¿Qué va a pasar con la reforma laboral de 2012? Desde un punto de vista económico, ésta es la gran pregunta del nuevo Gobierno. En lo que tiene que ver con los impuestos, el gasto o el déficit, parece que la actitud inicial es de cierta cautela, al menos en las declaraciones públicas. Como si no se quisiera inquietar a inversores, organismos internacionales o socios de la UE. Además, hay dudas sobre la marcha de la economía (las previsiones apuntan a una clara desaceleración) y Nadia Calviño probablemente sabe que tiene poco margen por ahí. Al menos hasta que se negocie una nueva senda de déficit con Bruselas, lo que prima es la prudencia. Aunque luego en la práctica esa prudencia retórica no tenga por qué verse respaldada por el cumplimiento de los objetivos y los compromisos.
Con la reforma laboral, sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. El discurso es más incendiario de inicio, pero a partir de ahí se va matizando. También es verdad que éste es uno de los puntos de fricción entre las dos partes del Gobierno y es lógico que haya diferentes versiones: para Díaz es una prioridad derogarla, si no al 100% como siempre ha pedido Podemos, sí al menos en todo lo sustancial. De hecho, resultaría extraño que no lo hicieran. Hablamos de un partido que lleva desde que llegó a la vida pública reclamando que otra política es posible ("Sí, se puede") y que ahora ocupa la cartera de Trabajo con Yolanda Díaz: si no tumban la odiada reforma de Fátima Báñez, ¿para qué han venido?, podrían preguntarse sus votantes.
Para Calviño, sin embargo, es un tema espinoso. En el discurso público, el PSOE compite con Podemos y rechaza toda la reforma. En la lucha por el electorado de izquierdas, mostrarse un poco ambiguo en esto sería terrible. Sin embargo, la ministra de Economía sabe que esta reforma es el estandarte de la recuperación española que comenzó en 2013: da igual si uno escucha a un ministro de Economía de la Eurozona, se lee un editorial del Financial Times o analiza el informe de una agencia de calificación… todos citan los cambios aprobados en el mercado laboral por el Gobierno del PP como la clave en la recuperación de la competitividad y el empleo en nuestro país en los últimos siete años. Sin ir más lejos, hace unos días Standard & Poor's avisaba al Gobierno de que derogar por completo la reforma laboral podría llevar a una rebaja del rating de España (no es tan habitual que una medida no relacionada directamente con las cuentas públicas provoque esta reacción).
Por eso, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital mira mucho sus palabras: hace unos días, durante el Spain Investors Day que se celebró en Madrid, habló de "ajustes" y de controlar los "abusos". No es que la defendiera expresamente… pero de sus palabras, muy medidas, a una derogación por completo hay un enorme trecho.
Y la pregunta que queda es ¿qué porcentaje de la reforma saldrá vivo de esta tumultuosa legislatura que ahora comienza?
De 2020 a 2010
La primera duda tiene que ver con la ambición de Díaz y de Podemos desde su nuevo Ministerio. En los últimos años, la formación morada ha sido muy contundente en todo lo que toca a la reforma laboral: había que cargársela por completo, sin matices, desde el principio. De hecho, el programa de Podemos iba mucho más allá: como explicábamos hace unos meses, lo que pretenden los de Pablo Iglesias no es sólo terminar con los cambios que introdujo el PP en 2012, sino también con las reformas que el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010-2011.
Aquí también es importante la distancia que va entre lo que se consiga en realidad y lo que pueda venderse a la parroquia. "Derogar la reforma laboral" es un titular muy llamativo que puede tener un contenido muy diferente según quién lo interprete. En este sentido, podemos estar seguros de que habrá novedades. Y no parece que vayan a tardar mucho en llegar. Por ejemplo, Díaz ya ha anunciado que eliminará el llamado "despido por absentismo", la posibilidad que tenían las empresas de despedir a un trabajador que acumulase un número determinado de bajas durante un período de tiempo. La ministra aseguraba en uno de sus primeros actos en el cargo que esto se hará "en breve" y por decreto-ley. A partir de ahí, se intuye que habrá muchas pequeñas reformas similares, sobre aspectos secundarios de la norma, pero con rédito electoral.
