado, hasta el momento, nada menos que 25 decretos leyes en apenas 8 meses, una cifra récord. Pero lo más inédito es que pretenda extender la aprobación de decretos durante el período de disolución de las Cámaras. A este respecto, los analistas de Faes critican, en primer lugar, que se anuncie sin especial rubor que se va a producir una extraordinaria y urgente necesidad "cuando ésta tiene como elemento consustancial el que sea sobrevenida".

Además, si bien es verdad que la Constitución, en su artículo 78, admite que la Diputación Permanente del Congreso sustituya al Pleno a efectos de la convalidación-derogación de un decreto ley en caso de disolución de la Cámara, "no es menos cierto que en dichos supuestos la intervención parlamentaria se ve más constreñida que de producirse constante el mandato".

Y ello, no sólo porque las posibilidades de debate son más limitadas en el seno de la Diputación Permanente que en un Pleno ordinario, sino, sobre todo, "por el hecho de que su convalidación por parte de la Diputación Permanente no vaya seguida de la tramitación del decreto ley como proyecto de ley ordinaria (opción existente, en cambio, durante la vida ordinaria de las Cámaras), con la imposibilidad, por tanto, de que se introduzcan enmiendas por la totalidad de los diputados y, lo que no es menos importante, por el Senado, cuya intervención aparece enteramente excluida", concluye.

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