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Las propuestas económicas del PSOE a Podemos: de revisar las causas del despido al veto al diésel

Los socialistas brindan al partido de Iglesias los puntos clave de la reforma laboral e impuestos como la tasa Google o Tobin.

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Los socialistas brindan al partido de Iglesias los puntos clave de la reforma laboral e impuestos como la tasa Google o Tobin.
Pedro Sánchez, acompañado por Narbona y Lastra

El PSOE ha incluido en el documento de propuestas a Podemos, que ha bautizado como Programa común progresista, reformar la regulación por despido con el fin de revisar las causas del despido objetivo.

Esta medida está incluida en el epígrafe "Empleo digno y pensiones dignas" dentro del documento que ocupa 76 páginas. Se trata de una de las demandas tradicionales de la formación morada que no contemplaba el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales.

Siguiendo en materia de empleo, el PSOE vuelve a plantear la modificación, con "carácter de urgencia", de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya aspectos como ampliar la ultraactividad de los convenios, revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reducir la dualidad entre temporales e indefinidos y reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Junto con la eliminación de estos aspectos de la reforma laboral, el PSOE promete también un nuevo Estatuto de los Trabajadores. También se compromete a seguir aumentando de manera gradual el salario mínimo, hasta alcanzar el 60% del salario medio.

Subidas de impuestos

En materia fiscal, el PSOE asegura que "hay margen para elevar paulatinamente la recaudación tributaria actuando en distintos niveles: la lucha contra el fraude fiscal, la reducción de la diferencia entre tipos impositivos nominales y reales que se produce en la tributación de las grandes empresas y la incorporación al sistema impositivo de aquellos sectores económicos que se encuentran actualmente infragravados o que directamente no tributan, como es el caso del sector financiero y la economía digital". Estos serán los principales palos a los contribuyentes:

  • Los bancos: los socialistas no han mencionado directamente al impuesto a la banca que pretendía aplicar a cada entidad, pero pretenden subirles el Impuesto de Sociedades. Además, incluyen un apartado con el impuesto sobre las transacciones financieras (la famosa tasa Tobin), que grava con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas.
  • Impuesto sobre Sociedades: insisten en establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, que se ampliará hasta el 18% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos.
  • Tasa Google: el PSOE vuelve a plantear el impuesto sobre determinados servicios digitales (la tasa Google). "Crearemos el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea", justifican.
  • Dividendos: quieren "limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras empresas".
  • Sicavs: el PSOE también ejercerá "un mayor control sobre las sicavs, de modo que la Agencia Tributaria pueda regularizar fiscalmente aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la normativa financiera".
  • Subida del diésel: se comprometen a "promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo" y aunque no mencionan directamente a la subida de impuestos al diésel que ya descuenta el sector, dicen que "revisarán los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización y su eficacia", por lo que por esta frase la llevarían a cabo. Dentro de la guerra al coche del Gobierno, también insisten en que "prohibiremos a partir de 2040 la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los matriculados como vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales", han asegurado.

Además, reducirán a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular.

Alquileres

En su batería de medidas, el PSOE no duda en comprometerse a intervenir el mercado del alquiler. Lo hará para "frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia".

Estudiarán medidas para "regular y controlar el uso de la vivienda con fines turísticos, con respeto a la distribución competencial entre el Estado y las CCAA".

Asimismo, apuesta por fomentar el alquiler social para las personas que, "tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional, evitando las situaciones de desamparo y exclusión residencial".

Por último, quiere "reforzar la función social de la vivienda y para ello establecerá un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran tenedor de vivienda, y que ponga a disposición de comunidades y ayuntamientos "distintas herramientas para su detección y para movilizar estas viviendas con fines sociales a precios razonables".

Pensiones

En materia de pensiones, los socialistas se comprometen a eliminar el factor de sostenibilidad, yendo más allá de su compromiso inicial de reformarlo. Junto con la eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya entrada en vigor fue aplazada hasta el año 2022, el PSOE ofrece también eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limita la subida a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social, y se compromete a actualizarlas con el "IPC real", aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas.

No obstante, este índice no se ha aplicado ni en los años 2018 ni 2019, cuando las pensiones han subido con carácter general un 1,6%, por encima del IPC previsto. Sin embargo, el IRP sigue vigente, por lo que el PSOE asume el compromiso de derogarlo.

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