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José María Rotellar

La hecatombe del comercio, el turismo y la hostelería

Las restricciones se suceden en una especie de competición por ver quién aplica una mayor dureza, arguyendo siempre que se hace en aras de la salud de los ciudadanos.

José María Rotellar
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Las restricciones se suceden en una especie de competición por ver quién aplica una mayor dureza, arguyendo siempre que se hace en aras de la salud de los ciudadanos.
Terrazas en el País Vasco | EFE

El turismo y la hostelería, así como el comercio, no dan mucho más de sí. Son las actividades más afectadas por las fuertes, duras y, en muchos casos, absurdas restricciones impuestas desde las administraciones por quienes en una gran mayoría de casos no saben bien qué es gestionar un negocio, pagar facturas y nóminas y trabajar duro. Amparados en la frialdad de los boletines oficiales y envueltos en la propaganda, las restricciones se suceden en una especie de competición por ver quién aplica una mayor dureza, arguyendo siempre que se hace en aras de la salud de los ciudadanos.

Eso hace que el turismo, la hostelería y el comercio se desangren. Sin entrar mucho en la efectividad de las medidas -como se ve, muy efectivas no parece que sean, pues con las restricciones más duras España es uno de los países más afectados por el virus- lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos es que dichas medidas, en ocasiones poco pensadas y cambiantes, siempre han sido de una dureza que ha ido mermando, una tras otra, las posibilidades de supervivencia de estos sectores.

Así, podemos ver cómo grandes almacenes o grandes tiendas de distribución se acogen de nuevo a los ERTE en zonas donde las restricciones son extremas y sólo permiten las llamadas actividades esenciales, sin poder ya completar el sueldo hasta el 100% a sus empleados. Es más, en comercio, turismo y hostelería se da un paso más en muchos de los casos y los ERTE y ERE se multiplican en el acumulado del año (agosto es el último dato disponible): hay 97,13 casos más de dichas situaciones en comercio, hasta llegar a los 276.624; en el caso de las actividades recreativas, se multiplican por 50,13 y suman 19.148 personas; mientras, en la hostelería, se multiplican por 47,18 y llegan a los 150.125 trabajadores.

Esas suspensiones o extinciones de contratos irán incrementándose de mantenerse o aumentar las restricciones actuales, pues son fruto del desplome de la actividad: las ventas en la hostelería se desploman un 50% de media, las del comercio un 8,2% y el número de turistas desciende un 65,8% en el acumulado y un 68,6% interanual.

Por un lado, atenazan su negocio al prohibirles realizar su actividad con normalidad pese a haber invertido cuantiosas cantidades en medidas de prevención y seguridad, y, por otro, con tanto cambio e información confusa, generan un pánico entre la población que hace difícil que vuelvan a recibir una cifra normal de clientes en un tiempo aun cuando se levanten las restricciones.

Sin embargo, mientras el Gobierno reparte subvenciones a diestro y siniestro, no elabora un plan de actuación para compensar, por pura justicia, a quienes está hundiendo con sus decisiones restrictivas, olvidándose, además, de la importancia de dichas ramas de actividad en la economía, de manera que si continúan cerrando y destruyendo empleo, el efecto cascada sobre el conjunto de la economía se intensificará, con lo que caerá el consumo e inversión de manera todavía más acelerada, que repercutirá en una caída global más intensa, tanto del PIB como del mercado laboral.

En lugar de tratar de mantener en pie el tejido productivo y emplear, así, los fondos de manera productiva, para salvaguardar el sector empresarial, que es el que genera empleo, el Gobierno opta por dar subsidios, cuando sería mejor evitar que se llegase a la situación de necesitar una prestación actuando en el inicio del problema: el mantenimiento de la actividad. Es la diferencia entre apostar por la actividad productiva, que es lo que se debería hacer, o por la economía subsidiada, que es lo que hace el Gobierno.

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