Pero está claro que el meollo de la cuestión no está ahí, sino en los tres grandes asuntos que abordó la reforma de 2012: temporalidad-modalidades de contratación; causas y coste del despido; la negociación colectiva y el papel de los sindicatos.
En lo primero, la temporalidad, Podemos prometía en su programa una regulación muy estricta: un único tipo de contrato temporal, que nunca podría ser de duración inferior a un mes, con un máximo de seis meses no prorrogables (y, si se pasaba ese tiempo, se convertía en fijo de forma automática), con causalidad muy limitada y controlada por la inspección… Y por supuesto, no mucho más barato en las condiciones de contratación y despido que uno fijo.
A la patronal esto le causa sudores fríos, porque implica un incremento en los costes de contratación y una rigidez que, más aún en una economía como la española, con un enorme peso del sector servicios, podría destrozar la competitividad de muchas empresas, sobre todo las pymes. Por su parte, el PSOE también ha hablado estos años de terminar con la temporalidad y reducir a tres las modalidades de contratación (indefinido, temporal, formativo).
Al final, la clave de la temporalidad reside en las condiciones de este tipo de contratos (si es más barato o caro que el indefinido) y en la flexibilidad que los empresarios tengan para organizar su plantilla ante imprevistos. Como veremos en lo que tiene que ver con los despidos, lo que Podemos plantea es reducir este margen de actuación respecto de los empleados fijos, lo que podría incentivar un incremento de la temporalidad: si al empresario le dicen que no podrá despedir por causas objetivas, salvo supuestos extremos o a un coste muy elevado, lo lógico es que miren hacia los empleos temporales. Para evitarlo, la idea de los morados es complicar el recurso a la temporalidad con una causalidad muy estricta (y más inspecciones) y limitando el período a seis meses.
Los críticos de este tipo de medidas dicen que la consecuencia final será que se contratará menos. En la formación morada, por el contrario, creen que este incremento en los costes o en las restricciones al despido no frenará la contratación, porque las empresas simplemente seguirán necesitando a los mismos trabajadores que ahora y tendrán que incluirlos en sus plantillas en las condiciones que establezca la norma, como si hubiera un número predeterminado de empleos en España y sólo fuera cuestión de establecer sus condiciones por ley.
Dicho esto, y a pesar de su importancia, en realidad sobre temporalidad y modalidades de contratación no se está hablando demasiado. Salvo sorpresa, no será una prioridad del nuevo Ejecutivo o vendrá dentro de un paquete más amplio sobre costes del despido o en esa reforma del Estatuto de los Trabajadores que en algún momento planteó Magdalena Valerio y que está recogida en el acuerdo PSOE-Podemos. Aunque, con las actuales mayorías parlamentarias, será muy complicado de sacar adelante.
El segundo gran capítulo de la reforma laboral es el que tiene que ver con el despido. Aquí se produce un fenómeno muy curioso: durante los meses que duró la tramitación de la reforma laboral de 2012, este tema fue el más polémico, el que más titulares generó y el que más denunciaron los partidos de izquierda, cuando el despido improcedente pasó de tener una indemnización de 45 a 33 días por año trabajado en todos los casos.
Sin embargo, ahora parece que no está sobre la mesa: nadie habla abiertamente de volver a los 45 días por año en caso de despido improcedente. Ni siquiera en el programa económico de Podemos había una propuesta al respecto: en resumen, el despido a 33 días por año parece que está aquí para quedarse. Esta misma semana, en una entrevista en la Cadena Ser, le preguntaban a Díaz si "en España se volvería a despedir con 45 días por año trabajado". La ministra echó balones fuera, diciendo que no podía asegurarlo ahora mismo y que es algo que habría que tratar en el ámbito del diálogo social, con sindicatos o patronal.
