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Los desvaríos económicos del discurso de investidura de Sánchez que anticipan el desastre

Un repaso a los datos, las afirmaciones y los errores más preocupantes de la intervención del líder socialista en el debate.

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Un repaso a los datos, las afirmaciones y los errores más preocupantes de la intervención del líder socialista en el debate.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EFE

El debate de investidura del candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, se ha producido en el marco de una encendida polémica referida a las alianzas del líder socialista con las agrupaciones comunistas y separatistas con representación en las Cortes. Este pacto genera especial inquietud por motivos ligados a la cohesión territorial y la unidad de España, pero sería un error pensar que los riesgos de esta confluencia de fuerzas radicales se limita a dichas cuestiones, sin duda importantes, ya que, de hecho, la economía está también llamada a sufrir un notable deterioro en caso de que se cumplan las promesas realizadas por el PSOE, Podemos y sus diversos socios, esbozadas todas ellas por Sánchez en su comparecencia en las Cortes. En su discurso de investidura de ayer sábado, Sánchez no dejó lugar a dudas de sus desvaríos económicos.

Pensemos, por ejemplo, en el salario mínimo interprofesional (SMI). Si su aumento fuese gratuito, es evidente que todos favoreceríamos una subida generalizada. Sin embargo, el coste laboral mínimo determina a menudo la diferencia entre estar empleado o no. Esto es especialmente acusado en ciertos sectores y grupos de población. La evidencia disponible muestra que, durante el pasado año, el fuerte aumento del 22% en el salario mínimo generó una fuerte caída de la ocupación en los segmentos laborales más vinculados al mismo. De enero a noviembre, el empleo bajó en 18.386 personas entre los jóvenes, en 10.098 asalariados entre los trabajadores inmigrantes, en 8.829 efectivos en el sector agrícola… También en el empleo doméstico se percibió un fuerte descenso: en los tres primeros trimestres del año, el número de personas ocupadas en dicho ámbito cayó en 35.700.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha propuesto que, al final de la legislatura, el SMI sea "el 60% del sueldo medio de nuestro país". Esto implicaría alcanzar los 1.200 euros o, lo que es lo mismo, un aumento del 70% entre 2018 y 2024. Y, como es lógico, la consecuencia directa de esta medida será una notable pérdida de empleo entre cientos de miles de trabajadores.

Pero Sánchez no solo mueve ficha en el SMI: también se anuncian cambios en todo el mercado de trabajo, donde el líder socialista se ha comprometido a "derogar la reforma laboral". La idea sugerida en la sesión de investidura fue la de "un crecimiento que se convierta en empleo" y que "garantice el trabajo estable y de calidad".

Si estas son las razones para acabar con la reforma laboral, quizá el presidente debería repasar los datos. Por ejemplo, si uno cruza las tasas de crecimiento del empleo con las del aumento del PIB, puede comprobar que ambos indicadores se han movido de forma muy pareja entre 2014 y 2018. Por ejemplo, en 2016 veíamos que el PIB subía un 3,4% y el empleo lo hacía un 3,2%. No solo eso: tal y como ha demostrado recientemente el Banco de España, la reforma laboral ha permitido mejorar incluso tal relación, puesto que ahora es posible crear empleo con menos crecimiento que antes (a partir de aumentos del PIB inferiores al 1%). ¿Y qué hay de la creación y calidad de empleo? Libre Mercado ya ha desmontado anteriormente el falaz discurso de Sánchez referido a estas cuestiones, pero conviene recordar de nuevo las cifras clave de aquel análisis. En efecto, el PSOE dijo en 2012 que la reforma laboral del gobierno del PP traería consigo un aumento del paro, pero desde su aprobación se han generado 2,2 millones de puestos de trabajo. Posteriormente, la izquierda habló de un giro a la precariedad, pero la temporalidad cayó del 35% al 25% y el empleo indefinido llegó a suponer hasta el 70% del nuevo empleo creado. También se dijo que se estaba generando un reparto de las horas trabajadas, pero la subida del empleo a tiempo completo fue de 1,9 millones de personas, mientras que el tiempo parcial solo creció en 300.000. Otra línea de ataque del socialismo español contra la flexibilización laboral diseñada por el Mariano Rajoy y su ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se refería a los sueldos, pero los datos del ministerio de Trabajo apuntan que han subido un 1% en 2016, un 1,5% en 2017 o un 2% en 2018. Además, si se estudian los microdatos salariales que aporta el INE, vemos que el 10% de menos renta del año 2013 tenía tres años después un 90% más de ingresos o que el sueldo más habitual del conjunto de los españoles aumenta a tasas del 6%. Por último, aunque el PSOE hable reiteradamente de "recuperar el diálogo social" y "volver a la negociación colectiva", lo cierto es que no ha habido cambios significativos en la cobertura de dichos acuerdos, tal y como acreditan las cifras publicas por la Organización Internacional del Trabajo.

