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¿Dónde está la armonización del Impuesto de Sucesiones? La letra pequeña del acuerdo PSOE-Podemos

No mencionan la "armonización" de los impuestos autonómicos en su acuerdo, pero sí hacen referencia a "resolver asimetrías" entre las CCAA.

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No mencionan la "armonización" de los impuestos autonómicos en su acuerdo, pero sí hacen referencia a "resolver asimetrías" entre las CCAA.
María Jesús Montero llegando al Congreso el tercer día del debate de investidura | EFE

En los 50 folios del "Documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España", que han elaborado PSOE y Podemos para llevar a cabo su Gobierno, el término armonización sólo aparece una vez, y no precisamente para referirse a las Comunidades Autónomas. Las formaciones de Sánchez e Iglesias lo mencionan, en la página 47, para criticar la competitividad fiscal entre los diferentes países de la Unión Europea (UE). Curiosamente, con los mismos argumentos que han utilizado para cargar contra las regiones españolas que tienen impuestos bajos.

"Defenderemos la progresiva armonización fiscal, para evitar el dumping fiscal entre países miembros, así como la erradicación de los paraísos fiscales", reza el texto que hicieron público PSOE y Podemos el pasado 30 diciembre, y que anticipaba el Gobierno de coalición con el que dirigirán este país.

En España, "armonizar" es el eufemismo que los socialistas llevan años utilizando para intentar que las regiones que menos gravan a sus contribuyentes eleven la fiscalidad de los tributos que tienen cedidos, como el de Sucesiones, el de Patrimonio o el IRPF autonómico. Desde que fuera consejera de Hacienda en Andalucía, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se erigió como una de las mayores enemigas de las autonomías que favorecían con impuestos bajos a sus habitantes e, incluso, competían entre sí. De hecho, el equipo de Susana Díaz, con el apoyo de otros barones socialistas, no dudó en emprender una dura campaña contra la Comunidad de Madrid a la que señalaba de ejercer de "paraíso fiscal".

En 2019, la tributación ha seguido enfrentando a las comunidades autónomas. Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunciaba que llevaría a cabo una rebaja fiscal histórica (todavía no lo ha hecho), barones socialistas como el presidente de Asturias, Adrián Barbón, arremetían contra Madrid acusando a la región de cometer "deslealtad tributaria" y practicar "el separatismo fiscal".

Y María Jesús Montero, ya como ministra de Hacienda, tampoco ha cesado en su empeño de intentar conseguir la ansiada armonización autonómica. "Habrá que armonizar justamente" hasta lograr "cierta simetría de fiscalidad en todos los territorios", avanzaba Montero hace pocos meses. En su línea, la máxima responsable de Hacienda también aprovechaba para acusar de "dumping" fiscal a regiones como Madrid.

Quieren reducir "asimetrías"

Ahora, llama la atención que la armonización fiscal, que ha nacido en pleno seno socialista y es una de las medidas estrella de María Jesús Montero, no aparezca en el documento del nuevo Gobierno de coalición junto al resto de subidas fiscales. Pero ¿y si lo han enmascarado? Resulta que, si leemos la letra pequeña del texto, puede que su aplicación sí venga implícita en alguno de sus capítulos. Como en el 9, que es el que han dedicado a la Actualización del Estado Autonómico. En este sentido, destaca el punto 9.6 de este apartado.

Desarrollaremos la previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual. El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia

En este extenso párrafo, PSOE y Podemos proponen corregir las "asimetrías" entre las diferentes regiones españolas y, aunque no dan más detalles, no es descabellado pensar que entre las asimetrías que ellos detectan se encuentre la competitividad fiscal autonómica. De hecho, no es la primera vez que María Jesús Montero juega a los eufemismos, para pretender obligar a las regiones con impuestos bajos a subirlos. Y lo ha hecho cambiando su intención de "armonizar" por el objetivo de "reducir las asimetrías no justificables" entre los impuestos de cada región, según ha declarado en otras ocasiones, por lo que no es la primera vez que utiliza ese término para referirse a lo mismo.

¿Miedo a Cataluña?

Las razones de no mencionar ni a la armonización, ni hacer alusiones al Impuesto de Sucesiones o al de Patrimonio, sólo las conocen ambos partidos. Una explicación puede ser el temor a que las formaciones catalanas –el País Vasco tiene sus propios fueros– no apoyaran un pacto de Gobierno que elimina competencias fiscales a las regiones centralizando impuestos. Bien es cierto que Pedro Sánchez podría acabar concediendo a Cataluña un tercer fuero y quedarían fuera del sistema, pero aunque no fuera así, la política económica de Cataluña está basada en las subidas fiscales, por lo que serían los principales beneficiados si la armonización obliga a Madrid a subir impuestos.

A día de hoy, la brecha entre ambas regiones es tal, que un contribuyente que ingrese 30.000 euros al año, tiene que pagar 4.795 euros de IRPF si vive en Madrid, mientras que, en Cataluña, la factura sería de 5.102 euros. Así, entre ambos territorios hay 307 euros de diferencia.

Otro ejemplo de cómo grava Cataluña a sus ciudadanos lo tenemos en el Impuesto de Sucesiones. En el supuesto de un soltero de 30 años sin hijos cuya herencia está valorada en 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, tendría que pagar casi 10.000 euros en Cataluña por Sucesiones, mientras en Madrid el impuesto sería de poco más de 1.500 euros.

Está todavía por ver la hoja de ruta que va a seguir el Gobierno de Sánchez-Iglesias respecto a los impuestos autonómicos, pero el nerviosismo de los contribuyentes ya se deja ver en la oleada de consultas en los despachos de abogados de las regiones donde tienen prácticamente extinto el Impuesto de Sucesiones. La pregunta más habitual si es mejor donar en vida en lugar de esperar al sablazo que estaría por venir.

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