Hace poco más de seis meses, Pedro Sánchez daba luz verde a una nueva normativa sobre el alquiler a su despótica manera: a golpe de decretazo. Con la excusa de favorecer al inquilino, la norma restringía aún más la libertad de mercado impidiendo al propietario decidir en varios aspectos esenciales del contrato de arrendamiento. Los más sangrantes eran la duración del mismo y el precio.
En efecto: la pulsión intervencionista de los socialistas les llevó a prohibir a los dueños de las viviendas que pudieran establecer ninguna subida adicional anual que no fuera la del IPC. Esto no es más que el primer paso para el liberticida control de precios que propone abiertamente Podemos y que el PSOE pretende aplicar por la puerta de atrás. Para la izquierda, el propietario es una figura siempre sospechosa y cargada de obligaciones para con el inquilino, víctima indefensa a la que graciosamente concedieron una extensión de la duración del alquiler desde los tres hasta los cinco años.
Como es lógico, el sector salió en tromba contra una norma demencial y con un potencial destructivo demoledor, que discrimina al propietario y genera una tremenda inseguridad jurídica. "Un decreto electoralista", "un despropósito", "un desastre en términos jurídicos", se clamó entonces. Las inmobiliarias advirtieron de que su implantación recortaría aún más la oferta de vivienda en alquiler, problema monumental que explica, de hecho, los elevados precios que se pagan en numerosos lugares.
No se equivocaban. Los últimos datos revelan que cada vez son menos los propietarios dispuestos alquilar sus viviendas. Una razón de peso es el miedo a que el próximo Gobierno cercene aún más sus derechos. De ahí que este año apenas crezca un 1,9% el número de pisos en busca de inquilino, mientras que en 2018 lo hizo en un 7,66%, según el último informe del Fichero de Inquilinos Morosos. El responsable del referido informe, Sergio Cardona, no duda en señalar al culpable: "Son las consecuencias más inmediatas de legislar de espaldas al mercado y sin tener en cuenta las necesidades reales de propietarios e inquilinos".
El temor a los impagos por el deterioro de la economía y la infame complicidad con los okupas de la izquierda quitan igualmente el sueño a numerosos propietarios. Si sólo PP, Ciudadanos y Vox plantean medidas de fomento del alquiler que comprendan la protección al propietario, no es de extrañar que sean muchos los que prefieran cerrar a cal y canto sus propiedades antes de arriesgarse, por ejemplo, a pasar por el calvario judicial que suele ir aparejado a un problema de morosidad. Por cierto, entre los disparates del decretazo de Sánchez se contaba la elevación hasta los tres meses del plazo dado a los inquilinos morosos para no ser objeto de desalojo. Si antes los dueños de los pisos tardaban ocho meses en echar a un arrendatario moroso, ahora tardan once, alertan en el sector.
Por si el panorama no estuviera ya de color de hormiga, esta semana la potentada comunista Irene Montero y varios de sus colegas podemarras han decidido lanzar una repugnante campaña de señalamiento contra una ciudadana que ha cometido el crimen de gestionar su patrimonio inmobiliario como considera más oportuno. Montero, Belarra y compañía se han comportado como una banda de escrachadores de la peor ralea. Son tan indeseables e impresentables que no dudan un solo momento en irrumpir en la vida de un particular para convertirla en un auténtico infierno hasta que se someta a sus dictados. ¡Pero ay si alguien osa pagarles con la misma moneda! Entonces todo son lloriqueos y denuncias en los tribunales. Son exactamente lo que parecen, lo peor de la política nacional y una amenaza de primer nivel contra nuestras libertades.