Hay que tener en cuenta, además, que el bagaje del empleo en el primer año entero de gobierno de Pedro Sánchez ha sido francamente preocupante. Además del aumento del paro entre los colectivos más vulnerables, descrito en párrafos anteriores, lo cierto es que el curso 2019 se ha cerrado con el peor dato anual desde los momentos más duros de la crisis. No solo eso: el empleo indefinido, que subía a una tasa interanual del 20% cuando Sánchez llegó al gobierno, está ahora bajando a un ritmo del 4%. Y, de hecho, estas cifras podrían ser peores, puesto que el grueso de la creación de empleo que aún se sigue dando se concentra ahora en los feudos políticos del centro-derecha político (Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León…).

Surrealismo entre gastos e ingresos

Pero quizá el punto más surrealista de todos los que tocó Sánchez en clave económica fue el referido a gastos e ingresos. Por ejemplo, el líder del PSOE prometió "ser vigilante en la efectividad del gasto", a pesar de que los desembolsos de las Administraciones Públicas han subido tanto en 2019 que se han comido literalmente todo el aumento de la recaudación tributaria, impidiendo una reducción del déficit. De hecho, entre enero y septiembre de 2019 se produjo un repunte del 26% en el diferencial negativo entre ingresos y gastos. No solo eso: el propio gobierno reconoce que dicho desfase permanecerá casi inalterado respecto a 2018, lo que ha hecho que muchos analistas hablen ya del curso 2019 como el año perdido en materia de reducción del déficit.

Pese a esta creciente brecha fiscal, Sánchez insistió en defender durante su discurso de investidura que su gobierno "cumplirá los compromisos con Europa" y "controlará el gasto público". No obstante, a fecha de hoy, lo único cierto es que su paso por La Moncloa se está saldando con un franco retroceso en este campo, puesto que el escenario más optimista planteado por su Ejecutivo contempla que, durante la legislatura que ahora comienza, se producirá un aumento de la deuda equivalente a 1.400 euros por hogar. No solo eso: el Banco de España ya ha alertado de que el déficit seguirá descontrolado en los próximos años.

Sin embargo, el programa de gobierno que esbozó Sánchez en su discurso de investidura estuvo repleto de llamadas a seguir disparando el gasto. Por ejemplo, cuando propuso que el gasto en educación suba hasta el 5% del PIB, lo que puso encima de la mesa fue un aumento equivalente a 9.600 millones de euros. Y la educación es una sola una parte. Si se consideran todos los compromisos asumidos por los socialistas, estamos ante un aumento del gasto estimado en los 35.000 millones de euros, según cálculos de Carlos Segovia publicados por el diario El Mundo el pasado 30 de diciembre.

Evidentemente, tal situación prefigura un escenario desastroso para la estabilidad presupuestaria. Consciente de ello, Sánchez habló también de "justicia fiscal" y de "progresividad", dos palabras que vinculó con el objetivo de situar la recaudación "en la media de los países de la Eurozona". ¿Qué significa esto? Si comparamos la estructura recaudatoria de nuestro país con el promedio europeo, podemos ver que la equiparación tributaria implica aumentar el IVA (400 euros más por persona), el IBI (360 euros más por recibo), el IRPF de los jubilados (con la consecuente pérdida de poder adquisitivo), etc. En paralelo, otra de las fórmulas que habilitaría la armonización fiscal sería la supresión de Sucesiones y Donaciones o de Patrimonio, curiosamente dos gravámenes defendidos a capa y espada por los mismos socialistas españoles que dicen querer acercarse a los sistemas europeos donde muchos de sus homólogos rechazan ambas tasas.

