Las bases máximas de las cotizaciones sociales, asociadas a los salarios más elevados, van a experimentar una nueva subida en el año 2020. Según el borrador en el que trabaja el Ejecutivo y que próximamente llegará al Consejo de Ministros para convertirse en Real Decreto Ley, Moncloa tiene previsto un alza del 2,8% en este indicador.
En 2018, cuando se produce la moción de censura y Pedro Sánchez reemplaza a Mariano Rajoy, la base máxima de cotización estaba en los 3.785 euros. Sin embargo, en 2019 se produce un aumento del 7% que dejó dicho indicador en los 4.070 euros y, si se cumple lo previsto, en 2020 se dará una nueva subida, hasta los 4.184 euros.
Los datos de cotizaciones por tramos apuntan que este golpe se dirigirá principalmente a 1,5 millones de afiliados. Sin embargo, tal grupo no ha visto aumentadas sus prestaciones de forma equivalente, de modo que se produce una redistribución de las cotizaciones, que suben para las rentas altas pero se dedican a pagar pensiones más altas entre jubilados de menores ingresos. Se estima, de hecho, que la cotización de las rentas altas subió entre 2012 y 2018 siete veces más que la pensión asignada a este grupo de jubilados.
Pero, al mismo tiempo, las bases de cotización van a aumentar por el flanco inferior, que está vinculado a los ingresos más bajos. En este caso, el aumento será del 5,5%, en línea con el crecimiento decretado en el salario mínimo, que ya en el año 2019 había experimentado un repunte del 22% respecto al curso 2018.
Aunque el gobierno justificará estos aumentos apelando a la necesidad de reducir el déficit de la Seguridad Social, lo cierto es que esta rúbrica se ha mantenido prácticamente inalterada en el entorno de los 18.000 millones de euros. ¿El motivo? La subida reiterada de las pensiones, que anula el impacto recaudatorio de estos aumentos de cotizaciones y hace que, en conjunto, la brecha entre ingresos y gastos siga prácticamente inalterada.
La 'cuña fiscal' en España
Es importante recordar que las cotizaciones sociales conforman, junto con el IRPF, la principal carga aplicada a los salarios. Según el informe anual Taxing Wages, que publica la OCDE, la suma de las tasas que financian la Seguridad Social y del gravamen sobre la renta de las personas físicas asciende al 39% del coste laboral.
Según ese mismo informe, si nos ceñimos únicamente a las cotizaciones sociales que paga de forma previa la empresa y excluimos las que se retienen al trabajador una vez ha cobrado su sueldo, encontramos que las sociedades españolas abonan por este concepto cerca del 25% de los ingresos totales de la fiscalidad del trabajo, por encima del promedio europeo del 19%.