Habemus plan, pero la cuestión es a qué precio. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el denominado "paquete de energía y clima", compuesto por el anteproyecto de Ley y Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Transición Energética, cuyo fin no es otro que lograr una España descarbonizada de aquí a 2050 para, en teoría, frenar el cambio climático.
Entre otras medidas, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que el peso de las renovables en la demanda total de energía (desde las casas a las fábricas y oficinas, pasando por el transporte) se duplique, pasando así del 20% actual al 41% en 2030, hasta el punto de superar incluso el objetivo que marca la UE (32%); elevar la generación de energía renovable del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, con el consiguiente cierre escalonado de las centrales de carbón durante la próxima década, y de las nucleares entre 2025 y 2035; exigir que todos los vehículos que se vendan a partir de 2040 sean de cero emisiones de CO2; y un ingente plan de inversiones público-privadas de 237.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales unos 47.000 millones corresponderán, directamente, a inversión pública estatal, autonómica, local y europea.
Y todo ello permitirá, según el Gobierno, no sólo contribuir de forma decisiva a la lucha contra el calentamiento global, sino crear hasta 300.000 empleos relacionados con la economía verde (renovables y eficiencia energética) en los próximos diez años. Lo que no dice Sánchez, sin embargo, es que cada uno de esos nuevos empleos verdes costará a los españoles cerca de 800.000 euros, ya sea de forma directa (impuestos) o indirecta (incentivos y subvenciones a las empresas).
Además, el objetivo que se ha marcado el Gobierno del PSOE de forma unilateral es reducir un 37% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030, muy por encima de lo que exige la UE. Sin embargo, pese a que dicha meta requerirá de un gran esfuerzo nacional a nivel de inversiones y transformación productiva, su impacto real en la lucha contra el tan temido cambio climático resulta, simplemente, ridículo.
España emitió un total de 340 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2017, un 18% más que los niveles registrados en 1990 y un 23% menos que los de 2005, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. Pero tal cantidad apenas representa el 0,65% de las emisiones mundiales.
Así pues, el recorte del 37% que propone Sánchez tan sólo contribuirá a rebajar en un 0,2% las emisiones a nivel global en 2030. Es decir, que los 237.000 millones de euros comprometidos, el cierre de centrales y la profunda transformación que deberá afrontar la industria española tendrán un impacto casi inexistente en la reducción total de emisiones –que es de lo que se trata– y, por tanto, en la lucha contra el calentamiento.
Subida de la luz
Además, Sánchez también oculta que su gran plan se traducirá en una nueva subida del precio de la luz, ya que el cierre de las nucleares –que no emiten CO2– disparará el coste de la decarbonización. España tendrá que instalar entre 50 y 60 GW de potencia renovable para lograr los objetivos de reducción de emisiones para 2030, lo cual supondrá duplicar la actual instalación de renovables y una inversión de 60.000 a 70.000 millones de euros. El problema es que, si se prescinde de la nuclear, la instalación renovable se tendría que multiplicar por tres, teniendo que pasar de los 30 GW actuales a cerca de 90 en diez años, con el consiguiente coste añadido para la factura eléctrica que abonan familias y empresas.
Pérdida de competitividad
Y eso sin contar la pérdida de competitividad económica. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, lanzó la siguiente pregunta en el Congreso de Movilidad Sostenible celebrado en Bilbao el pasado jueves: "¿Y esto cómo lo vamos a hacer y para qué? Porque es una gotita de agua en el planeta mundo. Cuando un gobernante me dice que haga algo, le digo cómo. No he visto una alternativa para que dentro de 10 años podamos reducir un 30% las emisiones".
Pero el directivo sí señaló las posibles consecuencias: "El coste de hacerlo va a perjudicar la competitividad de la industria española […] Vivimos momentos de agitación, lamentablemente muchos políticos hablan y no saben muy bien las consecuencias de lo que hablan". A este respecto, Brufau recordó que el problema de las emisiones "va por barrios, y China es el gran contaminante", no España ni la UE.