Pero Sánchez sostiene que, en el caso español, la armonización de ingresos llegará por otras vías, con "un sistema fiscal progresivo en el que paguen más los que ganan más". Resulta un tanto chocante que el líder socialista declare algo así, puesto que es evidente que, de acuerdo con nuestro modelo impositivo, quienes más ganan son también quienes más recursos dejan en las arcas de la Agencia Tributaria. Vayamos impuesto por impuesto:

  • En el IRPF vemos que el 20% que más gana arroja el 75% de los ingresos conseguidos por Hacienda, mientras que el 40% que menos gana solo aporta el 1%. Ajustando un poco más el tiro, vemos que el 5% que más gana (rentas de más de 60.000 euros) deja casi el 40% de los recursos fiscales.
  • Si analizamos el Impuesto de Sociedades, ocurre algo similar: el 0,002% de las empresas aporta el 60% de toda la caja generada por este tributo.
  • En el IVA hay horizontalidad en los tipos, puesto que todos los contribuyentes abonan los mismos, si bien un mayor nivel de renta tiende a suponer un mayor nivel de consumo, de modo que la aportación monetaria es superior en el caso de los que más ganan (es decir, todos pagamos un tipo general del 21%, pero si nuestro consumo anual es diez veces mayor, habremos contribuido también diez veces más al fisco en concepto de IVA).
  • En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones vemos que muchas comunidades han empezado a bonificarlo por debajo de ciertos umbrales, pero han seguido aplicándolo para transmisiones patrimoniales abultadas.
  • En el IBI encontramos que el recibo está relacionado con el tamaño del inmueble y el valor catastral asociado al mismo. Aunque esto no está directamente vinculado con el nivel de renta de los contribuyentes, sí es cierto que, por lo general, quienes habitan en domicilios de mayor tamaño y mejor emplazamiento son también quienes tienen un mayor nivel de vida.
  • El Impuesto de Patrimonio fue creado expresamente para captar más recursos fiscales de quienes tienen más activos, de modo que resulta evidente que esta tasa golpea únicamente a quienes poseen más riqueza, si bien es cierto que algunas personas pueden tener ingresos altos y patrimonio bajo, o viceversa (flujo vs stock).

Aún así, Sánchez promete que el gran aumento del gasto planteado para la próxima legislatura saldrá íntegramente del bolsillo de este reducido grupo de contribuyentes. Pero los números son los que son y desmienten que un programa de expansión del gasto tan pronunciado pueda financiarse solamente con el dinero de unos pocos. Por ejemplo, el Impuesto de Patrimonio genera apenas 1.000 millones de euros, es decir, un insignificante 0,5% de la recaudación fiscal total. Incluso duplicando los ingresos derivados de tal gravamen, solo estaríamos ante el 1% de la recaudación total. Y, ni que decir tiene, que nuevos movimientos fiscales en este impuesto pueden tener consecuencias negativas en otras áreas (menos inversión, menos creación de empleo, "exilio fiscal" de contribuyentes acaudalados que elijan radicarse en otros países, etc.). Por otro lado, si estudiamos el IRPF podemos ver que la última subida impositiva del PSOe a las rentas altas aumentó los ingresos fiscales un nimio 0,2% y que los principales expertos en el gravamen alertan de que nuevas subidas como las planteadas por Sánchez pueden reducir la recaudación un 4%, en vez de generar un aumento del dinero obtenido de dicho grupo de contribuyentes.

La manifiesta insuficiencia de los ingresos potenciales obtenidos de las rentas altas y los grandes patrimonios explica que Sánchez hable de aplicar otros tributos, pero "evitando cualquier aumento de la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras, que en ningún caso se van a ver afectadas". Sin embargo, la legislatura que está por comenzar incluye compromisos de subir impuestos a las empresas tecnológicas, a las operaciones financieras, al combustible de diésel… Es decir, a bienes y servicios consumidos por millones de españoles, esas "clases medias y trabajadoras" a las que Sánchez pretendía blindar ante cualquier aumento tributario pero que soportarán precios más altos como consecuencia de dichas cargas adicionales sobre las empresas prestatarias de tales productos.

Ahondando en esta cuestión, es interesante recordar que Sánchez plantea subir la presión fiscal de las grandes empresas pero bajar del 25% al 23% el Impuesto de Sociedades de las pymes. La intención es evidente: se pretende trasladar a la opinión pública la idea de que las empresas de menor tamaño salen beneficiadas con el nuevo gobierno. Pero la realidad es muy distinta. De entrada, pensemos que, aunque hay 1,4 millones de empresas facturando por debajo del millón de euros, solo unas 350.000 tienen beneficios y pagan este gravamen. En consecuencia, el efecto llega solo a la cuarta parte de las pymes. Además, el ahorro estimado es de apenas 260 millones de euros, que suponen el 1% de la recaudación generada por este impuesto (unos 24.848 millones). Las sociedades beneficiadas se ahorrarían solamente 740 euros, pero seria un error pensar que estas pymes salen ganando, porque en paralelo a esta medida se dan muchas otras que suponen un fuerte aumento de los costes fiscales o de los gastos regulados que deben hacer frente. Por ejemplo, asumirán anualmente 3.600 euros de costes laborales adicionales por cada trabajador que pase a percibir el nuevo SMI de 1.200 euros defendido por Sánchez. Y, no lo olvidemos, muchos de los responsables de estas pymes son autónomos que, al final de la legislatura, podrían ver cómo sus cotizaciones sociales se triplican, en caso de que PSOE y Podemos cumplan su promesa de hacer que los trabajadores por cuenta propia "coticen por sus ingresos reales".

