Menú

¿De dónde salen los 200.000 millones de Sánchez contra el coronavirus?

Esa ingente cantidad de dinero "movilizada" por el Ejecutivo tiene más de humo que de contabilidad real.

0
Esa ingente cantidad de dinero "movilizada" por el Ejecutivo tiene más de humo que de contabilidad real.
Pedro Sánchez, este martes | EFE

Nuevo Consejo de Ministros para acordar medidas económicas "de calado" contra el coronavirus. El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un segundo intento de aprobar un paquete de reformas y normativas que permitan a empresas y trabajadores capear la parálisis de su actividad y evitar la ruina. Fue el pasado jueves, cuando el líder de los socialistas anunció el primer "plan de choque" contra la pandemia con un resultado ciertamente decepcionante. El Ejecutivo decidía no bajar impuestos y sólo se limitaba a realizar aplazamientos y moratorias tributarias para los negocios afectados durante 6 meses. El líder de los socialistas también vendió a bombo y platillo que pensaba transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que destinaran más recursos a Sanidad. Pero esa cuantía no era ningún extra, sólo era un adelanto de los anticipos a cuenta que reciben mensualmente las regiones.

Ahora, la campaña de marketing de los socialistas es todo un espectáculo. El Gobierno "movilizará 200.000 millones de euros, casi un 20% del PIB, para afrontar el impacto económico y social del coronavirus" según decreto ley aprobado en Consejo de Ministros. Será "la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España", alardeaba el presidente en la rueda de prensa posterior. Con esta medida "sin precedentes", como llegaba a calificar Sánchez, la primera pregunta que se venía a la mente de la gran mayoría de los mortales es: ¿de dónde salen los 200.000 millones del Gobierno? Si España tiene dinero contante y sonante para asumir esa estratosférica cifra, era la siguiente pregunta. Y la respuesta es no.

Lo cierto es que esa ingente cantidad de dinero "movilizada" por el Ejecutivo tiene más de humo que de contabilidad real. El primer escándalo del asunto es que el decreto ley tiene una validez de un mes. Cuando pase ese periodo, el Gobierno decidirá si lo prorroga o no, pero de momento, su gran anuncio "histórico" caduca a los 30 días.

Siguiente. El Gobierno ha dividido la cifra en 117.000 millones, que procederán íntegramente del sector público, y el restante, "se complementará con una movilización de recursos privados", lo que serían 83.000 millones más. Generalmente, si un político quiere destinar recursos públicos a cualquier partida extra, o tira de ingresos subiendo los impuestos (y no siempre se consigue) o se endeuda. Pero Sánchez no va a endeudarse por 117.000 millones, ni va a incrementar los impuestos en esa cifra. No podría, porque amenazaría con la quiebra de España.

Barra libre de créditos

Lo que contabiliza el Ejecutivo socialista dentro de su "plan de choque" es una línea de créditos gestionada por el ICO por 100.000 millones de euros avalada por el Estado. Esto significa que, si la empresa en apuros por el coronavirus pide un crédito para continuar con su actividad y no lo puede devolver, el Estado asume sus pérdidas, por lo que el Gobierno, de momento, no pone un euro sobre la mesa. Fuentes del Ejecutivo señalan que todavía están perfilando los detalles de los requisitos de acceso a estos créditos, aunque estarán a disposición, tanto de pequeñas como de grandes empresas, y a interés cero. Cuando llegue la hora de devolver esos préstamos, si hay morosidad o impagos, entonces, será cuando el erario público tenga que utilizar sus recursos para cubrirlo. Si no hay impagos o a ninguna empresa le da por solicitar esos suculentos préstamos, el Gobierno no habrá gastado nada. Si los hay, empezaría a sumar la factura, pero en ningún caso llegará a los 100.000 millones de euros.

Según el texto del Real Decreto-ley publicado este miércoles, está "línea de avales por cuenta del Estado, cubrirá tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19".

Una vez leída la letra pequeña de la mitad del anuncio, vamos a pasar a los 17.000 millones "públicos" que quedan. Según sus explicaciones, esta partida va a financiar "a los colectivos más vulnerables", aunque fuentes del Ejecutivo apuntan que, de aquí, sólo saldrán 5.000 millones de gasto directo que se cargará en los Presupuestos. Es decir, dinero contante y sonante que costea el contribuyente. Esto es lógico, porque buena parte de esos 5.000 millones pagarán la gran cascada de ERTE que se están produciendo en las empresas de nuestro país.

