El Gobierno, tras aprobar hace unos meses los Presupuestos Generales del Estado (PGE), profundizó en su política de incremento de gasto exponencial, que está sembrando mucho gasto estructural bajo la excusa de que se trata de actuaciones coyunturales derivadas de las necesidades de la pandemia.
El Gobierno insiste en trazar un itinerario fiscal de expansión del gasto y una gran subida de impuestos. Ambos elementos, perjudicarán más todavía a la economía española, porque la endeudará más por el incremento de gasto y hará que su actividad económica caiga más -y con ello el empleo y la recaudación- debido al incremento de impuestos.
Sánchez repite, una y otra vez, que hay que reforzar los servicios públicos, con lo que quiere decir que hay que incrementar las dotaciones presupuestarias de los mismos, que elevará el gasto exponencialmente. Precisamente, la manera más rápida de debilitar dichos servicios públicos es hacer una política fiscal de gasto tremendamente expansivo, porque hará insostenible la deuda por los elevados niveles de déficit que acumulará y más pronto que tarde eso le llevará a tener que hacer fuertes recortes, tal y como le sucedió a Zapatero en mayo de 2019, tras haber dilapidado 13.000 millones de euros en sus dos planes E.
Esa subida de impuestos prevista no es otra que la aprobada presupuestariamente, a la que se unirán la tan comentada "armonización" y toda la batería de subidas que ha encargado al grupo de expertos elegido.
El Gobierno no sólo piensa aumentar el IRPF en varios puntos, que desincentivará a los trabajadores, especialmente a la parte de los mismos que más sostiene la recaudación, sino que, además, impondrá un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (y tras la propuesta del G-7, más), por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las ya anteriormente anunciadas tasas digitales (que, supuestamente, decaerá con el acuerdo del G-7). Como última perla de subida impositiva nos encontraremos con un mayor gravamen a las SOCIMIS en la parte de beneficio no repartido, que dificultará la existencia de este tipo de sociedades, de manera que el mercado inmobiliario puede perder parte de su dinamismo, con las consecuencias en cascada que tendría sobre toda la economía.
Además, todas estas subidas no conseguirán incrementar la recaudación, por mucho que el Gobierno desee aumentar en siete puntos la presión fiscal, escenificando un aumento de ingresos de 80.000 millones de euros. Ya en el pasado, la Comisión Europea puso en duda, ante otras propuestas de Sánchez, que fuese a conseguir los efectos recaudatorios que perseguía, dudando, por tanto, de que fuese a paliar ni siquiera en parte el desfase presupuestario por mayor incremento de gasto. Lo que sucederá en el medio plazo es que la actividad y el empleo caerán y, con ellos, la recaudación, aumentando déficit y deuda.
España reúne todos los elementos para atraer inversiones -las más intensivas en mano de obra no, por la mayor especialización española y los mayores costes inherentes a la misma- y crecer sólidamente, pero desde que gobierna Sánchez, y especialmente, desde que muchos postulados comunistas invaden su acción de Gobierno, la seguridad jurídica se está resintiendo en España, la certidumbre se volatiliza y la amenaza de subidas de impuestos espantan las inversiones, especialmente con el impuesto de sociedades.
Y es que hay rumores constantes de incremento de dicho impuesto de sociedades, que lo único que consigue, como siempre se comprueba cuando se eleva su tipo impositivo, es que la recaudación baje, porque un tipo impositivo del 20% por un beneficio de 100 unidades son 20 unidades de recaudación. Si se implanta un tipo impositivo del 40%, recaudará ese cuarenta por ciento de cero, es decir, la recaudación será nula. Ésa es la visión comunista de la economía: todo lo que toca lo convierte en un desierto económico y laboral que conduce a la miseria, que es lo que después quiere repartir para hacer un país subsidiado.
El Gobierno, con su deriva de gasto creciente e impuestos cuasi confiscatorios, está generando un efecto expulsión, no ya sólo por el elevado endeudamiento, que drena recursos a las empresas privadas, sino especialmente por la gran inseguridad jurídica que genera y la subida de impuestos que planea, que linda con lo confiscatorio. Calviño sabe que no se puede seguir así: o se impone la ortodoxia o Sánchez va a dejar el campo de las inversiones sembrado de sal.