Pensiones

El decálogo de medidas de gobierno sugerido por Sánchez en su intervención tocó también otro de los puntos que más nerviosismo debería generar entre los ciudadanos: el de la regulación. Socialistas y comunistas se han comprometido a regular los precios del alquiler y a introducir nuevas restricciones verdes. Lo primero ha fracasado en buena parte de las capitales europeas (Berlín es el último ejemplo, pero también en Estocolmo o en París se han producido efectos similares). Lo segundo preocupa, y mucho, en ámbitos como la industria, donde por ejemplo el globo sonda de la prohibición del diésel ha provocado un hundimiento de ventas y ha empujado a la recesión a un sector que venía liderando la recuperación de la actividad secundaria.

Y, por último, no podemos ignorar la gravedad de lo que está ocurriendo con el sistema de pensiones. Si estudiamos la salud financiera de la Seguridad Social en términos de caja, vemos que España tiene el mayor agujero de toda la Unión Europea. De hecho, la norma en casi todos los países de nuestro entorno es el superávit, de modo que el déficit español resulta doblemente preocupante. Sin embargo, el sanchismo y sus aliados insisten en subir las pensiones de acuerdo con la evolución IPC. Si los ingresos necesarios se obtienen por la vía del aumento de las cotizaciones, los trabajadores pagarán a la Seguridad Social 830 euros más cada año, con el consecuente golpe a sus bolsillos. Y si se tira de déficit, pues ensancharemos más aún la deuda de un sistema donde las pensiones están, de media, 150 euros por encima de lo que permiten financiar las cotizaciones. Un auténtico desastre que solo puede ir a peor si el PSOE insiste en aumentar los desequilibrios de la Seguridad Social.

Patriotismo anti-liberal

Sánchez también tuvo tiempo para hablar en clave ideológica. Hay que recordar que, en enero de 2019, el líder del PSOE afirmó que "el liberalismo político en España está huérfano" y dijo aspirar "a representar a la socialdemocracia, pero también al liberalismo". Sin embargo, su mirada del liberalismo en enero de 2020 parece muy distinta a la de hace apenas un año.

Y es que el líder del partido del puño y la rosa no dudó en cargar las tintas contra el liberalismo a lo largo de varios segmentos de su discurso:

"No creemos en una sociedad de mercado"

"El dinero no siempre está mejor en el bolsillo de aquel que posee una fortuna"

"El mercado no puede gestionar la educación, la salud o la seguridad"

"Es rotundamente falsa la concepción neoliberal que afirma que la sociedad no existe como sujeto y que solo considera como tal a los individuos y familias"

Sánchez entroncó esta parte de su discurso con su particular definición de patriotismo, que más de un observador podría confundir con una mera descripción de servicios públicos… He aquí algunos ejemplos:

"Quienes defienden tanto la libertad o el patriotismo deberían prestar más atención a los bienes públicos. Eso es lo que nos une, ese es el patriotismo social"

"España, para muchos de nosotros, es la educación pública, las pensiones públicas, la sanidad pública, los impuestos que pagamos"

"Es lo público lo que nos une y nos vincula"

Un previsible desastre económico

De todo lo anterior se puede deducir que el comportamiento de la economía española puede experimentar un franco deterioro en los años venideros. El crecimiento, que estaba por encima del 4%, se sitúa ya por debajo del 2%. La deuda ha saltado del 40% al 100% del PIB y, pese a las inyecciones del Banco Central Europeo, no hay avances en materia de reducción del déficit. El paro, que sigue cerca del 14%, es de los más altos de Europa y puede volver a aumentar si se consolida el frenazo del mercado de trabajo. La industria y otros sectores de actividad llevan ya muchos meses en números rojos. Y el populismo imperante en materia de pensiones puede llevarnos a la quiebra de la Seguridad Social.

A pesar de todas estas señales de alerta, el discurso de investidura de Pedro Sánchez plantea todo tipo de medidas irresponsables. En caso de aplicarse, veremos que, de forma progresiva, los desequilibrios irán en aumento, llevándonos a un nuevo ciclo de mediocridad económica que afectará gravemente a familias y empresas, sumiendo a España en una nueva crisis.

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