La semana pasada decíamos que el presidente Sánchez había anunciado que iba a solicitar a la Comisión Europea una renegociación de los objetivos de estabilidad, para conseguir una mayor flexibilidad para España, es decir, para que le concediesen un mayor margen de déficit público y, por tanto, también de deuda pública.
Decíamos que eso constituía un tremendo error, nocivo para la economía española y una señal muy mala para los mercados, al dar la sensación de que España no puede reducir su desequilibrio presupuestario o, lo que es peor, que el Gobierno no quiere, ya que no hace nada para reducirlo. Es más, si puede, anuncia medidas que lo incrementarán.
Y que era un error porque más déficit implica un mayor endeudamiento cada año, deuda que hemos de pagar entre todos los españoles y que se desliza, inmoralmente, a las generaciones futuras, a las que se deja atadas de pies y manos para que asuman los quebrantos de generaciones anteriores, que por no gestionar convenientemente les legaron una losa de endeudamiento de unas dimensiones preocupantes.
La deuda irresponsable de los políticos
Por desgracia, muchos políticos, de cualquier ideología, tratan con naturalidad el hecho de que, ejercicio tras ejercicio, incurramos en déficit e incrementemos, así, la deuda. En la segunda mitad del siglo XX era común que, al estudiar Macroeconomía, así como Hacienda Pública o Política Fiscal, en la universidad se hablase directamente de déficit presupuestario en lugar de referirse al saldo presupuestario (que puede cerrar en superávit, equilibrio o déficit); tal era la costumbre de vivir con ese desequilibrio negativo. Posteriormente, sólo durante un período breve de tiempo -desde el establecimiento de los objetivos de convergencia para entrar en la moneda única europea hasta la modificación del protocolo de déficit público excesivo en 2005- vimos defender en algunas ocasiones lo contrario. La disciplina europea fue importante para ello y en España, con el profesor Barea a la cabeza, había por primera vez un Gobierno -el del presidente Aznar- que se tomaba como un objetivo la reducción del gasto, la consecución del equilibrio presupuestario y, con ello, la disminución del endeudamiento. Después, -cuando los incumplimientos de Francia y Alemania hicieron relajar equivocadamente, en el citado 2005, las actuaciones cuando se entraba en el protocolo de déficit público excesivo-, volvió el déficit y, lo que es peor, se perdió la disciplina presupuestaria de manera estructural, dando por bueno el que las cuentas públicas cerrasen siempre con saldo negativo.
Pues bien, hoy vamos a analizar detalladamente el preocupante efecto de todo ese incremento de deuda en el caso español, el mayor peso que tiene, año tras año, en la economía, y su efecto sobre las generaciones futuras.
Desde el inicio de la crisis hasta la actualidad, la deuda pública en España casi se ha triplicado en términos de peso sobre el PIB, al pasar de un 35,8% a casi un 100%. Aun considerando la optimista previsión del Gobierno recogida en el plan presupuestario 2020 enviado a Bruselas, el incremento es desolador.
809.832 millones más de deuda en 12 años
Y si lo analizamos en valores absolutos, el resultado es todavía más escalofriante. España ha pasado de deber 384.662 millones de euros que sumaba la deuda a principios de la crisis a los 1.194.494 millones de ahora (es decir, 1,2 billones de euros, datos a noviembre de 2019, que son los últimos disponibles). Ese incremento es de 809.832 millones de euros en apenas doce años, y como el déficit no va a acabar, según las últimas informaciones, donde se recoge que el Gobierno pide una mayor flexibilización del mismo, la deuda va a seguir aumentando.
Ese incremento del endeudamiento desde entonces, llevado a términos de lo que tiene que soportar cada español, son 17.333,73 euros más que tendrá que contribuir a pagar cada uno. Si hablamos del conjunto de la deuda, cada español tendrá que soportar una carga de 25.567 euros.
Una herencia envenenada
Eso es gravísimo: se está cargando a los españoles con una carga de deuda que va siendo cada vez más difícil de sostener por los ciudadanos. Ahora bien, siendo esto grave, lo peor lo vemos al analizar la herencia que se va a dejar a las generaciones futuras.
De esa manera, si circunscribimos este incremento de la deuda, así como la deuda total, a los jóvenes que tengan entre 15 y 24 años, que se irán incorporando al mercado laboral y que serán los que en los próximos cuarenta años tengan que formar parte de la población activa, que son 4.541.410 (según el INE), la losa de deuda incrementada entre 2007 y 2019 será de 179.962,67 euros para cada uno de ellos, y el peso de endeudamiento de toda la deuda agregada será de 265.443 euros por cada uno de dichos jóvenes.
Esto es inaceptable. Estamos cargando a generaciones venideras con una deuda inasumible, al enviar hacia delante el peso de los excesos de gasto actuales. Estamos legándoles un empobrecimiento futuro por haber gestionado mal el presente. Les estamos hurtando oportunidades de desarrollo y de elección.
El gasto, al final, se ha de financiar o con impuestos, o con inflación o con deuda. Todos ellos terminan siendo, de alguna manera, impuestos. No es bueno que haya ni muchos impuestos, ni mucha inflación (que se convierte en un impuesto regresivo y en un elemento que empobrece a la sociedad), desde luego. Lo mejor es que haya un gasto limitado con unos impuestos bajos y se pueda cerrar cada ejercicio en equilibrio. Ahora bien, lo que es intolerable es que por no reducir el gasto se genere deuda. Quienes quieran malgastar el dinero público, que tengan el valor de decirles a los ciudadanos que les van a subir los impuestos para sufragarlo. Es obvio que lo que tienen que hacer es no gastar tanto y no subir los impuestos, pero partiendo del supuesto de que hayan malgastado, que asuman su responsabilidad y se lo digan a los actuales votantes. Lo que no se puede hacer es condenar a muchas generaciones futuras a la pobreza por tener que pagar los desmanes actuales.