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José María Rotellar

La subida de impuestos que prepara Montero

El Gobierno plantea un conjunto de subidas de impuestos que afectarán negativamente a la economía.

José María Rotellar
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El Gobierno plantea un conjunto de subidas de impuestos que afectarán negativamente a la economía.
María Jesús Montero | EFE

Montero ha lanzado una advertencia: considera que hay margen para incrementar la recaudación vía subida de impuestos hasta que España alcance una presión fiscal similar a la de la media de la eurozona, de la que nos separan seis puntos sobre el PIB. Esos seis puntos equivalen a 64.582 millones de euros, teniendo en cuenta una estimación de PIB para 2020 de 1,076 billones de euros tras el descenso que se producirá este año en la actividad económica (por lo menos de 10,5 puntos del PIB nominal).

Montero equivoca dos cosas: la primera es que nuestra presión fiscal puede ser inferior a la de la eurozona, pero no así nuestro esfuerzo fiscal, que es el indicador que mide la presión fiscal en términos de PIB per cápita, con lo que una nueva subida de impuestos sólo conseguirá estrangular más al conjunto de españoles. La segunda es que puede subir los impuestos todo lo que quiera, pero de ahí a que consiga el efecto de recaudación deseado, media un gran trecho. Con una economía descendiendo a tumba abierta, llevar a cabo una política fiscal contractiva con semejante subida de impuestos lo único que conseguirá es paralizar más la economía, incrementar todavía más el desempleo y aumentar, así, el efecto de los estabilizadores automáticos: más gasto en prestaciones por desempleo, menos recaudación por caída de actividad (y desincentivo a la misma) y, por tanto, más déficit y deuda. Ya la Unión Europea le advirtió de lo irreal de las estimaciones enviadas en la actualización del programa de estabilidad, remitido a finales de abril, pero el Gobierno insiste en su empeño.

Dos impuestos ya en marcha

¿Cuáles son sus planes? Subir todos los impuestos e introducir otros nuevos. Su plan es el del fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado de febrero de 2019. De esa manera, impondrá dos nuevos impuestos, que son el impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras.

Con el primero, el impuesto sobre determinados medios digitales -la llamada, erróneamente, tasa Google, porque no es una tasa, sino un impuesto- pretende recaudar por las operaciones de intermediación digital que realicen distintos operadores, a los que gravará con un 3% del importe de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea o venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad. Es decir, operaciones relacionadas con las funcionalidades que dan los buscadores, transacciones con intermediario o la publicidad que le aparece a cada usuario por el tratamiento de sus datos, que hace que aparezca una publicidad adaptada a las búsquedas realizadas por cada persona, son actividades que pueden quedar gravadas si se aprueba el proyecto de Ley.

Es cierto que contará con diversas exenciones, como la relación directa entre particulares, y que se gravará a las grandes empresas un 3% del importe facturado, al iniciar el gravamen para las empresas que tengan ingresos anuales superiores a 750 millones de euros, de los que en España se generen 3 millones, pero no es menos cierto que dicho impuesto terminará siendo repercutido a los usuarios por una doble vía: un mayor coste del servicio o un peor servicio.

La estimación de su recaudación, que cifró en su día el Gobierno en 1.200 millones, la rebajó después el Ejecutivo a 968 millones, quizás por prudencia o por un mero prorrateo de su aplicación en 2020. No obstante, siguen pareciendo cifras bastante optimistas, pese a la rebaja. La AIReF o PWC llegaron a estimar cifras sensiblemente más reducidas. Este impuesto tiene el inconveniente añadido de que molesta a Estados Unidos, que impondrá aranceles a muchos productos españoles, de manera que perjudicará a nuestras exportaciones y a nuestros crecimiento económico y nivel de empleo.

En cuanto al impuesto sobre transacciones financieras, pretende gravar la compraventa de acciones españolas que se realice sobre empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. El tipo de gravamen previsto será del 0,2% sobre el importe de la transacción -curiosamente, entre las operaciones que deja fuera, está la deuda pública, a la que no se le añade esta traba para conseguir su colocación adecuada-.

Con ello, se está castigando la capitalización, que es el elemento ponderador del IBEX-35. Si con esto disminuye el número de transacciones, la medida estará limitando el acceso a la financiación a las grandes empresas, que generan la mayor parte del empleo en la economía española. Ese volumen de negociación es el que les da liquidez y el que da tranquilidad al inversor, pues sabe que empresas con mucho volumen negociado son una garantía a la hora de deshacer una inversión si así lo necesita el ahorrador, de manera que se levanta una segunda barrera para el ahorrador, que es la menor liquidez que puede encontrar a la hora de querer ejecutar una orden de venta. Y digo una segunda barrera porque la primera, el gravamen, a buen seguro que le será repercutido, de una u otra manera, por el intermediario financiero, que será el sujeto pasivo del impuesto.

Por este segundo impuesto, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros, cifra también optimista, en la banda ancha de lo estimado, en su día, por la AIReF. Esa recaudación, dijo hace tiempo el Gobierno, se destinará a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

Esto último es contraproducente e injusto, por diversas razones. En primer lugar, no se puede ligar la financiación de las pensiones a una partida de ingresos de los PGE o al déficit contemplado en ellos, porque la Seguridad Social tiene su fuente de financiación diferenciada, que es la que proviene de las Cotizaciones a la Seguridad Social y así debe seguir siendo para el correcto funcionamiento de su caja. Lo que debe hacer el Gobierno es introducir las reformas oportunas para garantizar su viabilidad, pero no para sostenerla a base de déficit de la Administración General del Estado, porque eso tiene un corto y peligroso recorrido.

En segundo lugar, es injusto, porque imaginemos que unos pensionistas han acumulado unos ahorros a lo largo de toda su vida de trabajo e invierten en Bolsa, de manera prudente, para obtener unas plusvalías o unos dividendos con los que completar su pensión. Si ahora se gravan esas transacciones y el gravamen es repercutido a los ahorradores, y el Gobierno dice que esa recaudación es para sostener las pensiones, nos encontraríamos con la injusticia de que esos pensionistas ahorradores que compran y venden acciones estarían pagando un gravamen -si les es repercutido, que lo será, probablemente- para sostener su propia pensión, de manera que además del pago que toda su vida han realizado a la Seguridad Social para devengar un derecho en el sistema público de reparto, no sería suficiente, sino que estarían aportando, indirectamente, también por esta vía sin obtener, por ello, una pensión mayor.

Más impuestos

Y como colofón, una subida generalizada del resto de impuestos. Plantea un conjunto de subidas de impuestos que afectarán negativamente a la economía: no sólo piensan aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (18% en el caso de la banca), por no hablar de la homogeneización de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, por poner unos ejemplos, aunque parezca que han descartado el impuesto a los ricos. Como última perla de subida impositiva nos encontraremos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.

Todo esto, unido a la derogación de la reforma laboral, constituye el punto de partida del programa económico del Gobierno, donde la nociva subida de impuestos ya ha comenzado su andadura. Subida de impuestos que, previsiblemente, dañará a la economía sin conseguir los objetivos de recaudación que prevé, con lo que también se incrementará, en este caso, el déficit y la deuda. Es el inicio de un camino tortuoso con un horizonte económico nada halagüeño, pues, de llevarse a cabo, retrasará, y mucho, la recuperación.

Tertuliano de En Casa de Herrero.

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