La OCDE ha publicado un informe dedicado a la tributación de las herencias en el que recomienda a los gobiernos de las economías desarrolladas que eleven la presión fiscal asociada al Impuesto de Sucesiones. Desde la izquierda política y mediática, el estudio ha suscitado un enorme interés, puesto que azuza su incesante campaña contra la baja fiscalidad de la Comunidad de Madrid.
En el documento en cuestión, la OCDE afirma que "la desigualdad de riqueza sigue siendo muy elevada y ha aumentado en las últimas décadas". Sin embargo, la evidencia disponible para España señala todo lo contrario: la concentración de riqueza en nuestro país es una de las más bajas del mundo desarrollado y su evolución histórica ha sido decreciente, no ascendente.
Además, la riqueza neta de los hogares españoles ha sufrido una década complicada, puesto que la propia OCDE reconoce que solo las familias de Italia, Grecia y Eslovaquia han experimentado una caída mayor que nuestro país en la valoración de sus activos (ver p. 18 del informe) . Por lo tanto, si la idea de la OCDE es atacar el aumento de la riqueza, España debería quedarse al mando de dicha tendencia, puesto que nuestro país ha sufrido el fenómeno inverso.
De igual manera, el informe apunta en su página 19 que el porcentaje de la riqueza nacional controlado por el 1%, el 5% y el 10% de mayor patrimonio no solo no es significativo en España, sino que se sitúa en la zona media-baja de la OCDE, como el octavo país con menor concentración, a la altura de Finlandia y Australia.
Al margen de todo lo anterior, es importante recalcar que la concentración de riqueza no tiene por qué ser interpretada como algo negativo si se produce en un contexto de mercado. Plantear lo contrario supondría asumir una mentalidad anticapitalista muy peligrosa, según la cual no parece admitirse la generación y acumulación de riqueza bajo ningún concepto.
También debe señalarse que, entre los países con mayor desigualdad patrimonial, nos topamos con Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca o Alemania, que presentan indicadores de desarrollo muy elevados. En sentido inverso, algunos de los países con menos desigualdad de la OCDE son Eslovaquia, Polonia o Grecia. Por tanto, más desigualdad de riqueza no implica menos progreso y, en sentido inverso, más igualdad patrimonial no es sinónimo de más bienestar.
El informe de la organización con sede en París apunta también que "las herencias se distribuyen de forma desigual, puesto que los hogares más ricos tienden a transferir bienes de mayor valor a las nuevas generaciones". Sin embargo, las cifras de recaudación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Comunidad de Madrid muestran que la bonificación del 99% ha beneficiado mayoritariamente a familias con patrimonios inferiores a los 400.000 euros, que han supuesto el 55% de las transmisiones.
La OCDE afirma también que "la crisis del covid-19 obliga a los gobiernos a buscar nuevas fuentes de recaudación tributaria". Sin embargo, estamos ante un planteamiento tramposo, puesto que las cuentas públicas no solo pueden ajustarse subiendo impuestos, sino que también pueden equilibrarse a través de rebajas del gasto.
De hecho, los estudios realizados por los principales expertos en esta materia revelan que los ajustes consistentes en subir la presión fiscal tienen efectos nocivos sobre el crecimiento, la inversión, el consumo o la confianza empresarial, mientras que las estabilizaciones basadas en reducir el gasto arrojan el efecto inverso.
El documento reconoce que este tipo de tributos siguen en vigor en 24 de los 37 países miembros de la OCDE. Sin embargo, su incidencia es prácticamente nula en buena parte de estos y, en cualquier caso, la recaudación media obtenida por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es tan escasa que su peso medio sobre los ingresos tributarios es de apenas un 0,5%.
Además, es importante subrayar que España se sitúa por encima del promedio, de modo que el llamado de elevar la recaudación por herencias que realiza la organización con sede en París debe interpretarse, ante todo, como un reclamo a los países que no aplican este tributo o que lo mantienen en niveles muy inferiores.
Y, no lo olvidemos, nuestro país está entre los cinco de la UE que más gravan las rentas del capital y también es el único socio comunitario que sigue aplicando un Impuesto sobre el Patrimonio. De modo que en el sistema tributario español se produce un ensañamiento fiscal más que notable sobre la riqueza de los ciudadanos.
Por último, el debate que pretende abrir el informe debe ser planteado también en términos de legitimidad. La OCDE es un organismo burocrático que puede hacer recomendaciones, pero no debe dictar en ningún caso la política tributaria de sus países asociados. En España, las manifestaciones ciudadanas contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones han sido masivas y han provocado que numerosos gobiernos autonómicos que han sido democráticamente elegidos por los ciudadanos de nuestro país asuman como propia la bonificación de este polémico tributo, introducida originalmente en Madrid pero vigente hoy en comunidades como Murcia, Extremadura, Andalucía, Cantabria o Galicia. En este sentido, el último sondeo de contribuyentes realizado por el Ministerio de Hacienda revela que el 73% apoya la supresión del gravamen a las herencias.