Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 están en la recta final. Tal y como aseguró esta semana la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, faltan unos "días" para resolver "algún fleco pendiente" con sus socios de Gobierno, pero ya han conseguido un "altísimo grado de consenso" en las medidas. De ser ciertas las palabras de Montero, las cuentas públicas podrían aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes, 27 de octubre.
La semana pasada, el Gobierno envió in extremis el borrador de Presupuestos a Bruselas. En sus más de 100 páginas, el Ejecutivo socialista no fue capaz de concretar todas las subidas de impuestos que le esperan al contribuyente al año que viene. Todavía está atándolas con Podemos. Lo que sí sabemos es que será un sablazo fiscal de más de 9.000 millones de euros para 2021 y 2022 de los que 830 millones corresponderán a un plan antifraude que incluye la prohibición de los pagos de más de 1.000 euros en efectivo entre profesionales o una subida de los impuestos a la vivienda por la puerta de atrás.
No es ninguna novedad que los Presupuestos iban a incluir la tasa Google y la tasa Tobin. De hecho, fueron los primeros impuestos que aprobaron PSOE y Podemos desde que gobiernan el país. El impuesto sobre las transacciones financieras -tasa Tobin- gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros y el impuesto sobre determinados servicios digitales -tasa Google- gravará con un 3% los ingresos que las multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos. Según los cálculos del Ejecutivo, las arcas del Estado ingresarán 850 euros con la tasa Tobin y 968 millones con la tasa Google. Los sectores afectados ya han avisado de que repercutirán esta fiscalidad sobre sus clientes.
La sorpresa en materia fiscal la encontramos en un nuevo impuesto sobre Envases de Plástico de un solo uso y en la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del tipo reducido, del 10%, al general, del 21%. Estos dos tributos se confirmaron la semana pasada con el borrador presupuestario. La excusa del Gobierno para implantar el impuesto al plástico es la protección del medioambiente, mientras que la justificación de la de la subida del IVA a los refrescos y zumos la ponen en el objetivo de "hábitos más saludables" y la reducción de la obesidad entre los ciudadanos. En este sentido, es llamativo que también vayan a subirle los impuestos de la misma manera a las bebidas light o zero, lo que no dará al contribuyente ningún incentivo fiscal a dejar de consumir las bebidas que más azúcar tienen. Vemos que ninguno de estos tributos recaerá sobre los ricos, como venía anunciando el Gobierno. Todo lo contrario. Con el impuesto al plástico pretenden recaudar 491 millones de euros y con la subida del IVA a los refrescos, 400 millones.
Los impuestos que siguen en el aire
Como se observa en la tabla anterior, el resto de las "medidas fiscales" del Gobierno está sin concretar, que son las que aparecen en blanco. En primer lugar, habrá una tromba de impuestos medioambientales con los que el Gobierno pretende recaudar 1.361 millones de euros. Aunque no lo mencionan, en este apartado de "fiscalidad verde" el Ejecutivo de Sánchez podría intentar colar la subida del diésel que ya incluyó en el borrador de los fallidos PGE para 2019.
El PSOE lleva demonizando a este combustible desde su llegada a Moncloa. Prueba de ello fueron las palabras de la ministra Teresa Ribera asegurando que "el diésel tiene los días contados" en España. La intención del Gobierno siempre ha sido equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina incrementando su precio en 3,8 céntimos por litro. Mientras María Jesús Montero ha llegado incluso a animar a los conductores a "contribuir" con el Estado, a Podemos, desde el principio, subir la tributación al diésel no le ha convencido. Es una obviedad que incrementar los impuestos a este carburante afecta directamente a todos los consumidores, independientemente de su renta, y que serán los conductores más pobres los más perjudicados. Sería difícil que el electorado de la formación de Iglesias comprara esta medida, por lo que habrá que ver si Podemos la acepta. Los cálculos de Pedro Sánchez eran que recaudarían 670 millones de euros gracias a este rejonazo a los conductores. Subir la tributación a los billetes de avión o incrementar los impuestos de matriculación y de circulación también podrían aparecer en ese difuso desglose de la fiscalidad verde.
Y llegamos al apartado de la fiscalidad directa con el que el Gobierno pretende recaudar 2.548 millones de euros ¿Pero con qué impuestos? se preguntarán. Para averiguarlo, lo mejor es acudir al Programa de Gobierno de Coalición que firmaron PSOE y Podemos antes de aliarse. Respecto al IRPF, su pacto consistía en subir ese impuesto dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. Además, el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementaría en cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros hasta el 27% y prometieron "estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas" que podría incluir una subida de Patrimonio. Según fuentes de Podemos, ahora el PSOE se está echando para atrás con la subida del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros y sólo pretendería incrementar la fiscalidad para los que ingresan más de 300.000 euros.
En el ámbito empresarial, ambas formaciones de izquierdas tenían previsto fijar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que subiría todavía más, hasta el 18%, para los bancos y las empresas de energía. ¿Habrá renunciado el Gobierno a este incremento tributario por la pandemia o también está dentro de este apartado?
La polémica del IVA
Por otro lado, incrementando la fiscalidad indirecta el Ejecutivo de Sánchez pretende engordar las arcas del estado en 1.724 millones. Este apartado es uno de los más polémicos porque incluye un trasvase de productos de los tipos reducidos del IVA al general del 21%. En las últimas semanas, el Ejecutivo socialista ha estado analizando la subida del IVA a la educación y a la sanidad privada en base a un informe de la Airef de hace meses en el que se critica algunos de los tipos reducidos y superreducidos del IVA. Fuentes de Hacienda han confirmado a este periódico que están teniendo en cuenta todas las propuestas del documento, aunque eso no significa que finalmente se vayan a aprobar. En el texto, la AIReF asegura que son las rentas altas las que más se benefician de los tipos de IVA reducidos por el mayor consumo, sobre todo, en restauración y turismo.
"Entre los bienes gravados por IVA reducido la concentración del beneficio en la parte alta de la distribución es mayor y son los servicios de restauración, hostelería y vacacionales los que presentan una mayor concentración", señalan. Los servicios de hostelería, seguidos de ocio y cultura, transporte y restauración "son los que presentan una ineficiencia distributiva mayor. La concentración del coste fiscal entre las rentas altas pone de manifiesto las limitaciones de los tipos reducidos como herramientas de redistribución", insiste la Airef. En el informe la Airef llegaba a criticar que el marisco o el chocolate tuvieran un IVA del 10%. En el caso del IVA a los libros, el Ministerio de Cultura ya ha desmentido que vaya a llevar a cabo ningún incremento fiscal.
¿Será capaz el Gobierno de subirles los impuestos precisamente a los sectores que más están sufriendo por coronavirus, como es turismo y hostelería? Cada vez queda menos para averiguarlo. Que en plena pandemia España se queda sola entre los países del mundo que sube impuestos en lugar de bajarlos para favorecer, el consumo, la inversión y otorgar un balón de oxígeno a las empresas.