¡Ojalá así fuera! De hecho, siendo honestos, no sería la primera vez. Los que en la Transición ya contábamos decenios nunca olvidaremos los esfuerzos que hubo que hacer para integrarse en el consorcio europeo de naciones.
Teníamos que poner la economía en condiciones de integración en la Comunidad Económica Europea (enero de 1986, UE desde noviembre de 1999) en la Unión Monetaria Europea (enero de 2002, aunque como unidad de cuenta desde enero de 1999). Prefiero no pensar qué habría ocurrido si los Gobiernos de entonces hubieran actuado como el actual con una tasa de paro superior al 20%, una inflación en el entorno del 5%, una deuda pública próxima al 60% – pagando un interés del orden del 7%–, un déficit público inaceptable.
Europa fue el detonante que puso a trabajar, con rigor económico, a una serie de países que pretendían su integración en la UEM, entre ellos España, cuyos dirigentes gobernaron con racionalidad económica, renunciando al populismo fácil pero destructivo.
¿Será ahora también Europa la que nos rescate de los populismos, tanto o más destructivos que los de entonces? ¿Hay algún signo de ello?
En muchas ocasiones lo que unos negociadores reconocen como flagrante fracaso acaba siendo el ancla de salvación para un pueblo, que se ve obligado a salirse del concierto o a someterse a los acuerdos alcanzados.
Hace una semana, el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años no pudo acordarse por la discrepancia entre países partidarios de su crecimiento y los que lo eran de su reducción. Los líderes de Países Bajos (firmante del Tratado de Roma en 1957), Austria, Dinamarca y Suecia se mantuvieron firmes, sin temor a sus electores –una realidad cultural y social muy distinta a otras–.
¿Quiere esto decir que se ha levantado la veda para las rebeliones fiscales? Si así fuera, el servicio prestado por esos cuatro líderes a la racionalidad económica en los países de la UE sería impagable. Hablamos de cuatro países, los mencionados, con superávit presupuestario y una deuda pública del 47% del PIB en Países Bajos, del 67% en Austria, del 32% en Dinamarca y del 33% en Suecia.
¿Por qué aceptar la mala administración y el despilfarro? En el fondo, en España, como en otros, parece latir un principio: todo lo que hay en la Nación pertenece al Estado, es decir, al Gobierno, confusión ésta que creíamos desahuciada con el cameralismo (siglo XVII; Europa Central), cuando no se distinguía entre hacienda pública y hacienda del soberano.
A juzgar por cómo se expresan, tampoco creo que la distinción esté muy clara para la izquierda que nos gobierna –la radical y la comunista–.