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Tasa Tobin: los problemas del impuesto que 'no' pagará las pensiones

PSOE y Podemos utilizan la excusa del tributo finalista para aprobar un modelo que ha fracasado en otros países europeos.

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PSOE y Podemos utilizan la excusa del tributo finalista para aprobar un modelo que ha fracasado en otros países europeos.
Una imagen de archivo de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en el Congreso. | EFE

Oficialmente se llama Impuesto sobre las Transacciones Financieras, pero casi nadie lo conoce con ese nombre. En los medios, casi siempre lo denominan "Tasa Tobin", en honor al economista que lo popularizó en los años 70. E incluso, en los últimos años, se le ha dado en llamar en ocasiones "Tasa Robin Hood" porque, aseguran sus defensores, es un tributo que gravaría a los ricos para financiar servicios destinados a los más pobres. Aquí habría que recordar a sus promotores, que el famoso bandido que se escondía en los bosques de Sherwood robaba a los recaudadores de impuestos para devolverle el dinero a los contribuyentes (no está muy claro si esto lo tienen en la cabeza nuestros modernos sheriffs de Nottingham).

En cualquier caso, más allá del debate sobre su nombre, lo cierto es que es uno de los nuevos impuestos que más se ha popularizado en los últimos años. Este sábado, explicábamos que la llamada "Tasa Google" será, probablemente, el primer nuevo tributo que creará el nuevo Gobierno: los dos partidos de la coalición están de acuerdo en ello, hay una corriente de opinión en la izquierda que lo apoya y, además, ya existe un proyecto de ley que se tramita desde hace meses en el Congreso, por lo que el proceso legislativo es más sencillo que si hubiera que empezar de cero. Pues bien, algo parecido puede decirse de esta "Tasa Tobin" que también tiene su correspondiente Proyecto de Ley, que entró en el Congreso el pasado 22 de enero. Ahora sólo queda esperar para ver cuál de los dos tributos gana la competición por ser el primer nuevo impuesto de la era Sánchez. En el caso del que hoy nos ocupa el Gobierno lo está vendiendo, además, con un añadido para ayudar al marketing: su recaudación se destinará íntegramente a reducir el agujero de las pensiones. Eso sí, una mala noticia para sus defensores: si es por eso, sus esfuerzos serán bastante poco efectivos.

El impuesto

La idea del ITF es penalizar las ventas de las acciones emitidas por compañías españolas en mercados regulados. De esta manera, si se aprueba, se gravará la venta de acciones, de acciones derivadas de ejecución o liquidación de bonos canjeables y convertibles, de instrumentos derivados y otros contratos financieros. Habrá un límite en las compañías afectadas: sólo se cobrará (un tipo del 0,2%) en las transacciones de empresas con una capitalización bursátil de al menos 1.000 millones de euros (el día 1 de diciembre de cada año se publicará una lista de las compañías sujetas al ITF durante el siguiente ejercicio). En estos momentos, hablamos de unas 65-70 empresas que alcanzan esa cifra, aunque habría que esperar a la fecha de corte para ver quién se queda dentro y fuera.

Como explicaba este jueves, en las Jornada sobre la fiscalidad de la economía digital organizadas por Fedea, Carlos Contreras, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los mayores expertos en este impuesto de nuestro país, la Tasa Tobin es uno de los impuestos que más polémica genera en la actualidad, con acérrimos defensores y detractores. Los primeros defienden el tributo por numerosos motivos que van desde la supuesta infra-tributación del sector financiero hasta los perjuicios para la economía real que tiene el trading de alta frecuencia (HFT) que cada vez es más común en los mercados (y que, con las nuevas herramientas informáticas se ha disparado, todavía más en los últimos años).

Aquí hay un argumento interesante que vendría a ser, más o menos, el siguiente: esta actividad, la negociación de alta frecuencia, no aporta ningún valor a la economía real y, sin embargo, sí genera enormes distorsiones (desde atraer capital humano de alta cualificación que estaría mejor empleado en otras ocupaciones hasta generar una volatilidad en los mercados financieros que los hace menos seguros). En este sentido, la lógica del nuevo impuesto vendría determinada no tanto por el afán recaudatorio, que se asume que no tendrá demasiado impacto, como por la necesidad de penalizar una actividad que no aporta nada de valor en cualquier caso.

Enfrente, los que se oponen al tributo (empezando por todas las compañías bursátiles relevantes, como BME en España; por ejemplo, ver aquí este artículo en su web) alegan que su potencial dañino puede ser muy relevante para un resultado muy pequeño. Así, en los países en los que se ha implantado se ha recaudado mucho menos de lo esperado y, a cambio, los efectos negativos son muy importantes: desde la fuga de empresas y operaciones del país que lo implante hasta la pérdida de recaudación neta por la menor actividad y beneficios de los operadores del mercado.

