La alianza del PSOE con los comunistas, los separatistas y los abertzales ha hecho saltar todas las alarmas. Con una economía en franca desaceleración y numerosos desequilibrios pendientes de ajuste, las propuestas anunciadas por Pedro Sánchez y sus socios amenazan con llevar a España a una situación límite, sobre todo porque la eventual materialización de estos anuncios se produciría de la mano de otras medidas preocupantes, como las referidas a cuestiones sociales o territoriales.
Ante este panorama, la economía ha jugado un papel relevante, aunque secundario, en los discursos pronunciados por los portavoces de los distintos partidos políticos durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Libre Mercado ya ha estudiado los desvaríos económicos del líder socialista, pero ¿qué dijeron sobre estas cuestiones los principales líderes de la oposición?
Casado: pensiones y Bruselas
Pablo Casado tocó un tema espinoso para el futuro gobierno cuando se refirió al "desvío del déficit y la deuda" que ha perpetrado el Ejecutivo socialista durante el último año y medio. El resultado de dicho descontrol ya se percibe en las obligaciones del Tesoro, puesto que la deuda pública sube en 28.853 millones de euros desde que Sánchez está en La Moncloa.
El dirigente de los azules explicó que, según los cálculos de su partido, "los compromisos de gasto del nuevo gobierno ascienden, por lo menos, a 30.000 millones de euros. Mientras tanto, le estamos diciendo a Bruselas que vamos a cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria y hacer un ajuste de 7.000 millones. ¿A quién le está mintiendo el Señor Sánchez? ¿A España o a la Unión Europea?".
El líder del PP tocó también la congelación de las pensiones que anunció hace algunas semanas el gobierno en funciones como estrategia de presión para acelerar la investidura de Pedro Sánchez. En este sentido, cabe recordar que el sistema está en déficit y que, a priori, tal medida no sería negativa para su salvaguardia. No en vano, la aplicación del factor de sostenibilidad que diseñaron los populares contemplaba una congelación de facto, puesto que en situaciones de desequilibrio como la actual solo autorizaba una subida simbólica de las pensiones, del 0,25%. Decir algo así no resulta muy atractivo de cara al electorado, pero es la única forma de proteger la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Durante su turno de palabra, Casado también criticó el control de precios que han pactado PSOE y Podemos para el mercado del alquiler. El presidente del partido con sede en la calle Génova recordó a Sánchez que esto supone una limitación de la libertad de empresa y un asalto a la propiedad privada de las familias. Este último punto es importante, porque no hay que olvidar que más del 95% del parque de viviendas español está en manos de particulares.
Abascal: huelgas y ecologismo
Santiago Abascal aprovechó sus intervenciones para reprochar al líder socialista que haya introducido "a los comunistas en el Consejo de Ministros" y centró su crítica en las redes clientelas que podrá tejer Podemos: "ahora podrán manejar presupuestos con los que alimentar ese Leviatán comunista que necesita de la subvención para desarrollarse. Con esos millones de euros, regarán a cada asociación, a cada ONG, a cada entidad controlada por sus camaradas".
El dirigente de Vox también se refirió a una chocante medida que han incluido PSOE y Podemos en su acuerdo de gobierno: la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. La redacción de dicho punto estipula lo siguiente:
- Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
- Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.
- Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".
Así pues, retirar este artículo del ordenamiento jurídico implica una barra libre para organizar todo tipo de huelgas violentas, pero de hecho supone también una amenaza para el derecho al trabajo. Así lo interpretó el dirigente de Vox, que denunció que el objetivo de Sánchez e Iglesias es que "los piquetes sindicales tengan impunidad total para intimidar a quien no quiere hacer huelga y quiere ir a su puesto de trabajo".
Abascal también se refirió a las consecuencias económicas de la política de "transición ecológica" que han acordado PSOE y Podemos: "Lo que quieren hacer es culpabilizar al campo y a la industria, lo que buscan es castigar a los más humildes para que ya no puedan entrar en las ciudades con su coche, lo que están haciendo es hundir a la industria del automóvil como ha ocurrido después de que a la ministra se le calentase la boca hablando del diésel".
Por su parte, Inés Arrimadas centró sus intervenciones en hacer una dura crítica política a Pedro Sánchez, a quien reprochó sus continuos cambios de discurso y sus cesiones ante los independentistas. Eso sí: la líder de Ciudadanos lamentó que los socialistas digan defender las autonomías mientras pretenden limitar la capacidad de Madrid para bajar impuestos y también insistió en hablar de los problemas que van a enfrentar los autónomos bajo el nuevo gobierno.