Lejos de condenar la violencia extrema que ha sufrido Chile en las últimas semanas, numerosas voces de la izquierda mediática y política han deslizado la idea de que este tipo de reacción sería comprensible, al menos en parte, por las injusticias económicas que, en su opinión, se derivan del modelo liberal chileno.
Libre Mercado ya ha puesto muchas de estas tesis en perspectiva, analizando al detalle la evolución de indicadores como el PIB per cápita, la distribución de la renta, la evolución de la tasa de pobreza o el acceso a la educación. Los datos fríos son claros: el liberalismo económico ha generado progreso social y el relato que quieren imponer los violentos no se sostiene ante un mero repaso a los datos.
Pero, de todo el argumentario lanzado en las últimas semanas contra el modelo liberal chileno, quizá nada resulta tan lamentable como las proclamas centradas en criticar el sistema de pensiones. Instaurado a comienzos de los años 80, dicho modelo de jubilación se basa en el ahorro privado, es decir, en aportaciones individuales a fondos que luego invierten dicho capital de acuerdo con el perfil de riesgo que selecciona cada trabajador. Este modelo se aleja del sistema de reparto imperante en países como España, donde las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones que también pagan hoy los trabajadores que están en activo.
Los críticos del sistema de pensiones chileno atacan el modelo apelando a la tasa de sustitución, un indicador que compara la pensión percibida por cada jubilado con el sueldo medio percibido por ese mismo individuo cuando estaba en activo en el mercado laboral. Un cálculo de brocha gorda puede llevar a engaño, puesto que este indicador ronda el 70% en España, pero se sitúa por debajo del 35% en Chile.
Sin embargo, no tiene sentido comparar ambos sistemas, puesto que las aportaciones que exige el sistema español son mucho mayores que las requeridas por el modelo chileno. Así, mientras que las cotizaciones aportadas en España rondan el 30% del coste laboral, en el país americano vemos que los pagos obligatorios a las administradoras de fondos de pensiones se limitan al 10%.
Por lo tanto, no hablamos de magnitudes comparables, puesto que los trabajadores españoles pagan muchos más recursos al sistema y, si ajustamos los datos, el saldo resultante muestra que las pensiones son incluso más generosas en Chile (a igual nivel de aportación al sistema de pensiones, los niveles de reemplazo rondarían el 80% en el país americano, por encima del 72% español).
Cuatro falacias adicionales
No obstante, hay cuatro lagunas más en los argumentos de los críticos. En primer lugar, el cálculo de la tasa de sustitución para Chile incorpora a todas las personas que no han generado ahorro suficiente: viudedad, invalidez, asalariados con un número reducido de años de cotización… En España, dichas pensiones son no contributivas, es decir, subsidios que no obedecen a la lógica de ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social y que podrían pagarse perfectamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
En segundo lugar, el sistema español arrastra una deuda creciente, que ya supera los 65.000 millones de euros tras haber agotado la práctica totalidad de su Fondo de Reserva. No solo eso: el déficit anual del sistema se sitúa en los 18.000 millones de euros y no para de subir. Por lo tanto, el nivel de pensiones pagado hoy en España debería reducirse un 10% en el corto plazo para que el sistema fuese sostenible, mientras que en un futuro se estiman recortes mayores (se habla de un 50% de tasa de sustitución en 2050-2060). En el caso chileno no ocurre nada de esto: el sistema es sostenible por definición, puesto que solo se basa en el ahorro y no financia las pensiones de hoy con deudas que se pagarán mañana y que son cada vez más grandes.
Hay un tercer aspecto que resulta aún más importante si cabe que todos los anteriores: la observación de la tasa de sustitución para aquellos trabajadores que realizan aportaciones al sistema durante al menos treinta años. Como es lógico, el sistema de ahorro por capitalización no puede hacer milagros y, si un trabajador solo aporta fondos durante una década, es difícil que un esfuerzo tan bajo resulte en una pensión muy elevada. Sin embargo, la tasa de sustitución observada entre quienes han trabajado al menos 25 años muestra que, de media, las pensiones pagan una tasa de sustitución cercana al 80%. Entre quienes aportan fondos durante más de 30 o 35 años, estos niveles pueden superar el 90% o incluso el 100%. Y es que, no lo olvidemos, el sistema de pensiones de capitalización concebido por José Piñera ha arrojado rentabilidades anuales superiores al 8%, descontada la inflación.
Y, en cuarto lugar, no hay que olvidar que la aplicación del sistema de reparto en Chile generaría una reducción de las pensiones equivalente al 50%. Es fácil hacer esta simulación: basta con estimar la recaudación potencial de un sistema de reparto aplicado a la estructura salarial vigente y, a continuación, repartir dichos ingresos entre el número de personas que perciben una jubilación. El cálculo es claro: las prestaciones se reducirían a la mitad bajo un modelo así.