El Gobierno está aplicando una política económica disparatada. Hace crecer el gasto como nunca lo ha hecho antes, elevándolo hasta casi 200.000 millones de euros, aplica restricciones sin ningún sentido que empobrecen a las familias y empresas, trata de imponer una subida de impuestos, así como nuevos tributos, en el anteproyecto de PGE sobre el que está trabajando, no genera confianza y hunde el PIB cada vez más, no ya al nivel que estima el Ejecutivo del 11,2% para 2020, sino a niveles más duros, como el 12,8% del FMI, el 12,6% del Banco de España (es obvio que estamos ya en el escenario más adverso que marcaba el antiguo banco emisor), o el 14,4% de la OCDE.
Ajeno a la realidad o introducido de lleno en su realidad, que no es otra que la de gobernar de la manera que pueda, anestesiando a la población con pagas mínimas, prestaciones y señuelos, pretende ir alargando la legislatura mientras la enfermedad no cede y la economía se hunde por las restricciones contraproducentes del Ejecutivo, que no hacen mejorar la situación sanitaria, porque son medidas de propaganda, no de eficiencia, y acaban con el tejido productivo español.
No contento con eso, el Gobierno hurta a las Cortes el debate sobre la senda de estabilidad. Por mucho que el Ejecutivo se agarre a que los objetivos han sido suspendidos por la UE, el parlamento debe conocer, como sede de la soberanía nacional, cuál es la senda de estabilidad que el Gobierno pretende aplicar, aunque no esté sometida a límites. De hecho, los objetivos están suspendidos para 2020 y 2021, pero ahora mismo debería existir una previsión, al menos, para 2022, con la forma de reequilibrar las cuentas desde los 196.097 millones de gasto no financiero con los que el Gobierno va a desequilibrar las cuentas de 2021. ¿Por qué no presenta un plan? Una cosa es que haya que haber realizado una política fiscal expansiva en el corto plazo, por los efectos de los estabilizadores automáticos y para tratar de mantener la estructura productiva, y otra que no haya que reequilibrar las cuentas, lo cual, además, no es una opción, sino una imperiosa necesidad.
Todo tiene un límite. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. España debe iniciar, a todos los niveles, un exhaustivo programa de ajustes, dirigido por el diseño de una austeridad inteligente, que si la hacemos nosotros podrá permitir equilibrar las cuentas, crecer con fuerza, recuperar el empleo y salvar gastos esenciales, como las pensiones, pero que si, por no hacer las cosas bien y seguir aumentando el gasto, déficit y deuda, tiene que ser la Comisión Europea la que diga dónde ajustar, entonces sí que habrá recortes duros, por ser todavía peor la situación, en elementos muy sensibles.
No podemos gastarnos lo que no tenemos, porque, al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestra prosperidad, nuestro futuro, nuestra fortaleza como economía. La responsabilidad debería imperar. Por su parte, la sociedad debería entender definitivamente que nada es gratis, que cada vez que un político anuncia un gasto, está anunciado, simultáneamente, mayor deuda y mayores impuestos, y que no podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades, o pasaremos, si no se corrige, a vivir mucho peor. Eso es lo que hay que hacer si queremos mantener nuestra economía a flote en el medio y largo plazo, pero el Gobierno va por otro camino, el de la ruina de España, cuyo debate, además, hurta a las Cortes.