Gregorio Izquierdo Llanes (Madrid, 1969) es uno de los economistas más respetados de nuestro país. Profesor titular de Economía en la UNED y expresidente del Instituto Nacional de Estadística, dirige el Instituto de Estudios Económicos, decano de los think tanks españoles, y además es director de Economía de la CEOE y vocal del Consejo General de Economistas. Libre Mercado se ha entrevistado con él para hablar sobre la actualidad económica española.
El IEE, que Vd. dirige, "clavó" el PIB de 2020 y todo apunta a que, en 2021, sus previsiones de comienzos de año son las que más cerca van a estar del dato final de crecimiento.
Las previsiones de partida que planteó el Gobierno oscilaban entre el 7% y el 10% del PIB, dependiendo de si llegaban o no los fondos europeos. Nosotros advertimos que aquellas estimaciones no eran realistas y anclamos la previsión en torno al 5%.
Estamos, pues, hasta un 50% por debajo de lo que alumbraba el Ejecutivo a comienzos de año. ¿Qué es lo que explica que la economía esté tan por debajo de lo esperado?
En primer lugar, el turismo se ha recuperado, pero sigue un 50% por debajo de lo normal. En segundo lugar, los fondos europeos se han aprobado, pero siguen sin ejecutarse. En tercer lugar, se esperaba que el consumo privado aumentase, sobre todo con el ahorro que se acumuló durante el confinamiento, pero en la práctica hemos visto que sigue habiendo mucha cautela y el gasto de las familias se está resintiendo. Y en cuarto lugar, se ha producido una crisis de inflación, ligada al incremento en el precio de las materias primas y a cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, lo que ha contribuido a enfriar más aún las perspectivas.
De modo que ese horizonte del 5% que Vd. planteaba hace meses, y que algunos consideraban demasiado pesimista, no andaba desencaminado.
Al final cerraremos 2021 con el crecimiento en el 4,6% o el 4,8%. Esa es una muy mala noticia, porque supone que no recuperaremos los niveles de PIB previos a a pandemia hasta bien entrado el año 2023.
Los fondos europeos generan tanta esperanza en algunos como incertidumbre en otros.
Hablamos de una enorme inyección de liquidez en la economía, valorada en 70.000 millones de euros, y eso es lógico que tiene efecto a corto plazo, pero lo importante es que se produzcan resultados a largo plazo. Todos tenemos en la memoria lo ocurrido con el Plan E, que no hizo nada para aumentar el crecimiento potencial. Fue solamente gasto a corto plazo, sin mayor recorrido. Lo que nos tiene que preocupar, por tanto, es que los fondos europeos repercutan en la tasa de crecimiento potencial a largo plazo de la economía española, porque los últimos informes planteaban que esa tasa es de apenas un 0,6%.
Se está negociando una "contrarreforma laboral" que genera un gran nerviosismo entre el empresariado.
Es incuestionable que nuestro mercado laboral no ha funcionado satisfactoriamente, porque hemos tendido a registrar un paro mucho mayor que el observado en el resto de Europa. Pero la pregunta aquí es qué efecto tuvo la reforma laboral de 2012. Los datos avalan que supuso una mejora muy importante. Hasta entonces, era necesario crecer al 2% para crear empleo. Tras su aprobación, se creó empleo con tasas de crecimiento que ni siquiera llegaban al 1%. No solo eso: el empleo creado por cada punto de crecimiento casi se duplicó, pasando esta ratio de 1/0,5 a 1/0,9.
No podemos volver a la situación previa a 2012. En la anterior crisis, con el viejo marco laboral, llegamos al 25% de paro, mientras que en esta nos hemos situado alrededor de diez puntos por debajo. Por lo tanto, lo último que podemos hacer es abandonar lo que funciona. Al contrario, hay que preservar esas mejoras y apuntalarlas, profundizarlas… Pero volviendo a normas superadas perderíamos crecimiento y empleo, de modo que sería un gran error.
La deuda pública supera el 120% del PIB. Si el BCE retira los estímulos, tendremos un problema muy grande encima…
Es cierto que no se espera a corto plazo ningún cambio drástico en la política del BCE pero, para un país tan endeudado, con una deuda pública de más del 120% del PIB, no podemos seguir tomándonos a la ligera la cuestión de la estabilidad presupuestaria. Estamos financiándonos en condiciones muy ventajosas, pero solo merced a políticas excepcionales que no van a estar ahí para siempre.
En 2023 entran nuevamente en vigor las reglas fiscales del euro y no hay que olvidar que en España no cumplimos los criterios de deuda ni los umbrales de déficit.
Un gran académico, Kenneth Rogoff, demostró que un endeudamiento superior al 100% del PIB genera desequilibrios muy importantes en las economías maduras. En el contexto actual, con intervenciones masivas en los mercados de deuda por parte del BCE, esos umbrales se han estirado al alza. Pero, evidentemente, nos estamos acercando al límite y esto es un error. No podemos hipotecarnos así, porque cada vez tendremos menos margen de maniobra. Por ejemplo, la acumulación de nuevas obligaciones nos pone más difícil bajar impuestos.
La deuda pública importa y, a lo largo de la historia de la economía, todo aquel que ha pensado que podía vivir por encima de sus posibilidades ha acabado refutado, y no necesariamente ha vivido su derrota de forma gradual, sino que a menudo ha enfrentado las consecuencias en forma de crisis abruptas y de enorme dureza.
Los ingresos tributarios están en máximos históricos y el Gobierno sigue sin cuadrar las cuentas.
Si no tuviésemos tanto paro, el déficit público y el descuadre de la Seguridad Social se reducirían sobremanera. Pero, como esto no es así, vemos que la presión fiscal que soportan los agentes económicos es enorme, y a pesar de ello seguimos registrando escenarios de déficit. En el futuro, no se puede corregir el déficit a base de subir más los impuestos, porque por mucho que eso pueda generar ingresos a corto plazo, lo cierto es que su efecto de largo plazo en el crecimiento es devastado, y en última instancia no podemos ignorar que una economía que no crece no puede generar más recursos fiscales.
Las políticas de eficiencia en el gasto son fundamentales. En el IEE estimamos que se pueden obtener ahorros presupuestarios de hasta 60.000 millones solamente igualando nuestros niveles de eficiencia en el gasto a los del promedio de las economías de la UE y la OCDE. Deberíamos recurrir más al sector privado para proveer servicios, medir el desempeño de las distintas capas de la Administración, cortar gastos superfluos y avanzar hacia una mayor rendición de cuentas y medición de resultados que permita ganar eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La inversión privada sigue en números rojos.
La inversión empresarial es una de las variables que más ha decepcionado en 2021. De hecho, está en tasas negativas. Los productores se dan cuenta de que las ventas no avanzan al ritmo esperado, perciben claramente que la recuperación está siendo lenta, de modo que se lo piensan dos veces antes de invertir. Lo peor de todo es que se están anunciando subidas de impuestos, "contrarreformas laborales", nuevas regulaciones… y todo eso hace que la confianza y las expectativas se deterioren. Pensar que una economía puede recuperarse sin el acompañamiento de la inversión es un absurdo.