La mejor medida: los nuevos ERTE

El Gobierno de Sánchez ha decretado que todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) relacionados con el coronavirus se consideren de fuerza mayor, lo que agiliza el procedimiento para que se resuelvan en 7 días. En las otras causas para declarar un ERTE (económica, técnica, organizativa o de producción) el proceso se alargaba 15 días.

Además, a partir de ahora, todos los trabajadores afectados por un ERTE tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello, que es de un año. Lleven los meses que lleven en la empresa, los empleados afectados cobrarán el 70% de la base reguladora los seis primeros meses, y del 50% a partir del séptimo mes. Por último, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo durante un ERTE no se comerá el paro del trabajador.

Por el lado de las empresas, la legislación anterior obligaba al empleador a seguir pagando las cotizaciones sociales de su empleado afectado por el ERTE. El Gobierno elimina esta obligación dándole un balón de oxígeno a las compañías que han tenido que mandar a su plantilla a casa por el coronavirus. La lista es interminable: Zena Alsea (Vips), Seat, Burger King, Norwegian…

ertes.jpg

En este punto, Sánchez acierta apostando por dar más flexibilidad a las empresas a la hora de llevar a cabo un ERTE, primando la viabilidad de los negocios y eliminando un coste fijo para en empresario, como son las cotizaciones sociales. Eso sí, el coste tiene que asumirlo la Seguridad Social por las cotizaciones y el SEPE por el paro—, por lo que es lógico que detraiga recursos públicos de inmediato. De hecho, esta es la única partida del plan de Sánchez que está clara y puede contabilizarse.

No baja impuestos ni a los autónomos

Dentro de los 17.000 millones de euros públicos para colectivos vulnerables, tenemos 5.000 millones localizados, pero los 12.000 millones restantes son demasiado inconcretos. De lo poco que se conoce es que se destinarán 600 millones de euros a financiar prestaciones básicas de servicios sociales autonómicos y locales, en particular asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes (quizá aquí sea donde incluyen los 10.000 millones de liquidez inmediata del ICO) .

El pasado jueves, Sánchez anunciaba que "liberaba" 14.000 millones de euros para los empresarios en forma de prórrogas de impuestos, pero eso es dinero que las compañías van a tener que devolver tarde o temprano. Será sin intereses, pero Hacienda no perdona porque Sánchez se ha negado a llevar a cabo rebajas de impuestos (sólo contempla la de las cotizaciones en caso de ERTE).

El efecto de aplazar impuestos en esta situación límite puede ser sólo el de alargar la agonía, porque quizá el mes que viene las empresas que se acojan a este aplazamiento fiscal se encuentren con que deben pagar el doble de impuestos al fisco —el aplazado y el correspondiente—. Y como no han podido obtener los mismos ingresos, porque su negocio ha caído en picado por el coronavirus, sus cuentas pueden descalabrarse aún más.

En su línea de colectivos vulnerables, Sánchez también ha tenido en cuenta a los autónomos, aunque su medida ha indignado al gremio de estos empleados por cuenta propia. El presidente del Ejecutivo se ha negado a eliminarles la cuota mensual si siguen trabajando. Sólo los autónomos cuya actividad se haya visto suspendida por la declaración del estado de alarma o que sufran pérdidas severas por esta situación podrán acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad, y aquí entonces quedarán exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Si siguen facturando, tendrán que seguir pagando impuestos.

En el Gobierno son conscientes de que los ingresos tributarios se van a ver mermados por los nefastos efectos de la pandemia. Solo pueden garantizar que este mes, al menos, no van a llevar a cabo ninguna subida fiscal. Y es que el Gobierno socialista tiene en marcha una larga lista de incrementos fiscales con los que pretende sufragar el aumento del gasto público de los próximos años. Los viajes en avión, los plásticos, la comida basura, el diésel, la subida del IRPF para rentas de más de 130.000 euros, la subida de Sociedades, la tasa Tobin, la tasa Google y el incremento de los impuestos autonómicos están entre las principales.

Los 83.000 millones de euros de "movilización" de capital privado es la mayor incógnita del plan Sánchez. Llama la atención que el Ejecutivo socialista ambicione captar esa gran cantidad de dinero de las empresas, sobre todo teniendo en cuenta en que están en un periodo de parálisis total debido a la pandemia. Lo conseguirán a través de los bancos a través de más créditos. En este punto, han aprobado una moratoria de un mes en el pago de las hipotecas para colectivos vulnerables. Además, prohíben cortar los suministros de electricidad, agua y gas natural a esos mismos colectivos. ¿Es esta prohibición su movilización? A la espera del BOE en unas horas, el gran anuncio de Sánchez se queda en papel mojado.

En Libre Mercado

    Servicios