En lo que sí plantea cambios Podemos es en las causas del despido objetivo (el de 20 días por año trabajado). Aunque tampoco sobre esto hay nada en el texto del acuerdo PSOE-Podemos, en el programa de la formación morada sí había una promesa sobre "una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo·. En este punto, la reforma de 2012 pretendía desjudicializar las relaciones laborales especificando en qué circunstancias la empresa podía aducir causas económicas y recurrir al despido objetivo (bastante más barato que el improcedente). No lo logró del todo, en parte por las sentencias que llegaron desde los tribunales de lo social y que desnaturalizaban la norma, pero sí sirvió para mejorar las cosas y para que, en determinadas circunstancias (los famosos tres trimestres consecutivos de disminución de ingresos y ventas), hubiera una cierta seguridad en esta cuestión. Como decimos, Podemos quiere cambiar el Estatuto de los Trabajadores en este punto. Aunque desde el PSOE no se dice nada. Tampoco parece que vaya a ser una prioridad.
Negociación colectiva y sindicatos
En lo que sí parece haber consenso es en el tercer gran apartado de la reforma laboral de 2012, el que pasó más desapercibido para la opinión pública pero, al mismo tiempo, ha tenido más importancia en el medio plazo: nos referimos a la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. En este punto, los cambios que impulsó Fátima Báñez iban dirigidos a eliminar la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa, a facilitar el descuelgue de aquellas compañías en dificultades que quisieran inaplicar algunas de las condiciones del convenio de ámbito superior (siempre buscando el acuerdo con los representantes de sus trabajadores) y a eliminar la ultraactividad de los convenios para forzar la negociación entre las partes. El objetivo final era que las empresas no se vieran con las manos atadas para organizar la plantilla o las condiciones laborales, en momentos de crisis, por culpa de convenios que ni siquiera habían firmado ellos y que venían de varios años antes. No hay que olvidar que entre 2008 y 2011 los salarios en España siguieron creciendo con fuerza, incluso en medio de un intenso proceso de destrucción de empleo, porque así lo dictaminaba la normativa laboral.
La primera derivada de estos cambios fue la pérdida de poder, control, importancia y relevancia pública de las ejecutivas de las grandes centrales. A cambio, ganaban peso los sindicatos en las empresas. Si lo que establece el convenio de ámbito superior es sólo una guía que luego puede ser ajustada individualmente en cada empresa, el poder de los dirigentes de los sindicatos se diluye. Por eso, desde 2012, éste ha sido el tema clave en la relación entre las centrales y los partidos: la causa real de que declararan la guerra al PP y de que buscaran el apoyo de PSOE y Podemos.
Y por aquí sí habrá cambios, salvo sorpresa. El acuerdo firmado por los dos socios de Gobierno dedica casi toda la extensión del epígrafe laboral a esta cuestión. Cuatro de las seis promesas concretas están ligadas a este tema:
- Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo [ultraactividad], haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
- Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
- Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
- Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
Ni ultraactividad, ni convenio de empresa prioritario, ni descuelgue… Todo pasará a mejor vida. O eso dicen en Podemos y PSOE. La respuesta en este punto puede estar en lo que llegue desde Bruselas. Como decimos, ésta es una cuestión que al ciudadano medio le suena a muy técnica, pero que para los expertos es la clave del éxito de la reforma de 2012. Las presiones tirarán en direcciones opuestas: los sindicatos para lograr un triunfo que buscan desde hace 8 años, los organismos internacionales para no acabar con el único elemento real de flexibilización que se ha introducido en el último cuarto de siglo en el mercado laboral español. Díaz ya ha declarado que hay que "reequilibrar la posición de sindicatos y empresarios en la negociación colectiva". No hay que interpretar demasiado para saber lo que quiere decir. La que se supone que es su jefa, Nadia Calviño, en las pocas veces que ha hablado del tema (por ejemplo, aquí, en una entrevista en El Confidencial) no se ha posicionado claramente y ha apelado a alcanzar grandes acuerdos en el ámbito del diálogo social. Por otro lado, no está nada claro que el Gobierno vaya a conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante una contra-reforma laboral en este punto: el PNV, por ejemplo, es dudoso en qué sentido votaría en este tema.
Son muchas incógnitas y una certeza: éste es el Ministerio más importante de todos los que gestionará Podemos. Si quiere vender que su paso por el Gobierno no ha sido testimonial, tendrá que aprobar algo realmente rupturista en este ámbito. El problema de Díaz es que no lo tendrá fácil. Ni siquiera para convencer al resto del Consejo de Ministros.