Las promesas de la izquierda parecen una especie de tómbola dedica a repartir generosos regalos entre los ciudadanos. Lo peor de todo es que muchos de estos anuncios se quedan encima de la mesa sin que nadie exija una memoria económica capaz de justificar el coste de cada medida.
El mejor ejemplo es la propuesta de volver a actualizar las pensiones con el IPC: raro es el día en que no escuchamos a algún líder político abogar por dicha reforma… a pesar de que semejante decisión aumentaría un 40% el déficit de la Seguridad Social, llevándola definitivamente a la quiebra. Un disparate en toda regla que, no obstante, va calando entre la sociedad ante el silencio de la mayoría de medios de comunicación.
Quizá la única forma de encauzar el debate hacia el terreno de los datos es plantearnos quién paga los servicios públicos sobre los que se plantean tantas mejoras aparentemente gratuitas. Según el CIS, el 60% de los ciudadanos cree que su aportación fiscal es superior al valor de las prestaciones obtenidas. Pero, ¿es esto cierto?
Santiago Calvo, economista por la USC, tiene claro que la situación real es muy distinta: "Los datos reflejan que solamente el 10% de mayores ingresos está en posición de decir que aportan al sistema más de lo que reciben. Si comparamos los impuestos y las transferencias, vemos que dicho colectivo ve reducida su renta bruta en porcentajes que llegan al 30,6% entre quienes más ganan".
El también miembro del Instituto Juan de Mariana se apoya en datos de Fedea para analizar esta cuestión. Según explica, "si estudiamos lo que pasa con las rentas bajas vemos que ocurre todo lo contrario. Comparando lo aportado y lo recibido, resulta que el 10% de menos ingresos aumenta su renta bruta un 40,7%, vía impuestos y transferencias. Por lo tanto, tenemos un sistema fiscal progresivo y quienes realmente sostienen al Estado son aquellos ciudadanos con ingresos de más de 60.000 euros anuales".
Las rentas altas sostienen el estado del bienestar
Para que se entienda mejor, Calvo plantea el siguiente supuesto: "una persona que ganó de media 58.000 euros está aportando 6.000 euros más de lo que recibe por transferencias. En cambio, alguien que obtiene unos ingresos brutos de 8.000 euros obtiene por dicha vía un aporte adicional de más de 3.000 euros".
Esto se debe a que tenemos un sistema fiscal bastante redistributivo: "Solo hace falta ver las liquidaciones por tramo de renta del IRPF, donde encontramos que aquellos que declaran unos rendimientos por encima de 60.000 euros son apenas el 4% del total, pero aportan el 37,5% del total de recaudación del gravamen", apunta el economista gallego.
Calvo insiste en que los políticos "tienen la obligación de hablar claro. Si quieren un Estado más grande, entonces deben ser rigurosos y explicar que todos los ciudadanos van a tener que soportar el coste. Por otro lado, cuando se defiende que los ricos deben pagar aún más impuestos, nos intentan justificar ese tipo de política fiscal diciendo que habrá mejoras en educación o sanidad, a pesar de que la evidencia muestra lo importante no es gastar más, sino gastar mejor".
Puede que sea impopular decirlo, pero también es hoy más necesario que nunca lanzar este tipo de mensajes. No en vano, la deuda pública ronda el 100% del PIB y el déficit sigue por encima de los 25.000 millones de euros, de modo que no es momento de caer en populismos fiscales y pretender que todo se resuelve persiguiendo a los ricos con más impuestos.