No sólo eso, los críticos del impuesto recuerdan que puede tener tres efectos secundarios que empeoren, incluso, la situación a la que se supone que se quiere poner coto:

  • En primer lugar, como recuerda Contreras, el impuesto tendrá un "impacto negativo en la liquidez" de las compañías afectadas, lo que redundaría en una "menor calidad en el proceso de descubrimiento de los precios de estos activos". Y es que la HFT puede que no tenga sentido a los ojos de los inversores fundamentales, aquellos que buscan el valor real a medio y largo plazo de las acciones cotizadas, pero genera en el mercado una liquidez clave, que abarata y simplifica las operaciones y reduce el spread de precios entre comprador y vendedor.
  • Por eso, alertan estos críticos, un tributo como el ITF puede provocar el efecto contrario al buscado y aumentar la volatilidad de los valores a los que afecte, sobre todo en las sesiones o períodos del mercado de más nerviosismo y caída de precios.
  • Porque, además, hay una cuestión casi contradictoria en el propio diseño del impuesto, porque en las operaciones intradía (las que se abren y cierran en la misma jornada bursátil) sólo se gravará el neto resultante tras el cierre de la posición, por lo que no es tanto el HFT lo que resultará penalizado como las compra-ventas de unos pocos días de duración.
  • Todo esto provocaría un triple efecto muy peligroso: podrían perderse en nuestro país numerosos empleos de alta cualificación y salarios elevados (la recaudación fiscal neta podría caer, porque lo que ganas con el ITF lo pierdes en el IRPF e Impuesto de Sociedades de los traders que se marchan a Londres o Singapur); se produce una distorsión artificial en el mercado, desde las compañías sujetas al impuesto a las que quedan por debajo del límite, lo que genera un efecto indeseado de más negociación en unas y menos en las otras; dado que algunos de los instrumentos financieros más novedosos y los llamados mercados no regulados quedan al margen de Hacienda, se puede estar fomentando precisamente lo contrario a lo buscado (la especulación con activos todavía más arriesgados para el inversor medio que los empleados en la actualidad).

Contreras, por ejemplo, presentó este jueves un complejo y muy interesante modelo sobre las consecuencias en la contratación de un impuesto como el incluido en el proyecto de ley. Sus conclusiones son llamativas:

  • Para la actividad a un día y semanal, el impacto de un tipo impositivo del 0,20% en el retorno esperado es muy significativo
  • Incluso con un tipo impositivo del 0,10% desaparecería la actividad a un día, porque el coste del impuesto superaría o se acercaría mucho al retorno esperado. Y esto ocurre, incluso, para los valores de mayor volatilidad, aquellos a los que, en teoría, menos debería afectar un impuesto como éste.
  • En resumen: "es previsible que desaparezcan las estrategias de inversión de entre 1 y 3 días" y "la actividad procedente de estrategias a plazos superiores puede reducirse significativamente"

La recaudación y las pensiones

Pero, sin duda, una de las principales polémicas tiene que ver con la recaudación. Así, el Gobierno prevé unos ingresos de 850 millones de euros aproximadamente. Mientras, los detractores de la medida creen que la cifra real se quedará muy corta respecto a esas estimaciones. Así, citan los casos de Francia o Suecia, países en los que se implantó en su momento un ITF y en los que los ingresos del Estado por el mismo se quedarán muy lejos de lo previsto (sobre todo en Suecia, aunque es cierto que en el país nórdico los tipos eran muy superiores a los que se establecerán en España).

En cualquier caso, como apuntábamos este sábado en relación a la Tasa Google, ésta es una discusión que puede ser eterna. Sin impuesto, es imposible saber cuánto recaudará en la práctica y los efectos que tendrá. A lo máximo a lo que podemos llegar es a apuntar oportunidades y riesgos del tributo.

Sin embargo, sí hay un aspecto interesante en el caso español: el Gobierno siempre ha planteado la adopción del ITF dentro del proceso de organización de las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, no sólo tiene el objetivo antiespeculativo con la que se creó sino que, además, se plantea como un tributo finalista y sus ingresos irían dirigidos íntegramente al organismo que paga las pensiones de nuestros jubilados.

Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, esto de los tributos finalistas no deja de ser una ficción política: todos los ingresos del Estado, ya sean de impuestos sobre la renta, el consumo o de las cotizaciones, van a la misma caja; y de allí se sacan los gastos que cada año se determinan en los Presupuestos Generales del Estado. La famosa separación de fuentes no deja de ser un titular sin demasiado fundamento.

En este caso, sin embargo, vamos a hacer una excepción en este planteamiento y vamos a calcular ingresos y gastos como si realmente lo recaudado por este impuesto fuera a ir destinado al 100% a la Seguridad Social. Porque con las cifras encima de la mesa lo que es evidente es que la Tasa Tobin, un tributo que tiene todos los riesgos sobre la actividad y los mercados que apuntábamos anteriormente, no cubriría, ni de lejos, los números rojos del sistema. Si hay que defender el impuesto tendrá que ser por sus efectos sobre la especulación o la volatilidad de los precios en los mercados financieros. La recaudación y las pensiones son un mal sustituto:

  • El déficit oficial de la Seguridad Social previsto para este año asciende a 18.651 millones de euros (según el Proyecto de PGE presentados a principios de 2019). Por lo tanto, los 850 millones del ITF (y ésta es la mejor estimación de recaudación, la mayoría de los expertos apuntan a que la cifra real sería menor) apenas supone el 4,5% del agujero del organismo.
  • Pero, como hemos explicado en otras ocasiones, en ese déficit oficial se incluyen gastos e ingresos (por ejemplo, las transferencias del Estado) que no tendrían por qué estar ahí. Por eso, desde Libre Mercado siempre hacemos la cuenta del déficit real del sistema, el que viene marcado por la diferencia entre los ingresos por cotizaciones (123.584 millones previstos para este año) y los gastos por transferencias corrientes a las familias (154.645 millones). Como vemos, supera los 31.000 millones: o, lo que es lo mismo, el ITF y sus 850 millones apenas cubrirían el 2% del déficit real de la Seguridad Social.

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