Se abrió la veda contra el "modelo madrileño". El sistema de impuestos bajos, históricamente asociado con Esperanza Aguirre y continuado en la actualidad por Isabel Díaz Ayuso, está bajo asalto por parte de PSOE, Podemos y ERC, que se han planteado su derribo en 2021. Libre Mercado plantea al menos siete razones para rechazar esta ofensiva y defender la competencia tributaria entre las regiones de nuestro país.
1- Separatistas y federalistas, centralistas
ERC reivindica que se adopte un tipo mínimo en el Impuesto sobre el Patrimonio o en el Impuesto de Sucesiones para que surja una nueva cuota estatal que podría ser exigida en todas las regiones del país. El PSOE y Podemos comparten este discurso y han enarbolado la armonización como uno de sus nuevos objetivos comunes. De prosperar esta ofensiva, se anularía la capacidad de las comunidades autónomas para fijar su propia estrategia de política económica y fiscal. Difícil encontrar una incoherencia más honda que esta: políticos que dicen ser separatistas y grupos que se definen como federalistas acaban defendiendo que el gobierno central debe adoptar políticas radicalmente centralistas.
2- Armonizar… ¡pero no tanto!
Tanto ERC como PSOE y Podemos se han mostrado partidarios de avanzar en esta línea, pero solo en la medida en que les permite anular el modelo liberal madrileño. Así, ni separatistas ni comunistas cuestionan el concierto vasco y navarro, a pesar de que el mantenimiento de este régimen diferenciado sí constituye una asimetría fiscal. Los armonizadores, pues, son de los más selectivo: consideran "dumping" que Madrid baje impuestos en el marco de unas competencias idénticas a quince otras autonomías pero no censuran que País Vasco o Navarra bajen impuestos dentro de un modelo de competencias y financiación totalmente distinto al del resto de territorios.
3- Europa avala... el modelo madrileño
El discurso de política económica de PSOE, Podemos y ERC apela de forma recurrente al modelo económico de los países nórdicos, citándolos como ejemplo cada vez que se les piden referencias internacionales que avalen sus propuestas. Sin embargo, en Suecia, Dinamarca o Finlandia vemos que el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones son cosa del pasado y, de hecho, la fiscalidad directa sobre personas y empresas acumula varias décadas de evolución a la baja. La socialdemocracia europea en general se ha alejado de este tipo de tributos, hasta el punto de que Patrimonio ya solo se aplica en España, y Sucesiones ha sido eliminado o bonificado agresivamente en buena parte de Europa.
4- Un golpe a rentas medias y bajas.
Aplicando el modelo fiscal catalán, en Madrid se pagarían hasta 5.180 millones de euros más cada año. El resultado de la armonización es que cada familia abonaría, en promedio, 2.000 euros más en impuestos cada año. Sería un golpe equivalente a dedicar un mes adicional de salario a pagar al fisco o a perder unos ingresos equivalentes al gasto medio en ocio y cultura de las familias de la región. Sería un error, pues, pensar que las consecuencias se notarían solamente entre las rentas altas. De hecho, si solamente analizamos la posibilidad de una armonización de Sucesiones y dejamos a un lado el resto de impuestos, vemos que una herencia de 150.000 euros, incluyendo vivienda habitual, pasaría de pagar alrededor de 20 euros a asumir una carga fiscal de 2.220 euros. Por otra parte, si estudiamos el IRPF, encontramos que el tipo aplicado por Madrid a las rentas más bajas es el más reducido de España. Y, no lo olvidemos, aunque Patrimonio se centra en gravar a quienes más tienen, el impacto recaudatorio de dicho tributo se traslada a los salarios de los trabajadores y a la inversión generadora de riqueza y empleo. De modo que el saldo final es que la izquierda está atacando a las rentas de todos los niveles, pero especialmente a quienes menos ganan, que se han beneficiado del 85% del ahorro fiscal desarrollado en Madrid desde que en 2004 se empezó a implementar una estrategia de impuestos bajos.
5- Otras regiones (del PP ¡y del PSOE!) hacen lo mismo
Todas las comunidades autónomas del régimen común tienen el mismo marco de competencias fiscales que Madrid. De hecho, en distintas regiones gobernadas por el Partido Popular se han adoptado rebajas tributarias similares a las que existen en la comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Andalucía es un ejemplo claro: el acuerdo de legislatura suscrito por PP, Cs y Vox se tradujo en rebajas generalizadas de IRPF, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sin embargo, su ejercicio fiscal de 2019 se cerró con un cumplimiento récord en las tres reglas de estabilidad (déficit, gasto y deuda), constatándose además un aumento de la recaudación. También Castilla y León, Galicia o Murcia han seguido este camino de bajar impuestos durante los últimos años. Pero lo más llamativo de todo es que también en regiones gobernadas por el PSOE se detectan movimientos en esta dirección.En Extremadura se adopta una fiscalidad similar a la madrileña en el Impuesto de Sucesiones. Cantabria ha bonificado al 100% dicho gravamen, mientras que Castilla-La Mancha lo ha bonificado al 95%. En Andalucía, Susana Díaz acordó con Cs una ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones que allanó el camino para las reducciones que luego desarrollaron PP, Cs y Vox.
6- Efecto Laffer
Madrid adopta impuestos más bajos para inducir un efecto crecimiento que acelera el crecimiento y favorece la creación de empleo. En Sucesiones, las agresivas bonificaciones existentes no han evitado que la región sea la segunda que más recauda de toda España. Además, tras la rebaja de impuestos de 2019, los ingresos obtenidos de las figuras tributarias que fueron revisadas a la baja no solo no bajaron, sino que aumentaron un 8%. Madrid, pues, lleva años demostrando el efecto Laffer: sus rebajas fiscales no solo no han generado menos recaudación, sino que han tendido a ampliar los ingresos obtenidos por Hacienda al favorecer el crecimiento y la actividad económica, lo que a su vez ha permitido seguir rebajando los impuestos y mantener los niveles de deuda y déficit más bajos del mapa autonómico.
7- Las demás CCAA se benefician
Casi el 70% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales proviene de las aportaciones a la caja común realizadas por la Comunidad de Madrid. En la última década, la aportación de Madrid triplica la de Cataluña (31.700 vs 11.200 millones). Y, aunque se trata de la comunidad que más recauda por habitante (3.482 euros), el sistema de financiación autonómica reduce su asignación a 2.631 euros por persona (el décimo segundo lugar de la tabla). Los beneficiarios de ese diferencial son los gobiernos de las demás comunidades, que consiguen así unos recursos muy superiores a los que generan con su propio sistema tributario.